*Colaborador Asociación Ambiente y Sociedad

Cuando se decide invertir y promover algún tipo de proyecto de desarrollo o de infraestructura, el cumplimiento a las políticas sociales y ambientales las denominadas salvaguardas establecidas por entidades financieras como el Banco Mundial, son uno de los temas más importantes para garantizar la protección del medio ambiente y los derechos humanos. El proyecto minero Angostura, que se pretende desarrollar en el Páramo de Santurbán, ha puesto en duda el cumplimiento de estas salvaguardas por parte la Corporación Financiera Internacional (en adelante IFC) del Grupo Banco Mundial.

El proyecto consiste en la explotación de oro y plata por parte de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp y está respaldado por la IFC quien invirtió en acciones de dicha compañía, y colaboró con el estudio de impacto ambiental y social. En junio de 2012, la Compliance Advisor Ombudsman (CAO), mecanismo que estudia las reclamaciones de comunidades afectadas por proyectos apoyados por la IFC y otras instituciones del Grupo Banco Mundial, recibió una queja del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán donde se denuncia la posibilidad de que el proyecto impacte negativamente el agua y la biodiversidad del Páramo. En 2011, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial negó la licencia ambiental pero los títulos mineros continuaron vigentes y aún se discute la posibilidad de llevar a cabo el proyecto.

Actualmente, la CAO investiga el posible incumplimiento por parte de la IFC de sus políticas de sostenibilidad ambiental y social. Pero la problemática no se reduce solo a este caso ya que según el reporte anual de la CAO del 2015, desde el año 2000 se han recibido 151 denuncias por afectaciones de proyectos en 46 países, la mayoría provenientes de la región latinoamericana (31% de los casos), y la IFC se ve implicada en el 87% de dichos reclamos. Las quejas señalan que los estudios de impacto socioambiental no son adecuados y critican la poca participación de las comunidades en los proyectos.

El reporte de la CAO, y casos como el proyecto Angostura, ponen en duda el efectivo cumplimiento y compromiso de las instituciones financieras con sus políticas socioambientales. En los últimos años el Banco Mundial adelanta la formulación de una nueva política de salvaguardas sociales y ambientales, y se espera que al terminar el proceso no se debiliten las salvaguardas existentes, ni se  aumenten los conflictos socioambientales que ocurren en el país.

Muchas de estas salvaguardas han sido producto de la presión social, y su existencia permite a las comunidades presentar quejas formales para garantizar que los proyectos aprobados sean realmente viables, y respetuosos del medioambiente y los derechos humanos.

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