Un deshonroso podio para Colombia

En un sitio de pescadores llamado Minamata, ubicado en la ciudad de Kumamoto, aproximadamente a 1.000 kilómetros de Tokio (Japón), sus habitantes empezaron a sufrir de enfermedades nerviosas, incluidas convulsiones, ceguera, sordera y lesiones cerebrales a causa del envenenamiento por mercurio que provocó una planta química que fabricaba PVC.

La empresa Corporación Chisso, vertió entre 1932 y 1968 a las aguas de la bahía Minamata, aproximadamente 27 toneladas de compuestos con mercurio, destruyendo el ecosistema y, en especial, el recurso pesquero que en ese momento representaba la seguridad alimentaria de la población. En 1983, más de 300 personas habían fallecido y unas 1.500 más estaban sufriendo todavía los efectos de la contaminación.

El gobierno japonés realizó estudios en aproximadamente 80.000 personas, de las cuales 3.000 habían sufrido la enfermedad de Minamata (degeneración del sistema nervioso). Además, en dichos estudios se concluyó que se había ocasionado gran impacto en las poblaciones de aves, peces y moluscos principalmente, por las altas concentraciones de metal mercurio en la bahía. La empresa debió pagarle al estado japonés 30,5 billones de yenes como indemnización. Así las cosas, solo hasta 1997, los peces y moluscos de esta bahía fueron declarados aptos para consumo humano.

Situación parecida y por demás preocupante, se está presentando en Colombia a raíz del uso del mercurio en la minería −especialmente la ilegal−, que ha contaminado los acuíferos y zonas boscosas. Al respecto, según distintos estudios, en este tipo de actividades, se pueden presentar cantidades de mercurio superiores a los permitidas por la Orga­nización Mundial de la Salud, las cuales comienzan a afectar los distintos niveles de las cadenas tróficas, como lo ha señalado la Contraloría General de la República en los estudios liderados por el profesor Luis Carlos Garay y, más recientemente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Sobre el mismo tema el investigador Julio Fierro aseguró en el 2014, que en el ambiente el mercurio se transforma en metilmer­curio, (proceso natural, con participación biológica que resulta en la producción de compuestos de metilmercurio altamente tóxicos y bioacumulables (MeHg+)), partículas de este material se incorporan en los tejidos vivos y aumentan la concentración en la cadena alimentaria, desde los microorganismos como el plancton hasta los seres humanos. Lo anterior genera graves implicaciones ambientales y de salud pública, implicaciones se han extendido por todo el país, aunque se han concentrado especialmente en los ríos del Pacífico, en la parte baja de los valles de los ríos Magdalena y Cauca y en la región de la Amazonía.

Esta realidad es tan preocupante, que en el reciente estudio efectuado por el DNP se menciona que Colombia es el tercer país que más libera mercurio en el mundo con 75 toneladas anuales, ubicándose detrás de China e Indonesia. Lo anterior a causa principalmente de la minería de oro artesanal y de pequeña escala. De igual manera, se indica que el 86% de la minería en el país se realiza sin título minero y sin licencia ambiental, lo que genera graves problemas sociales y una gran tragedia ambiental que, además, según el Instituto Nacional de Salud, ha generado 1.126 casos de intoxicación.

Lo anterior sucede porque una vez que el mercurio ingresa al ambiente como contaminante, es sumamente nocivo. Dada su persistencia, movilidad (en la atmósfera puede transportarse a largas distancias), capacidad para formar compuestos orgánicos, bioacumulación (no se puede evacuar del cuero humano) y biomagni­cación; tiene nocivos efectos negativos en la salud humana.

Los daños incluyen alteraciones permanentes en el sistema nervioso, y en particular al sistema nervioso en desarrollo. Debido a ello, y a la razón de que el mercurio puede ser transferido de una madre a su hijo durante el embarazo, los bebés, niños y mujeres embarazadas, son considerados las poblaciones más vulnerables según el PNUMA.

En este escenario, aunque estamos de acuerdo que la eliminación del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y de que en las actividades industriales sea una prioridad nacional (reconocida en la Ley 1658 de 2013) se establezcan disposiciones para la comercialización y uso del mercurio en el país y se definan metas para su eliminación gradual a julio de 2018 en el sector minero y a julio de 2023. Creemos que esto no es suficiente y que para ello se requiere, entre otras gestiones, la de ratificar el Convenio de Minamata que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.

Colombia suscribió en 2013 el Convenio de Minamata sobre mercurio, el cual ha sido ratificado por 31 países, sin embargo, Colombia aún no lo hace. Por esta razón, algunos expertos y organizaciones ambientales vienen solicitando al gobierno nacional, que proceda a efectuar los trámites necesarios en el Congreso de la República, con miras a acelerar en esta legislatura el proceso de ratificación correspondiente. 

Evidentemente el Convenio de Minamata se constituye en una tarea adicional y representa una oportunidad para promover acciones encaminadas a minimizar el uso de mercurio, de forma tal que se reduzcan los problemas de salud pública que se vienen presentando y se logre la protección del ambiente y de la población. Por eso, ante la destrucción que se ocasiona por la falta de control y de sistemas de monitoreo, es imperativo ratificar en Colombia dicho convenio, lo que es un elemento fundamental para cuidar nuestro patrimonio natural y para el logro de la anhelada paz ambiental por la cual seguimos trabajando.