Wendy Arenas rodeada de los 48 árboles que llevó a la Plaza de Bolívar para el lanzamiento de su campaña.

En el ranking de los países más biodiversos Colombia ocupa un lugar privilegiado. Según la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF), en el país existen alrededor de 54.871 especies que habitan en 314 ecosistemas registrados. Es el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en peces y mariposas y el tercero en reptiles y palmas. Aunque cierta y afortunada, esta realidad viene acompañada de una inmensa responsabilidad que en muchos casos es ignorada o desconocida por los ciudadanos y las instituciones.

Por otra parte, el planeta está manifestando alteraciones climáticas que contribuyen al deterioro de diferentes ecosistemas, lo cual en gran medida ha sido ocasionado por el hombre, como fue recientemente expuesto en el informe presentado por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado.

Este escenario ha convertido al medio ambiente y a la búsqueda de un desarrollo sostenible, en  asuntos indispensables en las agendas políticas actuales, algo que la  ambientalista y candidata al senado por el partido liberal, Wendy Arenas, quiere poner sobre la mesa de la toma de decisiones públicas, pues considera que en el caso colombiano aún falta mucho camino por recorrer.

Es la primera vez que Arenas incursiona en la política. Esta antropóloga y politóloga fundó y dirige actualmente Alianzas para la Sostenibilidad (Alisos), una ONG que trabaja por el desarrollo sostenible, y lidera tal vez uno de los proyectos medio-ambientales más ambiciosos e importantes del país, Amazonas 2030*, que tiene entre sus misiones “garantizar la sostenibilidad del bioma amazónico” y exponer “la relevancia que tiene la Amazonía en la mitigación y la adaptación de la Tierra frente a los efectos del cambio climático”, mediante la generación de información de calidad para todos los sectores.

No es para menos. En el bioma amazónico se llevan a cabo actividades de alto impacto para este ecosistema, como lo son la ganadería extensiva, la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y los cultivos ilícitos que en el lapso de diez años, entre el 2002 y  el 2012, contribuyeron a la pérdida de alrededor de  1.725.530 hectáreas de bosque tropical según un estudio del Ideam, patrocinado por la Fundación Moore y con el apoyo científico de la Universidad de Maryland.

Arenas considera que su candidatura es un gran reto y uno que está dispuesta a asumir pues piensa que es absolutamente necesario “incorporar a la sociedad civil en el diálogo sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, garantizar una vigilancia sobre la utilización de los recursos naturales y de los impactos que tienen las leyes sobre el medio ambiente”.

“En América Latina creemos que tenemos un exceso de recursos naturales y esa es una de las razones por las cuales esta no es una variable relevante para nosotros, y priorizamos otros asuntos” explicó Arenas, y no es la única que comparte esta opinión.

Gustavo Wilches Chaux, consultor y escritor especializado en el tema ambiental,  considera que en Colombia éste es incorporado en el discurso político “como un requisito indispensable pero sin un verdadero compromiso ético y vital”, y agrega que en el país parecen haber “dos estados distintos incomunicados: uno que intenta que el país valore y conserve su patrimonio ecológico y otro que impulsa un desarrollismo repotenciado que considera que las exigencias  ambientales y la verdadera participación comunitaria son obstáculos que se oponen a los grandes proyectos económicos.”

En la reflexión de este “desarrollismo repotenciado” la industria minera en Colombia está jugando un papel muy importante, y es otro de los puntos claves para Arenas, quien considera indispensable una reforma al Código Minero del 2001 y un replanteamiento de cómo se está manejando este negocio con el objetivo de convertirlo en más sostenible y respetuoso con las comunidades, desde la institucionalidad.

En los últimos años, más de 8000 títulos mineros fueron entregados en Colombia como producto de diferentes factores como el alza de precios de minerales, una legislación laxa y un gran ánimo inversionista extranjero. Esto, y como revela una investigación reciente de la contraloría sobre el panorama minero en el país, dirigida por el economista Luis Jorge Garay,  podría estar relacionado con algunos fenómenos de extrema pobreza y violencia que viven algunas regiones del país, en las cuales  actividades mineras se llevan a cabo.

Es inevitable no hacer uso de los recursos que brinda la naturaleza, sin embargo, la propuesta de Arenas algunos políticos y ambientalistas es, en palabras de Wilches Chaux una política que “garantice que los proyectos de desarrollo se conviertan en factores de calidad de vida para las comunidades y no en factores de desplazamiento” y una que tenga en cuenta a las futuras generaciones de colombianos.

*Amazonas 2030 cuenta con la participación de ALISOS (Alianzas para la Sostenibilidad), la Fundación Gaia Amazonas, la Fundación Etnollano, Publicaciones Semana y el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), AVINA, la Embajada de Países Bajos en Colombia, El Espectador y Caracol Televisión.

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