Foto: www.ambientebogota.gov.co/

Parece que la Secretaria de Ambiente de Bogotá no tiene muchas cosas claras en el manejo de sus competencias y evidencia su incompetencia en el manejo ambiental del Distrito.

La incautación y posterior práctica de la eutanasia a 40 ejemplares de peces exóticos introducidos, provenientes de Asia y Australia, demuestra la falta de manejo técnico de la entidad, la extralimitación de sus funciones y un desconocimiento absoluto de la normatividad en el país. Aunque entiendo que hay un gran vacío jurídico en el tema que debe resolverse a propósito de lo sucedido.

Ante las denuncias por el cautiverio de un pequeño tiburón bambú, que hace unas semanas realizó Camilo Prieto, líder del Movimiento Ambientalista Colombiano, la Secretaría saltó al ruedo y con gran protagonismo incautó 40 peces en el Centro Comercial Atlantis en Bogotá. Los mismos que una semana después sacrificó sin pensar si el show montado era en su totalidad parte de su competencia. (Vea: La "contradicción" del alcalde en el caso de los peces rescatados)

Quiero hacer un análisis de los puntos que, según el criterio de algunos asesores técnicos que consulté, ponen en duda el procedimiento de la Secretaría de Ambiente y me siembran, como a muchos colombianos, inquietudes suficientes para concluir que los procedimientos y resultados de los últimos días son vergonzosos e improcedentes.

Para iniciar vale la pena definir la ruta que debía seguirse, lo cual servirá para entender por qué desde un inicio la entidad no podía hablar de tráfico de fauna y era necesaria la presencia de otras instituciones en el operativo. Según la Resolución 2064 emitida en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, todos los organismos pertenecientes a los reinos animal y vegetal que tienen su ciclo de vida total dentro del medio acuático son recursos hidrobiológicos, no fauna. Por eso, varias instituciones tienen competencia sobre el tema.

Si bien la incautación está en manos de las autoridades ambientales, como había presencia de especies pesqueras como los camarones, la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap) debía, por lo menos, emitir un concepto.

Además, el Ministerio de Ambiente tiene la potestad de otorgar los permisos de importación de especies marinas si estas están en el listado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés) y de lo contrario la encargada es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), otra de las entidades que hace parte de esta enmarañada madeja de competencias en el país.

Podríamos pensar que por la premura no era posible que en el lugar estuvieran presentes la Aunap y las demás instituciones, sobre todo porque no se conocía realmente lo que se encontraría en el operativo. Sin embargo, Francisco Cruz, secretario de Ambiente del Distrito, aseguró en W Radio que la incautación se hizo basada en una planeación con la autoridad policial y que hace mucho tiempo buscaban los animales que finalmente encontraron en el centro comercial.

Siendo así, no es claro por qué si había planeación no se citó a todas las instituciones que tenían competencia sobre el tema y no se surtieron los protocolos de rigor establecidos por la Resolución 2064. Tampoco se solicitaron conceptos técnicos que favorecieran la toma de decisiones acertadas que evitaran el fatídico final de 40 ejemplares de peces que se hubieran usado, como otros cientos en Colombia, para generar procesos educativos.

¿Qué debe hacerse según la reglamentación en el país?

En resumidas cuentas, el primer paso antes de tomar la ya conocida mala decisión, era solicitar los permisos de rigor a quién tenía los animales (en este caso Atlantis): el permiso para la importación de peces ornamentales expedido por la Aunap, el permiso del Ministerio de Ambiente para la introducción de especies acuáticas exóticas, un permiso otorgado por la Anla y una evaluación de riesgo emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que al final es el que determina el peligro que representa la importación de ciertos animales para las especies nativas del país. Todo lo anterior hace parte del permiso general de importación de peces ornamentales en Colombia; un tema que no está reglamentado pero sobre el que se surten ciertos efectos de control.

Si el Centro Comercial no tenía los permisos, la autoridad distrital estaba ante un caso de tráfico de recursos hidrobiológicos. Esto es muy común en Colombia, ya que los mismos peces que estaban en Atlantis tienen como sede principal los acuarios de la carrera Caracas en Bogotá, frente a la Secretaria de Ambiente, y en los cuales no se han hecho decomisos conocidos.

A la incautación le seguía la evaluación taxonómica o la identificación de las especies. En ningún caso los nombres comunes que se dieron a conocer podían reemplazar la verdadera clasificación de las especies decomisadas. Es más, nunca se supo los nombres científicos de cada uno de los ejemplares y jamás fueron entregados ni publicados en los comunicados de la Secretaría de Ambiente.

Además de la clasificación, era imperante solicitar los conceptos técnicos a todas las instituciones competentes ya mencionadas, para así determinar el curso que se debía dar a la situación y tomar medidas basadas en la participación de todas las entidades, especialmente del Ministerio de Ambiente, responsable del manejo de los recursos hidrobiológicos marinos del país y que además ostenta la competencia como Autoridad Administrativa de Colombia ante la CITES. En caso de que ninguna especie estuviera en la lista CITES, la Anla debía presentar otro concepto que se sumaría al de la Aunap si es que los animales estaban incluidos en su lista de recursos pesqueros. Finalmente, era importante el pronunciamiento del ICA para saber si las especies representaban algún riesgo según los respectivos análisis de enfermedades.

Todo lo anterior se hace administrativamente en un periodo que por supuesto va más allá de una semana, tiempo en el que la Secretaría de Ambiente, por la vía rápida y poco técnica, decidió no pedir un concepto técnico sino una opinión a una organización como Conservación Internacional. Esa opinión no estuvo a favor de la protección de los 40 ejemplares de peces marinos introducidos y consideró que más que especies exóticas eran especies invasoras. De esta manera se igualó el caso a otros ya conocidos y dramáticos en el país como los de la rana toro, el caracol africano y el pez león.

Todo esto me hace pensar, ¿qué posibilidad de sobrevivir tendría un pez payaso (especie de agua salada) al escaparse de un acuario como en la película NEMO y caer no al mar sino a un caño o río de esta contaminada ciudad? La respuesta es fácil: ninguna.

La probabilidad de que lo anterior ocurra es nula. Sin embargo, si un par de estas especies se hubiera liberado en el mar, como el camarón o el pez Loreto, quizá no habría pasado nada porque hacen parte de nuestros recursos hidrobiológicos marinos. El problema es que la clasificación, o por lo menos la identificación sencilla de las mismas, no permitió saber en su totalidad qué especies compartíamos con otros países y cuáles definitivamente eran introducidas de otros rincones del mundo. Esta duda nunca se resolverá si la Secretaría de Ambiente, de forma clara y transparente, no muestra con seriedad los protocolos que siguió. Lo que sí queda a la vista es el vasto desconocimiento de la ley ambiental colombiana.

Es preocupante tener institutos de investigación que no son consultados y que ni siquiera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible haya tenido parte en el caso. Esto evidencia la crisis del Sistema Nacional Ambiental.

Pero más preocupante es solicitarle a organizaciones internacionales no conceptos sino opiniones poco serias, que respaldan las decisiones de entidades poco técnicas. Me pregunto: ¿Conservación Internacional se pronunció ante la consideración de las truchas y las tilapias como especies que dejaron de ser exóticas para convertirse en nativas, conociendo el impacto que han generado en nuestros ecosistemas? Lo ignoro.

Llama la atención el valor y el peso que la Alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Ambiente, le otorgó a una opinión carente del componente técnico-científico, para en menos de una semana sacrificar 40 ejemplares animales. Lo curioso es que al tiempo que esto ocurre no consideran de valor los más de 50 estudios con conceptos técnicos reales, emitidos por diferentes autoridades en temas científicos, que recomiendan la protección de la Reserva Thomas Van der Hammen.

*Periodista ambiental

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