Cuarenta entidades públicas, pertenecientes a 13 sectores, participaron en la aprobación la "Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques" que acaba de ser aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

Por medio de esta herramienta se busca implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación y promover la gestión de los bosques, impulsando el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario, con foco principal en los 11 núcleos de alta deforestación (NAD), ubicados en 150 municipios y considerados como los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en Colombia.

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"Por la naturaleza de las problemáticas, se requirió de un análisis sistémico de las causas directas y subyacentes que inciden en los procesos de cambio de uso de suelo y pérdida de bosque natural", señalaron desde el Ministerio de Ambiente. 

Tras el estudio de los factores, se logró identificar las acciones que desde el Gobierno nacional se deben desarrollar de manera articulada con los sectores y comunidades, entre otros actores, para controlar la deforestación, así como las actividades para promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques, a partir del reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios.

Por otro lado, con el propósito de que el país cumpla la meta cero deforestación neta al año 2030, es decir, que al comparar deforestación con restauración y reforestación, atendiendo los criterios de la definición de bosque natural adoptada por Colombia, el valor sea cero, en la política aprobada por el Conpes se establecieron cuatro ejes estratégicos para ser desarrollados en los próximos 10 años:

  1. Consolidar alternativas productivas sostenibles que incidan en el desarrollo rural y la estabilización de la frontera agrícola.
  2. Fortalecer los mecanismos de articulación y gestión transectorial para la efectiva reducción de la deforestación y gestión de los bosques.
  3. Ejercer control territorial y reducción de las dinámicas ilegales que impulsan la deforestación.
  4. Fortalecer los sistemas de monitoreo y seguimiento para una administración eficiente del recurso forestal.

Esta política destaca la importancia de los bosques para la vida humana por los servicios ecosistémicos que proveen: captura y almacenamiento de carbono, regulación climática, mantenimiento del ciclo del agua, purificación hídrica, mitigación de riesgos naturales como inundaciones o deslizamientos que, además de servir de hábitat para un sinnúmero de especies silvestres y representar valores culturales de comunidades étnicas y tradicionales, aporta a la seguridad alimentaria.

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"El documento CONPES sigue la línea de políticas, programas e instrumentos normativos y económicos asociados a la protección del bosque natural, como la Política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Así se potencian sus planteamientos, gracias a la articulación que brinda una política de Estado transectorial como la planteada", resaltaron desde el ministerio. 


La expansión de la frontera agrícola y ganadera son uno de los principales motores de la deforestación de los bosques en Colombia. Foto: archivo/Semana.

Adicionalmente, reconoce la importancia de lo dispuesto en la sentencia de la Amazonía STC-4360 de 2018, por medio de cual se declara a la región Amazónica como sujeto de derechos, y articula los esfuerzos desde el nivel nacional hacia el regional, para contribuir a contrarrestar la deforestación y los efectos del cambio climático.

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En materia de economía forestal y estrategias de conservación y preservación de los ecosistemas, la política se articula con los principios de crecimiento verde y pago por servicios ambientales, al igual que con las acciones en curso orientadas a atender las dinámicas de ocupación y tenencia de la tierra que generan presión sobre el bosque. Además, se articula con la política de catastro multipropósito y el CONPES del Sistema de Administración del Territorio (SAT).

Esta iniciativa también responde a los compromisos de Colombia en el ámbito internacional como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas del Acuerdo de París, el desarrollo del Pacto de Leticia y las metas de la Declaración Conjunta de Intención, que estableció la formulación de esta política, como uno de los hitos de compromiso de país para reducir la deforestación.


La apertura de carreteras en áreas protegidas y bosques también contibuyen al aumento de la devastación. Foto: Rodrigo Botero. 

"Proteger, conservar y restaurar los bosques tropicales es una de las bases para alcanzar el desarrollo sostenible en las próximas décadas, logrando el uso eficiente de los recursos naturales que contribuya al bienestar de los colombianos", afirmaron desde el Minambiente. 

Colombia cuenta con el 52 por ciento de su superficie terrestre cubierta por bosques y es catalogado como un país megadiverso. Sin embargo, debido a las presiones causadas por las actividades humanas, junto con las diversas dinámicas y complejidades territoriales, se estima que entre 2000 y 2019 se perdieron cerca de 2,8 millones de hectáreas de bosque natural. Estas cifras exigen la intervención urgente del Estado y, por eso, en consonancia con los compromisos trazados en el Pacto por la Sostenibilidad del Plan Nacional de Desarrollo, se dio vía libre a este documento CONPES.

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La aprobación de la “Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” es un paso crucial para consolidar la protección de la biodiversidad como activo estratégico de la Nación y un llamado a valorar los bosques tropicales como el patrimonio natural más grande de todos los colombianos.

Otras actividades contempladas en la primera estrategia del documento son:

  • Programa de forestería comunitaria entre 2021 y 2029, que comprenderá la identificación y priorización de las zonas con potencial forestal y estructuración de proyectos con enfoque diferencial.
  • Adopción de planes de ordenación forestal que aporten a la reducción de emisiones y cambio climático. 
  • En 2025 generar el módulo de seguimiento de las iniciativas de manejo forestal sostenible.
  • Diseñar el componente de restauración con enfoque diferencial de las áreas afectadas por deforestación.
  • Portafolio de 10 proyectos en zonas de alta deforestación en el marco del Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales.
  • Desarrollar proyectos de desarrollo alternativos en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, para así beneficiar a cerca de 6.600 familias a 2030.
  • Crear lineamientos para la implementación de las inversiones de compensación ambiental (de no menos del 1 por ciento hacia alternativas sostenibles del bosque).
  • Estrategia para el fortalecimiento técnico de los planes departamentales de extensión agropecuaria en los departamentos más deforestados.
  • Arreglo institucional para brindar extensión y asistencia técnica para el bosque natural en Colombia.
  • Promover la investigación, desarrollo e innovación de cadenas de valor de productos promisorios del bosque.
  • Impulsar la cadena productiva forestal bajo criterios de manejo sostenible, competitividad y empoderamiento de comunidades.

Ambientalistas y académicos esperan que esta política no quede en el papel y que se destinen los recursos humanos y financieros suficientes para que pueda ser ejecutada a cabalidad