| 2017/09/15

¿Acelerar o frenar el crecimiento minero?

No parece lógico afirmar, de manera apresurada, que las comunidades se oponen al desarrollo. En lugar de esto, el gobierno debería mirarse a sí mismo y convocar a un amplio debate público y bien informado.

¿Acelerar o frenar el crecimiento minero?

Por Guillermo Rudas / Economista. Miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental.

En junio de 2013, cerca de 3.000 ciudadanos de Piedras se pronunciaron en contra de la minería y cuatro años después, más de 6.000 personas de Cajamarca hicieron lo mismo. Hoy existen otras 44 consultas populares en curso y esto se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el Gobierno.

El ministro de Minas, Germán Arce, critica en los medios las consultas populares, con el argumento de que unas pocas personas no pueden oponerse al interés de todos los colombianos. Sostiene que van en contra del país, porque más de la mitad de la inversión en los territorios depende del sector extractivo y además, asegura que frenan el crecimiento de la economía nacional.

El primer argumento pone en evidencia errores de política de las últimas administraciones, ya que no se aprovechó la reciente bonanza petrolera para consolidar una economía sólida y diversificada. En consecuencia, ante la caída de precios, el Estado entró en un déficit fiscal que pagan ahora los ciudadanos del común, con el incremento del IVA. Es muy importante analizar si los intereses mineros coinciden con los del país en su conjunto.

En Colombia, el rol de las medianas y grandes empresas mineras es totalmente distinto al de las petroleras. El Estado tomó hace décadas la decisión de participar activamente en el negocio petrolero, pero renunció a enfrentar de manera similar los retos mineros, dejando el esfuerzo, y en consecuencia los beneficios, en manos del capital privado. De allí que la minería nunca haya aportado a las finanzas públicas un equivalente a los 10 billones de pesos anuales de dividendos que generó Ecopetrol entre 2012 y 2014.

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Aún sin contabilizarlos, y reconociendo que la política petrolera tiene muchas aristas que ameritan un debate, es claro que sus aportes en impuestos y regalías son mucho más favorables para el país que los de la minería, en relación al tamaño de cada actividad.

Tomando como referencia las cuentas nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entre 2011 y 2015, sobresalen algunos asuntos. Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), por cada peso que las empresas mineras aportan al PIB, pagaron menos de 4 centavos de impuesto a la renta, mientras que las petroleras pagaron por el mismo concepto 19 centavos (más de cinco veces lo pagado por las mineras). Además, según cifras de las Agencias de Minería y de Hidrocarburos (ANM y ANH), por cada peso del PIB minero, el Estado recibió 11 centavos de regalías, frente a 18 centavos de las petroleras. Finalmente, por cada peso aportado al PIB, la Dian  les devolvió a las petroleras  3,7 centavos, frente a 4,4 centavos que retornó a las mineras.

Durante cinco años el petróleo generó 2,5 veces más valor agregado que la minería (189 billones de pesos versus 77 billones). Sin embargo, solo por regalías e impuestos, el petróleo transfirió al Estado más de ocho veces lo generado por la minería (62,6 billones comparados con solo 7,6 billones).

Si el Estado hubiese elevado los aportes de la minería a niveles similares a los del petróleo, los cuales también ameritarían una revisión juiciosa, hubiera recibido 18 billones de pesos adicionales, es decir, 3,6 billones anuales. Nos habríamos ahorrado por lo menos alrededor de uno de los tres puntos que subió el IVA.

¿Un mal negocio para las regiones?

Los entes territoriales donde se localiza la actividad extractiva también sufren efectos tributarios negativos. A partir de 2012, con la reforma al régimen de regalías, estos ingresos se distribuyen ahora más equitativamente y no se concentran en unas pocas regiones. Esto sería virtuoso, si las empresas hubiesen pagado en las regiones los costos sociales y ambientales generados en el pasado, en el presente y a futuro. Pero esto no sucede cuando, por ejemplo, hay normas como la del Código de Minas que prohíbe a los municipios cobrar a los mineros los impuestos que sí pagan las demás actividades (Ley 685, artículo 231).

Cubrir los costos sociales y ambientales no será posible mientras se mantengan unas autoridades ambientales y mineras tan débiles como las actuales. Solo por citar dos ejemplos, en lo ambiental a las empresas se les cobra una tasa simbólica por el uso del agua tomada de fuentes naturales. Y en lo minero, se mantiene un precario sistema de cobro durante la fase de exploración de un título minero.

Un caso emblemático es AngloGold Ashanti. Según el Catastro Minero, es el titular más grande del país, con 163 títulos y 344.000 hectáreas tituladas. Pero los datos de la propia ANM muestran que, en 2016, a esta empresa se le cobró por solo 27.000 hectáreas, mientras que en 2011 se le liquidó sobre 308.000. Además, de 35.000 millones liquidados en esos seis años, solo aparece registrado el pago de 25.000.

No parece entonces lógico afirmar, de manera apresurada, que las comunidades se oponen al desarrollo. En lugar de esto, el gobierno debería mirarse a sí mismo y convocar a un amplio debate público y bien informado, sobre las condiciones que rigen la minería. Antes que descalificar a las comunidades locales, la prioridad debe ser un análisis serio y la implementación de correctivos estructurales. 

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