En muchos casos la participación se convirtió en un ejercicio formal de “socialización” de decisiones ya tomadas, con escasa disposición a tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones. Ante ese cierre de los espacios de deliberación, el recurso a los jueces a través de las acciones ciudadanas tomó fuerza y generó nuevas tensiones sobre su injerencia en las políticas públicas.

En ese contexto se están adoptando las decisiones relacionadas con la urbanización de la reserva Thomas van der Hammen (RTVH) propuesta por Peñalosa, un alcalde poco amigo de la participación.

El primer paso lo dio en 2017 al asignar usos de industria y comercio a 86 hectáreas clasificadas como urbanas dentro del Plan Zonal del Norte Lagos de Torca, que juegan un papel fundamental en la conexión ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá y entre varios ecosistemas de la zona norte. Esa área no tiene el régimen de Reserva Forestal, pero en el año 2000 el Ministerio de Ambiente ordenó conformar áreas verdes en ella.

A pesar del llamado de las organizaciones, el alcalde pasó por encima de las resoluciones que expidió el Ministerio de Ambiente ese año y el asunto terminó en una acción de cumplimiento que ordenó a la Alcaldía ajustar el Plan Lagos de Torca. La sentencia no va contra todo el plan zonal, solo se refiere a las 86 hectáreas de conexión con la Reserva, pero puede minar la confianza en el sistema de gestión y financiación de la Alcaldía, compuesto por los aportes de los propietarios privados para la construcción de infraestructuras y generación de espacio público.

Es por esto que han caído toda clase de descalificativos sobre los demandantes -entre quienes me cuento-, y sobre la juez de primera instancia. También se han dado todo tipo de advertencias veladas al Tribunal que decidirá en segunda instancia, en una muestra de irrespeto al poder judicial. Esto es lamentable, sobre todo porque era algo que podía resolverse en el espacio de la deliberación y la construcción de consensos.

Entre tanto, Peñalosa empezó a buscar las autorizaciones de las autoridades ambientales para urbanizar ya no 86 hectáreas, sino las 1395 de la RTVDH y para lograrlo se propuso la eliminación del régimen de reserva forestal. Como primer paso solicitó al Ministerio de Ambiente los términos de referencia para realinderar la Reserva y el ministro resolvió hacer una resolución extensiva a todas las reservas del país.

Esta figura se empezó a usar hace algunos años como un “esguince” a la sustracción, que sí está regulada en el Código de Recursos Naturales y ha traído problemas y largas discusiones judiciales, como en el caso de los Cerros Orientales de Bogotá. Inicialmente el Ministerio decidió crear la realinderación por exclusión para reservas que “estuvieran siendo degradadas”, es decir, dejando de lado la restauración de las áreas protegidas.

La cartera ambiental recibió observaciones, las comentó y realizó varias reuniones. Pero de un momento a otro se cortó cualquier comunicación, las solicitudes de las organizaciones fueron calificadas en medios de comunicación como demagogia ambiental y sin aviso alguno la resolución se firmó. Las organizaciones ciudadanas iniciaron los trámites para una acción popular que defienda el derecho colectivo al medio ambiente.

La versión firmada en vez de degradación habla de deterioro de las reservas y señala que “si se estima necesario realinderar para excluir se deberá elaborar un documento de sustentación” sobre “la idoneidad y necesidad de la medida”, que llevará al respectivo acto administrativo, que será aprobado por los Consejos de las CAR si la reserva es regional o por el Ministerio si es nacional.

Las reservas podrán ser realinderadas cuando dejen de cumplir con su funcionalidad ecológica, con la oferta de servicios ecosistémicos o con los objetivos de conservación. Es decir, ¿dejaron en manos de las CAR la posibilidad de cuestionar las bases técnicas y científicas con las que fueron creadas las reservas? El riesgo de pérdida es evidente.

Este asunto también pasará en los próximos meses a decisión de los jueces, mientras el Ministerio deja en manos de Peñalosa y del director de la CAR una supuesta “socialización” amplia pública y abierta de la propuesta de realinderación de la RTVDH.