Miembro fundador de Value4chain.

Sin querer entrar en la guerra de acusaciones, tratando de no tomar partido formal frente a ningún candidato e incluso sin importar si el camino elegido por los electores es continuar con la confrontación o con la búsqueda de la firma de un acuerdo formal con las FARC y/o el ELN, o una mezcla de ambas, la realidad es que para las empresas la PAZ es un asunto material de su estrategia de negocio.

En otras palabras: si continuamos como hemos ido en los últimos 50 años, las empresas se seguirán enfrentando al  conflicto armado, al control del territorio remoto en manos de la ilegalidad sin importar si ésta es diestra o zurda; se enfrentarán a la movilización social con desconfianza por la infiltración de la ilegalidad; se enfrentarán a la duda sobre la propiedad legítima de los terrenos donde quieran operar; se enfrentarán al control de corredores ilegales, a la “FARCpolítica”, a la parapolítica y a la presente y futura política de las bandas emergentes, etc.

Si el camino es la firma de un acuerdo escrito allá en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, la complejidad para los negocios no será diferente. En primer lugar porque la firma de un acuerdo en Cuba no es sino un pequeño paso de una larga agenda de transformaciones sociales, políticas y económicas que serán requeridas en Colombia. El postconflicto, que es como se llama a lo que viene luego de la firma del acuerdo de PAZ, será muy parecido al conflicto: movilizaciones sociales reivindicando las promesas del acuerdo de PAZ, acuerdos políticos locales con los grupos que controlan los territorios, presiones de la ilegalidad por controlar los corredores de droga, búsqueda de ocupación para todas las personas que dependían de la guerra, identificación de los verdaderos propietarios de la tierra, control de nuevas bandas emergentes, etc.

En resumen, en Colombia los negocios deben considerar el conflicto o la construcción de la paz como dos caras de la misma moneda. El conflicto, así como todas las versiones de ilegalidad que éste genera, representa riesgos materiales  -reales y potenciales- de violación a los derechos humanos, a normas internacionales de lavado de activos y de financiación del terrorismo y por lo tanto es un riesgo tanto para la reputación como para la sostenibilidad de las empresas; gestionar estos riesgos ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para muchas de las empresas en Colombia. La PAZ, por su parte, representa retos de igual magnitud: no sería legítima la operación de las empresas cuando, mediando un acuerdo formal de paz, los territorios continúan abandonamos y la pobreza es vecina de la explotación de recursos naturales o de la industrialización.

Hablamos de paz en esta columna porque para las empresas la opción estratégica y operacional transciende la decisión política: si el conflicto persiste o si se firma un acuerdo con la ilegalidad, las empresas han de ser actores pacificadores. No hay dilema, no pueden ser actores del conflicto, pero si deben serlo de la paz. Reputacionalmente no les queda opción.

Hoy me atrevo a hablar del tema porque parece que muchas empresas están compartiendo esta visión, en particular porque comprenden que el conflicto es un riesgo material que puede causar impactos negativos en la sostenibilidad de la empresa o en los derechos de las personas con las que se relacionan.

Dicho esto, la pregunta es concreta: ¿Qué rol tienen las empresas en la construcción de paz?

En primer lugar, hay que aclarar que Colombia no merece ni resiste un proceso de paz de papel, o un conflicto eterno. No es sólo un asunto del presidente de turno sino de todos los actores, en este caso de las empresas. La paz que imagino pasa por el filtro social de las organizaciones que se solapan y se relacionan en los diversos entornos de nuestro territorio. Imagino una paz localizada en la que el Estado, las empresas y sus habitantes -ojalá incluidos víctimas y antiguos guerrilleros y paramilitares- extiendan de manera democrática los deberes constitucionales del Estado de garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto pasa por un ejercicio local de reconciliación, de justicia y de reparación. Este ejercicio local para las empresas implica abrir sus puertas para proveedores de base -de víctimas o desmovilizados- así como  capacitar y contratar personal de esas víctimas o desmovilizados. Es decir, que las empresas, en el desarrollo de su operación pueden ser agentes de reintegración dando oportunidades de contratación o empleo y de reconciliación, como espacio neutral en el que conviven unos y otros. Esto parece imposible, pero para la ACR (Agencia Colombia de Reintegración) y para la Unidad de Víctimas estos procesos ya se viven, ya se han desarrollado, y ya hacen parte del proceso inicial de reconciliación.

Por otra parte, los territorios con presencia de guerrilla, de paramilitares o de bandas emergentes, son actualmente necesarios y deseados por los planes estratégicos de desarrollo desde el Estado, porque allí se encuentran los recursos naturales que pueden dar riqueza al país y a cada una de las comunidades, y que por su potencial económico han demostrado que también pueden ser un combustible para conflicto.

Las empresas son en estos entornos un punto de encuentro y son potencialmente generadores de riqueza local y nacional. En estos territorios el rol de la empresa es fundamental para enfrentar los riesgos de conflicto o –en el caso de que medie acuerdo- construir paz. Esto implica que las empresas deben tener claridad sobre su compromiso ético para actuar de manera transparente y responsable en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. En un contexto de conflicto o de construcción de paz implica que las empresas deben tener claro su rol de gestor horizontal y vertical de relaciones rotas en sociedades divididas.

Desde el punto de vista de la gestión sostenible de la empresa, el compromiso con la paz, bien en el contexto de conflicto o de postconflicto, implica incluir el tema en la agenda estratégica, en los procesos de gestión, en nuevos indicadores de gestión y en la manera como se comunica la generación de valor empresarial. Pasadas estas elecciones, veremos a las empresas hablar el lenguaje de la construcción de paz, expresando su compromiso con ésta, asumiendo la gestión de los riesgos del conflicto, comunicando sus actividades de RSE en clave de paz, buscando maneras de reportar sobre su capacidad de construir la paz.

Colombia en este tema será un referente para principios, normas y estándares de gestión sostenible y pacificadora de las empresas como: Global Compact y su proyecto de Business for Peace; GRI y sus próximas reflexiones sobre la necesidad de contar con indicadores para reportar la construcción de paz, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos y sus análisis para apoyar el deber del estado de proteger, el deber de las empresas de respetar y reparar cualquier violación a los derechos humanos, incluso en contextos de conflicto o de post conflicto.

Como a muchos ciudadanos y empresarios a mí no me simpatizan las guerrillas, los paramilitares y los mismos militares. Quisiera creer en una sociedad que no depende del ejercicio de la violencia. Sin embargo, cuando el asunto se mira en un entorno concreto que cuenta con la presencia de estos grupos, el sector empresarial debe ser consciente de que si quiere construir un entorno de confianza, tendrá que participar en la integración de todos los sectores locales y eso incluye a los que están o estuvieron armados. Esta integración pasará por un llamado del Estado para buscar la manera de trabajar conjuntamente con las personas detrás de las armas, para luchar contra la corrupción, la protección del medio ambiente y  la garantía de respeto de los derechos de cada ciudadano… todos incluidos.

 

Tal vez en estas elecciones sean definitivos los rumores de paz, que quizá sean sólo susurros en el ruido de la guerra. No obstante, si los rumores se convierten en palabras y acciones concretas de paz, tendrá el sector empresarial que ponerse a la tarea de tejer redes locales para hacerla posible.

¿Estarán preparados?

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