*DIrectora de Semana Sostenible / @colinita

Tengo acceso a un proyecto de decreto en el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define conceptos básicos para el turismo de naturaleza y establece un Comité Nacional de Turismo de Naturaleza, compuesto únicamente por dos entidades (ellos mismos y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y que propone poner a funcionar mejor el ecoturismo en el país.

El comité, que ha recibido bastante atención tanto de medios como de ambientalistas, no me preocupa en el mismo sentido que a otros, porque no creo atinada la interpretación de que conduciría a coadministrar los parques. Sin embargo, dos temas me parecen particularmente dignos de mencionar y corregir.

En primer lugar, se menciona la posibilidad de invitar a participar en el comité al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero no a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales o a los institutos de investigación del sector ambiental. Esto a pesar de un largo glosario con el que comienza el proyecto (que nos introduce el fantástico mundo de los recursos turísticos naturales, un término desconocido hasta el momento), contiene conceptos que son responsabilidad directa de las entidades no invitadas: capacidad de carga, preservación, conservación, área protegida y educación ambiental, entre otras. No sé qué saben de esos temas los funcionarios del Ministerio de Comercio, pero sé que en el sector ambiental hay personas reconocidas en el mundo entero precisamente por su conocimiento técnico en esas cuestiones. El ejemplo más claro es Julia Miranda, la directora de Parques Nacionales, que ha sido reconocida y galardonada de manera reiterada y a quien MinComercio inexplicablemente deja por fuera del comité.

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Segundo, el decreto se equivoca cuando crea el Comité Nacional de Turismo de Naturaleza y a la vez, en un parágrafo, como quien no quiere la cosa, abre de par en par la puerta a cualquier tipo de infraestructura dentro de las áreas protegidas.

En opinión de la mayor parte de los expertos ambientales, la infraestructura pesada debe estar por fuera de las áreas protegidas. En efecto, esa es la mejor forma de evitar desastres como los de Kenia y Australia, que ya los llevaron a arrepentirse de su liberalidad con el turismo.

En el caso de Colombia, la prohibición debe ser el punto de partida. A partir de ahí estaría la posibilidad de examinar, una por una, las propuestas específicas de desarrollo turístico dentro de áreas protegidas, de acuerdo con los recursos naturales y las comunidades presentes. El objetivo es asegurarnos de que, en la balanza, los beneficios a largo plazo sean mucho mayores que los costos. Estas discusiones, de un altísimo nivel técnico, deben estar por fuera de la influencia de los sectores productivos y particularmente de los muchos privados que poseen propiedades dentro de los parques.

El Ministerio de Comercio es uno de los más expuestos al lobby de las empresas. Quien lo dude puede examinar de cerca la historia del programa de transformación productiva, en el que en un principio se elegían sectores estratégicos para la economía para priorizar inversiones pero acabó incluyendo a casi todas las cadenas productivas porque, ¿quién se aguantaba estar por fuera? No tiene entonces sentido que las reglas de juego para el turismo de las áreas protegidas, que por algo lleva ese apellido, queden a la merced de funcionarios relativamente vulnerables a la influencia de los privados.

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Como está la propuesta de decreto, el comité parece nacer para solucionar la imposibilidad de que los funcionarios de ambos sectores se pongan de acuerdo. Para eso no es necesario crear instituciones, sino relevar a las personas de sus cargos. Es mucho lo que el país puede hacer para aprovechar su capital natural, pero la forma en este caso no es la adecuada.

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