| 2016/07/25

Los desmanes del ESMAD

Los recientes casos de abuso de la fuerza reviven el debate frente a la necesidad de reformular los mecanismos de control frente a este escuadrón, de un revolcón a su interior o incluso de acabarlo.

*Antropólogo
*Antropólogo

Con el pasado paro camionero se recreó la sensación de tener dos presidentes distintos: uno, vestido de blanco impoluto, con prendedor de palomita en el pecho, que celebra la Paz en La Habana. Otro, mandón, seguro, de mano firme e intransigente, que penaliza la protesta en su propia nación. Las medidas adoptadas por el mandatario durante la protesta, lejos de solucionar el conflicto, lo agudizaron. Inmovilización e incautación de vehículos que se sumaran a los bloqueos; cancelación de licencia de conducción a los camioneros protestantes, así como de permisos de operación a los dueños de los vehículos, fueron algunas de las salomónicas medidas del defensor férreo de la Paz. De fondo, nada.

Una de estas medidas fue la decisión de duplicar la presencia de la fuerza pública, aumentando a 50.000 la cifra de los uniformados que cuidarían las carreteras del país mientras los camioneros estaban en paro. Este anuncio se daba justo días después de la muerte de Luis Orlando Saiz, un joven que trabajaba como pintor en una fábrica de carrocerías, que nada tenía que ver con las protestas, según versión de sus familiares y que falleció el pasado 12 de junio en circunstancias que, en un principio, parecían extrañas.

RCN, uno de los principales medios de comunicación del país y de reconocida línea editorial uribista, se apresuró a afirmar, con la salvaguarda del “habría, que: “El estudiante habría fallecido por la supuesta manipulación de un artefacto explosivo, según versiones de las autoridades”. Estas afirmaciones se daban mientras las redes sociales se inundaban de publicaciones de testigos que afirmaban que Luis, que además no era estudiante sino trabajador, no había muerto por manipular ningún explosivo, sino después de que un agente del ESMAD le disparara una granada lacrimógena al rostro, a menos de dos metros de distancia.

Pues bien,  luego de la autopsia efectuada al cadáver, el director de Medicina Legal confirmó esta suposición. Luis Orlando murió debido a un “trauma craneoencefálico severo, producido por el impacto del proyectil de alta velocidad de un lacrimógeno”. En palabras menos, murió porqué un agente del ESMAD le disparó una granada lacrimógena al rostro, a menos de dos metros de distancia, tal y como lo afirmaban los testigos.

Las declaraciones del general de la policía, general Jorge Nieto, dejan entrever la posición de la institución frente a este y todos los casos de abusos de fuerza por parte del grupo de antidisturbios. Afirmó que la institución era respetosa del dictamen emitido por el instituto Nacional de Medicina Legal, que era lamentable la pérdida de una vida, pero que esto había sido consecuencia de una vía de hecho y que además el ESMAD había hecho uso de “fuerza proporcional”

Fuerza pro-por-cio-nal. ¿Fuerza proporcional dispararle con un lanzagranadas, un proyectil al rostro de un ciudadano, a menos de dos metros de distancia? Si es esa la fuerza proporcional, ¿cómo será si se le van las luces un poco al agente del escuadrón? La lamentable muerte de Luis Saiz se suma a la lista de nombres de ciudadanos muertos en enfrentamientos con este escuadrón. Solo por recordar algunos: Nicolás Neira, un niño de 15 años, asesinado a golpes un primero de Mayo de 2005; Óscar Salas, estudiante de la Universidad Distrital, muerto el 8 de marzo de 2006; Miguel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital y muerto el pasado 3 de Junio.

El modus operandi, después de estas muertes, siempre es el mismo. La Policía se lava las manos y deposita la culpa en la víctima y no el victimario, fenómeno de conversión judicial popular en nuestro país. Desaparecen las pruebas, amenazan a los testigos. El director de turno sale compungido ante cámaras a lamentar el hecho y a afirmar que la institución ya tiene una investigación en curso. Con los años no pasa nada, solo queda impunidad.

Estos tristes casos reviven el debate frente a la imperiosa necesidad de reformular los mecanismos de control frente a este escuadrón, de un revolcón a su interior, de medidas certeras par evitar este tipo de abusos o, inclusive, como algunos sectores afirman, de acabarlo.

Mientras sigan habiendo más y más muertos a manos de agentes que, se supone, deben defender y proteger a los ciudadanos, va a ser muy complicado hablar de un país en paz. Más cuando el defensor del concepto, el presidente Santos, afirma que es precisamente este grupo -envuelto en más de 400 casos de agresiones entre las que se cuentan 13 asesinatos y 2 violaciones, según cifras del Cinep- el encargado de preservar la seguridad en el territorio, de cara al posconflicto. Eso es como poner al ratón a cuidar el queso. Si la resolución de todo conflicto social, de toda protesta, va a ser la delicada mano del ESMAD, estamos jodidos.         

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