Cuando reaparece el Fenómeno del Niño nos cuestionamos nuevamente sobre algunos aspectos fundamentales que necesitan ser revisados: ¿Cómo vamos en materia de gestión del recurso hídrico en Colombia? ¿Estaremos mejor preparados para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas que se esperan de estos fenómenos climáticos? Será necesario esperar, pero desgraciadamente no se auguran mejoras en esos temas.

Esta semana el IDEAM en su pagina web informaba que “se mantienen las condiciones del fenómeno de el niño de intensidad débil”, por el contrario la entidad meteorológica de los EEUU, la NOAA por su sigla en Ingles, informa en su último reporte oficial que: “Casi todos los modelos predicen que El Niño continuará, prediciendo un evento fuerte durante el periodo de su máxima fortaleza”. Estas contradicciones confunden, pero evidencian la probabilidad de un fenómeno que puede impactar de nuevo a los colombianos en un momento donde la economía debería repuntar apuntalada por la industria y la agricultura. Además, las autoridades económicas aparentemente no preocupadas por la devaluación del peso, si lo están ante señales inflacionarias que este fenómeno podría agudizar. (Vea: Fenómeno de 'El Niño' de este año podría ser el más fuerte de la historia)

El racionamiento de electricidad de 1992 causado, entre otras, por un niño de similar magnitud al que aparentemente se avecina, dio una gran lección al sector de la generación en Colombia. Sin embargo vale la pena reflexionar: ¿qué tan desgastada esta la regulación que se desarrolló desde esa época?, ¿Qué tan sólido se encuentra ese sector ante este fenómeno del Niño, cada vez más probable? Los recientes debates del sector se han concentrado en la venta de ISAGEN, en el precio de la energía y en la disponibilidad del gas natural energético, pero ¿Se estará reflexionando sobre la relativa inseguridad en el suministro de hidroelectricidad, columna vertebral de la matriz energética del país?

En los últimos años la capacidad de generación eléctrica en el país se ha vuelto más hidro, al pasar de un 66% en 2008 a un 70% en 2014, sin embargo es notorio el cambio en la mezcla de combustibles para generación térmica. En efecto, plantas que hasta hace unos años generaban con gas natural, ahora recurren al diésel como combustible de respaldo principal para su operación. (Vea: Colombia frente al Cambio Climático)

La explicación parece residir en las restricciones regulatorias asociadas a obtener contratos firmes de suministro de gas natural en el mercado mayorista de este combustible para poder obtener ingresos del cargo por confiabilidad, principal fuente de soporte financiero de cualquier planta térmica en un país como Colombia, en donde la mayor parte del tiempo se genera con hidroeléctricas. Esto implica (Decreto 2100 de 2011 y Resolución Comisión de Regulación de Energía y Gas 089 de 2013) tener que pagar el 100% del gas para utilizarlo solo unas pocas horas, o ninguna en el año. Lo anterior hace que se inviabilice el gas natural como combustible, así se confirmen los descubrimientos costa afuera en el mar caribe.

Lo anterior expone un futuro poco claro para los inversionistas en plantas térmicas a gas, excepto para aquellos que están comprometidos con la construcción de una terminal de importación de Gas Natural Licuado. En el Plan de Expansión de Generación y en las subastas del cargo por confiabilidad, principal mecanismo para asegurar la generación eléctrica del país y mitigar un riesgo de racionamiento, que debido a nuestra capacidad basada en la hidroelectricidad se presenta cuando aparece un fenómeno del Niño; solo hay un proyecto nuevo que utiliza gas natural como combustible de respaldo. Este proyecto es TERMONORTE, de 88 MW. De esta forma, de un total de 5,600 MW construidos o en desarrollo en virtud del mecanismo del cargo, sólo un 1.5% podría usar gas en el futuro. ¿Será hora de construir una nueva terminal de importación en el pacífico, para darle confiabilidad al sistema de gas natural, y permitirle al suroccidente del país el uso de ese energético?

En su lugar, se están desarrollando 598 MW a carbón en tres proyectos (Gecelca 3, Gecelca 3-2 y Termotasajero 2). Esta tendencia podría continuar a futuro, en la medida en que las limitaciones para obtener gas parecen agudizarse. El más reciente balance de oferta y demanda de gas, calculado por la CREG a partir de cifras de la UPME, indica que el país tendría una condición de déficit de oferta a partir de marzo de 2019, según el Documento del CREG 074 de agosto 3 de 2015.

El país no se puede apagar, son comprensibles y preocupantes las consecuencias de un racionamiento energético intenso y prolongado. También lo son las preocupaciones por el aumento en el costo de la electricidad que se vienen presentando y que todo indica que se mantendrán en el futuro. Pero esto no puede llevar a decisiones erradas que pueden afectar la inversión necesaria para un sector clave del desarrollo, en el sentido de discriminar entre tecnologías sin argumentos suficientemente claros. ¿Será el carbón la opción más adecuada? ¿Será que Colombia, de alguna manera, le está apostando a esta alternativa, más aun cuando las lógicas y las tendencias globales apuntan a las necesarias reducciones de gases efecto invernadero, muchos de ellos generados por el uso de combustibles fósiles como el carbón? Actualmente la Unión Europea e inclusive los EEUU vienen desarrollando políticas que no favorecen este tipo de fuentes de energía, debido a su aporte al Cambio Climático Global, enfocándose en la expansión de fuentes renovables.

Las tecnologías para hacer del carbón un combustible que no genere emisiones de CO2 como la gasificación, la captura y secuestro de gases de efecto invernadero, son demasiado costosas; implementarlas sería tal vez la única opción para que este tipo de proyectos reciban financiación, debido a los compromisos firmados por las entidades financieras en el marco de diferentes acuerdos (regionales y globales) de sostenibilidad y responsabilidad socioambiental.
De ser así esta tendencia, se hacen evidentes delicadas y sensibles contradicciones con el cumplimiento de las metas ambientales del país. Por ejemplo podemos mencionar:

-La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), con base en el documento CONPES 3700 de 2011, que recalca la necesidad de una estrategia intersectorial destinada a la adaptación y mitigación ante los eventos asociados a la variabilidad climática y resalta la necesidad del país de comprender y actuar frente a este fenómeno como una problemática de desarrollo económico y social. Además, busca preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo sostenible, generando competitividad y eficiencia. La estrategia reconoce la necesidad urgente de emprender medidas adecuadas de adaptación y mitigación, y establece el marco dentro del cual se generarán.

-La Resolución 90325 (marzo de 2014) del Ministerio de Minas y Energía, que en su Artículo 1º expresa la necesidad de adoptar las líneas de política de reducción de emisiones para establecer planes de implementación para los sectores de energía eléctrica, minas e hidrocarburos.

-Más recientemente, nuestro actual plan nacional de Desarrollo (2014-2018 - LEY 1753 DE 2015) “Todos por un nuevo país”, en su artículo 170 señala que, los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, Industria y Turismo, formularán e implementarán planes sectoriales de adaptación al cambio climático y planes de acción sectorial de mitigación de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendrán metas sectoriales cuantitativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a corto (año 2020) y mediano plazo (años 2025 o 2030).

Lo anterior no alcanza a recoger los múltiples compromisos adquiridos por Colombia en las diferentes convenciones globales para el cuidado de la biodiversidad y el ambiente.

Ahora, claro que hay otras alternativas: utilizar combustibles líquidos, cuyo costo en términos energéticos puede ser seis veces mayor al del gas natural; o importar gas natural licuado –GNL-, lo que en cualquier caso supone un aumento importante del costo de generación eléctrica, recurrir al carbón solo como complemento y promover de manera mucho más fuerte la penetración de energías renovables no convencionales como la eólica en la alta Guajira, y la energía solar con potencial en casi todo el territorio; en cumplimiento de la ley 1715 de 2014 (de energías renovables no convencionales). El más reciente Plan de Expansión de Generación de la UPME (2014-2028) contempla escenarios de incorporación de hasta 474 MW eólicos, que desplazarían y remplazarían 250 MW a carbón, manteniendo los estándares de confiabilidad del sistema.

Según un estudio de David Robinson, sobre inversión privada en energía eólica, el mayor problema para que estas alternativas energéticas, amigables con el ambiente, se concreten parece ser, el diseño actual de incentivos a renovables no convencionales que no permite incorporar este tipo de recursos en condiciones competitivas con respecto a otros como las hidroeléctricas de embalse o las plantas térmicas de cualquier tecnología. De mantenerse las condiciones actuales el país parece condenado a dejar de lado, por lo menos por un buen tiempo, el boom que se presenta a nivel mundial en energías renovables no convencionales.

Un estudio reciente contratado por la CREG concluye que Colombia “…tiene un potencial de 1,5GWp de instalaciones solares que aportarían unos 3.000GWh al sistema”; pero difícilmente se producirán sin que los riesgos financieros se mitiguen. Por tanto, la CREG debería pensar en regular la energía solar, así como la eólica, fuera de los métodos existentes, basada en las ventajas adicionales que éstas conllevan.

En el desarrollo futuro de la matriz energética de Colombia, se debe tener en cuenta, además de las necesidades económicas y sociales tradicionales, el costo de los impactos ambientales de las alternativas, especialmente si se considera un escenario global en que las economías transitan hacia soluciones más bajas en carbono y Colombia pretende ingresar a la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con estos nuevos argumentos apostarle al carbón con tecnología tradicional, seria a todas luces contradictorio, con nuestras metas ambientales y con el propósito de un crecimiento verde.

Tal vez sea el momento de pensar seriamente en cómo aprovechar los beneficios del desarrollo tecnológico a nivel mundial en materia de energías renovables no convencionales, e introducir las reformas que el sistema eléctrico colombiano está reclamando desde hace muchos años. El país no aprovechó el carbón cuando podía hacerlo, ¿será que lo dejó ese tren? Modificarle las reglas del juego a los inversionistas, nos puede congelar la inversión extranjera y la financiación en este sector que ha percibido la regulación de manera positiva, encareciendo inevitablemente el precio de la energía. El esquema regulatorio sin duda ha sido exitoso, pero los problemas con las grandes hidroeléctricas y más recientemente con las plantas a carbón, hacen pensar que no se está haciendo suficiente para construir un futuro sostenible.

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