La experiencia colombiana reciente presenta amplia evidencia de que los gremios y lobbies criollos son poderosos –aunque menos ridículos que, por ejemplo, el del mercado de armas estadounidense–. Y es que basta con mirar superficialmente para descubrir el origen de algunas de las más absurdas medidas proteccionistas. Una de ellas es la del arroz, componente clave de la canasta básica colombiana. Aunque es mucho más barato en Ecuador y Perú, las gestiones de los arroceros han blindado la política comercial del país para poner los intereses de los cultivadores por encima de los de las familias más pobres.

Esto a pesar de que Fedesarrollo ha demostrado que un aumento del 20 % en el precio del arroz genera un aumento de 400.000 personas en situación de pobreza y de 150.000 personas en situación de pobreza extrema. En otro caso muy comentado, al gobierno le fue imposible ganarle el pulso a los azucareros, comerciantes y transportadores, a pesar de la abundante evidencia presentada por el Ministerio de Salud para incluir impuestos en la reforma tributaria que reduzcan el consumo de las bebidas azucaradas.

Hoy, de nuevo está en juego la prevalencia del bienestar general en una puja entre el Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), con apoyo de la ANDI. El objeto de la discusión es el decreto que adoptaría un mecanismo de subasta energética para energías renovables con tres objetivos principales: diversificar la matriz energética del país y reducir así su vulnerabilidad frente al cambio climático, facilitar la existencia de contratos de largo plazo y menor precio y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero.

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Colombia no tuvo urgencia por favorecer energías más limpias no convencionales porque el 75 % de la electricidad colombiana proviene de fuentes hidroeléctricas. Gracias al cambio climático, resulta ya ineludible que los fenómenos del niño sean más frecuentes y más intensos –se calcula que no pasará un periodo de más de cuatro años sin una sequía–, por lo que resulta prioritario desarrollar otras fuentes de energía para disminuir el riesgo de crisis.

Los generadores plantearon al inicio de la negociación que la subasta era innecesaria y el decreto prescindible; la entrada de las renovables sería posible con las condiciones existentes, como lo evidencian las recientes apuestas de Celsia y EPM. El borrador actual del decreto incluye la energía hidroeléctrica en la subasta. El decreto plantea como objetivo de política la diversificación de las fuentes de energía y, en opinión de Acolgen, ese objetivo rompe con el principio de la neutralidad tecnológica, amenaza la libre competencia y debe ser eliminado del decreto.

La experiencia internacional con las subastas de energías renovables, particularmente en los casos de México y Chile, puede dar mejor idea de los motivos tras la magnitud de la resistencia de los generadores: la participación de nuevos actores tiende a bajar el precio de la energía. Sin embargo, el que podría ser un beneficio para la mayoría de los colombianos podría también poner en jaque la sostenibilidad financiera de grandes hidroelécticas que aún tienen mucha energía por colocar.

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Resulta prioritario que los consumidores, particularmente los grandes que dependen del precio de la energía para ser competitivos, salgan a defender las energías renovables. Nuestra matriz energética es limpia pero vulnerable y la evidencia indica que los incentivos a nuevas tecnologías nos volverán más competitivos, limpios y sostenibles. La energía hidroeléctrica ha sido una bendición para Colombia y continuará siéndolo, pero debe tener complementos y nuevos actores para permitir que el país se desarrolle de manera sostenible.