La bahía de Cispatá cuenta con una de las zonas de manglar mejor conservadas en Colombia. Es cuna del caimán aguja, especie amenazada.

El Puerto Graneles del Golfo se pretende construir en el área de manglares mejor conservada de Colombia y de la cual depende el sustento de más de 1.200 familias. Estas personas verán afectadas sus dinámicas sociales y culturales, al tiempo que se reduce su calidad de vida debido al deterioro de una importante zona destinada a la conservación de un ecosistema estratégico.

Después de ocho meses de revocada la licencia, la CVS decidió revocar el acto administrativo de revocatoria de la licencia, dejándola viva nuevamente.

Adefesio Jurídico y extralimitación de funciones

Mediante el acuerdo 312 el Consejo Directivo de la entidad decidió reglamentar la sustracción de áreas de reserva en un acto, que según expertos colombianos en derecho ambiental, resulta inconveniente e improcedente y podría eventualmente ser una extralimitación de funciones.

“Nunca había visto semejante adefesio jurídico. Ese Acuerdo del Consejo  directivo de la CVS es inconstitucional, ilegal e inconveniente, es una vergüenza pensar que haya abogados detrás de este proyecto”. Así lo asegura el abogado ambiental Rodrigo Negrete Montes, uno de los juristas con mayor experiencia en temas ambientales en Colombia.

“Ningún Consejo Directivo de autoridad ambiental regional tiene la facultad legal para sustraer áreas protegidas. Esta es una facultad exclusiva del presidente de la República, quien por artículo 189 de la Constitución tiene la potestad de reglamentar las leyes”, explica Negrete.

No son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) las llamadas por la ley para establecer procedimientos de declaratoria de áreas protegidas ni para sustraerlas, pues según la ley 99 de 1993, están facultadas para declararlas pero no para establecer los procedimientos.

Llama la atención una eventual extralimitación de funciones de los miembros del Consejo Directivo de la CVS, entre los cuales se encuentra un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Gobernación de Córdoba, quienes avalaron este acto administrativo.

Negrete agrega que “este es un caso muy grave, pues podríamos estar hablando eventualmente de una responsabilidad disciplinaria y eventualmente, de una responsabilidad de tipo penal por posible prevaricato, y de una responsabilidad de tipo fiscal, porque podría darse detrimento del patrimonio público representado en las áreas protegidas. Además, se está violando el deber de protección constitucional en cabeza del Estado”.

Si los entes de control permitieran este acto administrativo, después de revisar las actuaciones del director de la CVS y ahora de su Consejo Directivo, se estaría sentando un precedente muy delicado para las demás autoridades ambientales en todo el territorio nacional, pues “pretender adoptar un procedimiento para sustraer áreas protegidas es abrir un canal para que las otras 32 corporaciones hagan lo mismo con requisitos y procedimientos diferentes, lo cual generaría una incertidumbre jurídica en todo el país”, agrega Negrete.

Ante esta situación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible guarda silencio, pues en el Consejo Directivo de la entidad que adoptó el mencionado acuerdo tiene asiento permanente un delegado de esa cartera que no se ha manifestado al respecto.

Sus propias contradicciones

Hace más de 10 años, en el 2006, la CVS declaró el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y sectores aledaños a la desembocadura del Río Sinú. “Esta es una de las primeras áreas de protección regional que provee protección a ecosistemas marinos y costeros”, según lo expone el Capitán de Navío (r), Francisco Arias Isaza, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (Invemar).

Sin embargo, este DMI no alcanzó a cumplir 10 años desde su declaratoria, cuando el actual director de la CVS, José Fernando Tirado Hernández, expidió un acto administrativo el 23 de diciembre de 2014 con el cual le otorgaba la licencia ambiental a la empresa Graneles del Golfo para iniciar la construcción de un puerto de cargue de carbón y graneles dentro del área protegida y en medio de un presunto conflicto de intereses.

El Plan Integral de Manejo del DMI de Cispatá, construido sobre las investigaciones del INVEMAR, el Instituto Humboldt y la misma CVS, advierte expresamente cuáles son los “usos y actividades prohibidas en el DMI”, dentro de los cuales cita expresamente la construcción de puertos.

A pesar de ello, la CVS dio vía libre a este proyecto de infraestructura expidiendo una licencia que claramente viola lo establecido en otro acto administrativo de la misma entidad, como lo es el Plan Integral de Manejo del Área Protegida.

Una licencia sospechosa

Cuando se planea desarrollar un proyecto productivo que implique un impacto ambiental considerable es necesario solicitar una  licencia ambiental, según lo establecen los artículos 49 y 52 de la ley 99 de 1993. En el caso de los puertos, cuando estos son de gran envergadura los licencia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Si no es así pueden ser licenciados por la autoridad regional, en este caso la CVS.

En el decreto 1076 de 2015 se establece que los puertos de “gran calado” son “aquellos terminales marítimos, en los que su conjunto de elementos físicos y las obras de canales de acceso cuya capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millón quinientas mil (1.500.000) toneladas/año y en los cuales pueden atracar embarcaciones con un calado igual o superior a veintisiete (27) pies”. Los puertos que no cumplan con esas dos condiciones podrán ser licenciados por la autoridad ambiental regional.

Graneles del Golfo evita que la solicitud de licencia sea evaluada por la autoridad nacional por un pequeñísimo margen, pues la licencia fue cuidadosamente solicitada para transportar 1.480.000 toneladas al año. Para que el lector se haga una idea de lo que esto implica, las 20.000 toneladas que faltan para llegar al tope representan la mitad de un solo buque grande de los cientos que atracarán en ese puerto si se sigue adelante con el proceso.

Este cuidadoso cálculo se hace para que la competencia permanezca en manos de la autoridad regional, ¿por qué?

Conflicto de intereses

Ernesto Vergara Parra, gerente de la empresa solicitante de la licencia, es el hermano de la señora María Camila Vergara Parra, esposa del director de la CVS, José Fernando Tirado Hernández. Es decir, quien solicita la licencia y el director de la entidad que la otorga, son cuñados.

El Código Disciplinario Único afirma claramente que “todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido”.

Por si fuera poco, el presidente del Consejo Directivo de la CVS es el gobernador de Córdoba y el departamento es accionista en la misma empresa Graneles del Golfo. Adicional a lo anterior, el secretario de gobierno departamental es el señor Roberto Tirado Hernández, hermano gemelo del director de la CVS. En resumidas cuentas, la gobernación de Córdoba tiene intereses en el otorgamiento de la licencia ambiental.

Despreciando un hito histórico para Colombia

Gracias al trabajo de los biólogos Clara Lucía Sierra y Giovanni Ulloa, consagrados a la conservación de esta zona desde hace más de 20 años, y a la labor de las comunidades asentadas tradicionalmente en Cispatá, se ha logrado la recuperación de vastas extensiones de manglar y de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, el Crocodylus acutus, también conocido como caimán aguja.

En la reciente Conferencia Mundial Sobre Vida Silvestre en Johannesburgo, Sudáfrica, Colombia logró marcar un hito histórico cuando se le permitió a Cispatá ser el único lugar del planeta en donde es legal zoo criar al caimán aguja con fines comerciales. Esto significa que se puede aprovechar su piel y de esta manera convertirse en el sustento de las familias que hacen parte del proyecto de recuperación de la especie y del ecosistema que habita.

El reconocimiento mundial por el trabajo desarrollado por estas comunidades y la misma CVS durante dos décadas quedará sepultado por las pretensiones de construcción de un puerto para el embarque de carbón y otros materiales.

Beneficios de los manglares

A pesar de las pretensiones del director de la CVS de sustraer siete hectáreas del área regional protegida, San Antero fue la única zona del país que no suspendió su actividad turística como consecuencia del mar de leva decretado por el Ideam, gracias a la mitigación del fenómeno generada por las tantas hectáreas de manglar en el área protegida.

La entidad ambiental alertó a las poblaciones del caribe colombiano con una alerta roja el 11 y 12 de enero como consecuencia de un mar de leva que elevó la velocidad de los vientos de 20 a 25 nudos con ráfagas de hasta 29 nudos y olas de hasta 3.5 metros de altura.

El reporte de esa zona del país ilustra que las poblaciones de Moñitos y San Bernardo del Viento, al occidente de San Antero, se vieron obligadas a declarar la alerta roja y a cerrar sus playas, al igual que Coveñas, al oriente de este municipio, mientras que los sananteranos mantuvieron solo alerta naranja.

“Nosotros estamos mucho mejor porque ellos tienen playas desprotegidas, nosotros tenemos 11.513 hectáreas de manglar que nos protegieron. En el futuro, si nos destruyen esos manglares, tendremos mayores estragos debido al cambio climático y menos playa para los turistas. Este puerto nos pone en riesgo ante los eventos climáticos y cambia nuestra vocación”, aseguró Denis Chica, alcalde de San Antero, el municipio que se vería más afectado por este proyecto.

El alcalde finaliza lanzando un S.O.S., por Cispatá para que el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo “se solidarice con nosotros y nos brinde su apoyo. Necesitamos que el ministro se ponga del lado de la protección del ambiente. Nos parece una contradicción que la autoridad ambiental, que tanto habla de conservar, quiera otorgar esa licencia que no sólo acabará con los manglares, sino con la gente. Esto se va a llenar de prostitución, de ladrones y de vicio”.

*Periodista ambiental

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