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Expectativa vs. realidad

En el marco del acuerdo de paz con las FARC, han surgido inquietudes acerca de cómo se materializarán en la práctica las trasformaciones acordadas, y en esa medida, tanto desde las organizaciones sociales como desde la academia, se ha advertido sobre la necesidad de darle un rol protagónico a la naturaleza no humana en la edificación de un nuevo rumbo para Colombia.

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Son demasiadas las zonas del país en las que la explotación de bienes naturales a gran escala como el carbón, el oro y el petróleo, o los monocultivos de palma de aceite, no se ha traducido en una mejora de la calidad de vida de las comunidades, ni en el fortalecimiento de las economías locales. Al contrario, estas actividades han dado lugar a un importante deterioro ecológico que en muchos casos viene acompañado de despojo.

Para lograr una paz estable y duradera, el ambiente debe ser entendido como las interacciones entre las sociedades humanas y los ecosistemas -o naturaleza no humana-. Se debe reconocer el valor de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la identidad de las comunidades y al mismo tiempo, de los elementos naturales irrenunciables, como el agua y el mantenimiento de la funcionalidad ecosistémica, entre otros. Sin justicia ambiental ninguna sociedad humana alcanzará estándares de bienestar que permitan superar la desigualdad y la exclusión.

Gran parte de las interpretaciones de las causas del conflicto interno, sostienen que la inequidad en el acceso a la tierra y las posibilidades que ésta proporciona, fue uno de los motores fundamentales del mismo. Es claro, además, que la naturaleza no humana ha venido participando del conflicto no solamente como escenario de la disputa violenta, sino también como refugio, y como recurso que ha sido explotado de una u otra manera por los grupos armados al margen de la ley, para sufragar sus gastos.

Se puede decir entonces que históricamente el ambiente ha sido una víctima invisibilizada del conflicto, pues ha sufrido daños directos e indirectos por parte de todos los actores del conflicto. Los bombardeos, las fumigaciones, los atentados y las economías ilegales, han traído como consecuencia contaminación, deforestación, fragmentación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

Este panorama muestra una relación ineludible entre conflicto armado y conflicto ambiental, que ha dejado graves consecuencias en las poblaciones atravesadas por la guerra, que tal y como lo identificó el Centro de Memoria Histórica, llevó a que en 2011 el 87% de los desplazamientos ocurriese en municipios mineros o petroleros.

Hoy existe además una fuerte persecución a líderes que participan del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) que no cuenta con cifras oficiales, lo cual muestra una capacidad limitada del gobierno para ofrecer garantías y hacer seguimiento a esta situación, mientras en los reportes de la Defensoría del Pueblo, varias ONG y de las organizaciones sociales, es claro que se han presentado amenazas, asesinatos y otro tipo de agresiones a lo largo y ancho del país, a pesar de existir más de 50 acuerdos firmados en 14 departamentos.

Retos y posibilidades a futuro

No se puede desconocer que el ambiente también ha sido beneficiario de la guerra, pues las normas impuestas por la insurgencia han contribuido a la conservación de zonas de departamentos como Putumayo, Guaviare, Caquetá, Catatumbo, el nudo del Paramillo o la altillanura, al evitar el poblamiento de la zona o el desarrollo de megaproyectos. En esa medida, aunque el tránsito de las FARC de guerrilla a partido político implica inicialmente menos presión sobre el entorno natural que generaba el grupo armado, también ha traído como consecuencia que nuevas áreas como la Orinoquía, se constituyan como regiones propicias para las actividades extractivas.

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En enero de este año, el Instituto CINARA de la Universidad del Valle manifestó que los límites del avance de megaproyectos son hoy los páramos, el Magdalena Medio, Urabá y la Guajira. Esto es preocupante si se tiene en cuenta que el impulso que pretende conferirle el gobierno nacional a la economía del país se basa, entre otros, en el avance de la locomotora minero-energética, por lo que es previsible que la concepción de paz dentro de esta lógica, implique la ampliación de la frontera del extractivismo y el fortalecimiento del mismo en territorios donde ya ha estado presente.

En 170 municipios del país de estas regiones donde confluyen variables como índices elevados de pobreza, presencia de economías ilegales y debilidad institucional, se van a construir Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como parte de la implementación del Punto 1 del Acuerdo de La Habana. Sin embargo, al observar el ordenamiento territorial y ambiental que proponen para el país la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria, se puede ver que en varios de ellos se prevé explotación minera y de hidrocarburos, así como Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES).

Se hace cada vez más evidente que las zonas del país que esperaban con mayores ansias la implementación del acuerdo de paz con las FARC, se enfrentan no solamente a las nuevas estructuras ilegales y el surgimiento de otros grupos armados organizados, sino a numerosos conflictos ambientales potenciales.
Esta contraposición de visiones acerca de lo que debe ser el territorio, ha de entenderse como una oportunidad de generar ajustes o transformaciones al orden social vigente, y es por ello que estamos llamados a respaldar las experiencias como las Zonas de Reserva Campesina o los Territorios Agroalimentarios, y otras que vienen desde hace años elaborando propuestas de paz y de buen vivir en el territorio. Ya es hora de que el gobierno, la academia, los grupos violentos y la ciudadanía, nos sumemos al proceso de construcción de paz que las comunidades vienen tejiendo desde hace décadas en los territorios.

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