Basta con observar datos históricos sobre expectativas de vida al nacer, niveles de pobreza y distribución global del ingreso para concluir que la humanidad nunca ha vivido una mejor situación que la actual. A pesar de esto, el pesimismo nos embarga. La sostenibilidad de las perspectivas abiertas por el crecimiento económico de las últimas décadas constituye un nuevo reto y una fuente de incertidumbre para la sociedad global.

Podría parecer sorpresivo que seamos precisamente los economistas quienes veamos, por una vez, el vaso “medio lleno”. Después de todo, gozamos de una merecida fama de aguafiestas: frente al alto crecimiento económico, recordamos que la inflación acecha; ante la suerte de gozar de la abundancia en un recurso natural cuyo precio se encuentra inusualmente alto, advertimos sobre la posibilidad de que la lotería del subsuelo acapare los recursos productivos de otras industrias (la manufacturera, en particular) y las haga menos competitivas gracias a la apreciación de nuestra moneda. En un país con instituciones débiles, en donde la probabilidad de que estos ingresos extraordinarios sean malgastados es alta, no es difícil anticipar una receta para el desastre.

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Con semejante perfil profesional, podría pensarse que deberíamos simpatizar inmediatamente con el pesimismo y la angustia que caracterizan a las contemporáneas opiniones y proyecciones medioambientales. No es coincidencia que la economía fuera denominada como “la ciencia lúgubre” a principios del siglo XIX, entre otras razones, por la conocida argumentación de Thomas Malthus sobre la insostenibilidad de un crecimiento demográfico exponencial frente a uno apenas lineal de alimentos. Los economistas creemos que ese vaso a la mitad es cada vez más grande.

En medio de los coros que se lamentan al unísono de crisis ambientales, sociales y económicas, resaltamos las buenas noticias en la escena colombiana: la tasa de fertilidad se redujo de 6.5 hijos por mujer, durante la primera parte del siglo XX, a 4.5 entre 1965 y 1990, bajando hasta 2.6 entre 1990 y 2015 (¡gracias Profamilia!); la pobreza monetaria y multidimensional se ha reducido gracias al lento, pero seguro crecimiento de nuestra estructura productiva; por su parte, la esperanza de vida al nacer aumentó de 59.1 años en 1965 a 74.4 en 2015; finalmente, la acumulación de capital humano se ha visto traducida en aumentos en años de educación completada de 3.6 en 1965 a 6.7 en 2015, acompañados por un cierre de la brecha de género: estas mismas cifras para las mujeres son de 3.2 y 6.6, respectivamente.

Dos argumentos pueden servir para ilustrar los progresos relacionados con la situación global del medio ambiente. El primero es que la Revolución Verde sustentó el rápido aumento de la población durante los últimos 70 años del siglo XX, logrando de forma simultánea, un efecto negativo relativamente bajo sobre los ecosistemas y comunidades ecológicas, y a la vez, una reducción de la pobreza extrema. Segundo, que la destrucción del capital natural y el deterioro de servicios ecosistémicos, particularmente en territorios marginados de países en vías de desarrollo, ha sido producto más del éxito económico de los países ricos, y del aumento y ascenso de las clases medias globales, que del crecimiento demográfico. En otras palabras, la crisis ambiental es mayoritariamente el resultado del éxito económico de unos, y no del crecimiento demográfico de otros.

Los economistas nos servimos del cambio anual del PIB, medida de actividad económica ampliamente utilizada por su fácil disponibilidad y homogénea metodología, para medir el crecimiento de las economías. La crítica más relevante a esta metodología proviene de la no inclusión en las cuentas nacionales de las reservas no apropiadas de muchos recursos naturales (aire, tierra o agua), utilizados en la generación de bienes y servicios. Algunos concluyen que esto impide que el PIB pueda ser considerado como un buen indicador del bienestar social. Este argumento desconoce que su relevancia no proviene de ser una medida perfecta de bienestar, sino en que sigue de cerca el comportamiento de variables como el consumo per cápita, la esperanza de vida al nacer y la inversión en educación, más cercanas, al menos intuitivamente, al bienestar social.

¿Podría darse la situación en la que el aumento en el bienestar implícito en el crecimiento del PIB desaparezca una vez se tengan en cuenta los costos medioambientales asociados al proceso productivo? Aunque la respuesta divida a científicos y expertos, las economías desarrolladas han dado importantes pasos para disminuir la utilización de recursos naturales no renovables en los procesos productivos. Pese a que el revés sufrido por el Acuerdo de París con el retiro reciente de Estados Unidos ha ocupado los titulares, la revista Nature señala que ninguno de los demás países desarrollados firmantes cumple actualmente con los compromisos adquiridos. La razón es simple: la transición hacia energías renovables implica altísimos costos. En la actualidad no hay alternativas realistas que puedan competir con los bajos precios y la confiabilidad de los combustibles fósiles. Dinamarca, campeón verde, exhibe el mayor precio de la energía eléctrica para hogares en el mundo. Ya que los servicios públicos representan una mayor fracción del gasto de los hogares con menores ingresos, ¡los costos del experimento solar y eólico danés terminaron siendo regresivos!

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Cualquier país en la actualidad pagaría un alto precio, en términos de crecimiento económico, si quisiera eliminar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para países en desarrollo y de menores ingresos, en donde algunos grupos poblacionales no logran asegurar niveles de ingresos que garanticen su propia supervivencia, la implementación de estas políticas podría tener consecuencias fatales. El ejemplo más crudo y fácil de visualizar puede provenir de los biocombustibles: cada litro de estos implica la reasignación de productos agrícolas (caña de azúcar, en el caso del bioetanol; aceite de palma, canola y soya, en el caso del biodiésel) lejos del consumo humano y hacia el funcionamiento de máquinas.

Valdría la pena incurrir en estos altísimos costos si con ello se lograra una reducción significativa en el peligro de la existencia misma de las generaciones futuras. La respuesta a esta pregunta añade más incertidumbre al debate: si bien hay un consenso científico sobre la capacidad de los humanos en alterar el clima, no existe nada cercano a un consenso sobre si este cambio representa un riesgo para nuestra existencia en lo que resta del siglo. No sabemos si una espada de Damocles pende sobre nuestras cabezas. Tal incertidumbre explica el estado de polarización del debate actual, extendido a las decisiones de política pública. Se forman bandos de ciudadanos con puntos de vista irreconciliables, cada uno respaldado por diferentes estudios científicos, cuyas pasiones son hábilmente explotadas por intereses electorales. Mientras tanto, los mecanismos de mercado operan, indiferentes a las consideraciones políticas, se generan incentivos que moldean inexorablemente el equilibrio en el que vivimos: en la medida en que los combustibles fósiles se agotan, su precio aumenta, y se abre automáticamente la puerta para una sustitución hacia fuentes renovables de energía. Aún más importante para el largo plazo, se hacen rentables inversiones que las hagan más competitivas con respecto a las energías fósiles.

Toda esta es una invitación a no ignorar la forma positiva en la que nuestra realidad ha cambiado. A no dejar que nuestras pasiones sean manipuladas y nublen nuestras decisiones. A creer que con algo más de optimismo por el futuro, lograremos que la búsqueda colectiva por la sostenibilidad trascienda la dimensión ambiental, e incluya una mayor insistencia en la equidad de la distribución de los frutos del crecimiento económico, y a una más amplia participación social en el mantenimiento de nuestra casa común.

Martín Bermúdez Urdaneta es economista ecológico, Magíster en Estudios del Desarrollo y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Juan Felipe Bernal es economista, Doctor en Economía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.

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