| 2015/11/11

Miopía y torpeza ambiental de Colombia en la CEPAL

Contrario a la mayoría de los países que quieren un tratado que garantice los derechos de acceso a la información en Latinoamérica, Colombia ha hecho lo posible para que el instrumento sea una mera declaración de principios sin dientes.

Miopía y torpeza ambiental de Colombia en la CEPAL

La semana pasada, durante la segunda ronda de negociación de un acuerdo para América Latina y el Caribe que garantiza los derechos de acceso a la información, participación, y justicia en asuntos ambientales, Colombia se pegó un tiro en el pie. Contrario a la mayoría de los países que quieren un tratado con obligaciones claras, el gobierno ha hecho lo posible para que el instrumento sea una mera declaración de principios sin dientes. De lo que no se ha dado cuenta es que con esta postura se aleja cada vez más de su objetivo de entrar a la OCDE y de mostrarse como un país “verde” en las negociaciones de cambio climático que se llevarán a cabo en París.

Para quienes no saben, que seguramente son la mayoría, Colombia lleva más de dos años en este proceso, coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La idea de esta negociación es volver obligatorio el ‘Principio 10’ de la Declaración de Río que establece que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”. Y que, “en el plano nacional, toda persona debería tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente…, incluida la información sobre las actividades que encierran peligro en sus comunidades”. Asimismo, establece que deberá “proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos”.

Con un acuerdo de este tipo tendríamos una herramienta de derecho internacional (como la que tienen los países europeos) para exigir, entre otras cosas, el cumplimiento de consultas populares en temas que afecten el medio ambiente, las audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales y la publicidad de la información de empresas extractivas, mecanismos que actualmente encuentran bastante resistencia por parte del gobierno y las empresas.

Por ello, que Colombia esté participando en este proceso debería ser motivo de esperanza, pues es un paso en el camino correcto hacia un modelo económico más balanceado, que le permitiría a los ciudadanos y a los municipios participar en definir el tipo de desarrollo que quieren. Además, si lo que se busca en un eventual postconflicto es una paz desde los territorios es vital darles voz, y esta es una forma ideal para hacerlo.

Sin embargo, la posición del gobierno deja mucho que desear; y es equivocada y poco estratégica frente a objetivos mayores.

Colombia es uno de los pocos países que ha evitado que el acuerdo que se negocie sea vinculante. En las intervenciones que presenciamos hace una semana, quedó claro que el gobierno no tiene mucho interés en garantizar estos derechos a través de un tratado y que quiere que los compromisos acordados sean lo más light posible. Por ejemplo, no quiere “garantizar” la participación sino solo “promoverla”. Y pide limitarla a la mera “intervención” en la toma de decisiones ambientales y no a la “incidencia” en las mismas. Esta diferencia es fundamental pues marca la sutil línea entre una participación meramente formal y una participación efectiva.

Como si fuera poco, el gobierno también ha insistido en cambiar las reglas del proceso de negociación del acuerdo. Hasta ahora, el proceso ha sido transparente y horizontal, permitiendo que cualquier persona interesada pueda hablar de tú a tú con los estados. Tan novedosa ha sido esta metodología, que el relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo ha puesto como ejemplo para otras negociaciones. Sin embargo, incomodo con tanta participación de la sociedad civil, el estado colombiano ha propuesto limitarla a su mínima expresión, irónicamente, en un tratado sobre acceso a la participación e información.

El gobierno no ha explicado por qué le tiene miedo a un tratado vinculante que proteja con más fuerza estos derechos. Podría pensarse que temen que mayor participación de la comunidad o obligar a las empresas a hacer pública la información, pueda desincentivar la inversión extrajera especialmente de las industrias extractivas, que son las consentidas del Presidente por ser las locomotoras de su plan de desarrollo. Sin embargo, un análisis más profundo de la situación muestra que dicho miedo es tanto infundado como miope.

Si fuera cierto que aumentar la participación de las comunidades y las entidades territoriales en las decisiones sobre medio ambiente o facilitar el acceso a la información de las empresas frenara la inversión extranjera, Chile y Perú –los principales países exportadores de minerales en la región- no estarían empujando vehementemente por un tratado vinculante. Pero además, la creación de espacios en donde se les dé voz a las comunidades, ayudaría a atenuar los conflictos socioambientales, lo que haría más atractivo el país para la inversión.

Asimismo, al oponerse a un tratado vinculante, el gobierno se está pegando un tiro en el pie frente a su objetivo de entrar a la OCDE. En la evaluación de esta organización una de las materias en las que peor le fue al país fue en la ambiental, entre otras razones por no garantizar el derecho a la participación suficientemente. Por eso, apostarle a un tratado regional sobre derechos relacionados con el medio ambiente, es una oportunidad de oro para subir la calificación. Pero la actitud del gobierno colombiano es una expresión más de su miopía y torpeza ambiental.

La reticencia del gobierno en este proceso también indica que no se ha percatado de que está borrando con el codo lo que he hecho con la mano. Si bien iniciativas como EITI y la ley de acceso a la información son un avance en materia de transparencia y pueden ayudar a construir la imagen de un estado más ambientalmente consciente en la COP de cambio climático que empieza el próximo mes en París, oponerse al tratado regional emite una señal contraria.

Pero además, el gobierno tampoco ha visto que para construir la paz territorial que tanto pregona, un elemento esencial es permitirles a esas regiones y comunidades tener una voz efectiva en la toma de decisiones que los afecten ambientalmente, como la explotación minera o petrolera, y garantizar el acceso a la información sobre dichas actividades. De lo contrario, vamos a sustituir un conflicto por otro.

Afortunadamente, las negociaciones regionales no han finalizado. Colombia aún está a tiempo de corregir su miopía y apostarle a un tratado que proteja con más fuerza los derechos de acceso a la participación, información y justicia en materia ambiental.

* Investigadora principal de Dejusticia y candidata a doctorado de la Universidad de Northwestern
** Investigadora de Dejusticia

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