El ‘guiño‘ que la comisión de expertos para la exploración de los yacimientos no convencionales le dio al gobierno nacional este jueves para que avance con la realización de proyectos pilotos de investigación para el fracking dejó un sinsabor entre los ambientalistas y una parte de la comunidad académica.

El grupo recomendó avanzar con los proyectos piloto integrales de investigación de fracking (PPI). Para esto, el Estado debe tomar acciones en líneas específicas como transparencia e información, desarrollo de capacidades institucionales, nivel de riesgo, efectiva participación ciudadana y aprobación de comunidades locales.

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Aunque, el grupo, de 13 expertos, reconoció que el país aún no está preparado para la implementación de esta técnica, -faltan de líneas base en cuanto a aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, contaminación natural y de ecosistemas, capacidad institucional, acceso a la información y licencia social, entre otros ítems- sorprendió que hubiera dado el aval. Una decisión que para académicos como Catalina Toro Pérez, profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional y coordinadora del grupo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es contradictoria.

“Lo más grave de todo es que, pese a que aún ellos señalan que se deben cumplir requerimientos, que hay riesgos ambientales y sociales de todo tipo, incluída la salud, se atreven, al mismo tiempo, a validar las exploraciones que se están haciendo, sin haber tenido en cuenta ninguna de sus propias recomendaciones. Esto es paradójico”, afirmó.

Pero, ella no fue la única en levantar su voz en esta entrega de recomendaciones. Para la Alianza Colombia Libre de Fracking, esta técnica debe prohibirse en todo el territorio nacional, pues no hay garantías ni información suficiente frente a acuíferos, sismicidad, contaminación, control del riesgo, ni una evaluación ambiental integral, no solo en el país, sino en el Magdalena Medio, región donde ya se adelantan dos proyectos de investigación de esta técnica.

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La comisión de expertos, en su mayoría, son profesionales con conflictos de intereses con la industria petrolera, que solo tuvo tres meses para construir el informe y no contó con la participación activa y eficaz de las comunidades, dado que se limitó a tres reuniones en Puerto Wilches y Barrancabermeja, Santander, y San Martín, Cesar”, afirma Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Lo que el grupo de especialistas, que contó con el apoyo de una secretaría técnica conformada por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), recomienda, debería darse antes y durante la exploración.

Entre las sugerencias hechas por la Comisión de Expertos está cumplir la ley de transparencia y acceso a la información pública. Divulgar toda la información disponible asociada e identificar carencias de información (ecosistemas, hidrogeología, sismicidad, etc); identificar y divulgar la tecnología de mínimo impacto que se utilizará para el PPI; acordar manejo de riesgos para la salud con pobladores cercanos al lugar de PPI; identificar necesidades, capacidad institucional para hacer seguimiento al PPI; ajustar regulación para selección, uso y seguimiento de tecnologías del mismo impacto; construcción de una línea base social; entre otras que van en línea con garantizar que la naturaleza y las comunidades no se van afectados.

Este fue el documento entregado por la Comisión de Expertos durante la presentación de recomendaciones, el jueves, 14 de febrero de 2019.

Y ahora, ¿qué viene?

En el Congreso están en trámite tres proyectos de Ley. Dos buscan prohibir la implementación de la técnica y el otro establecer una moratoria, hasta tanto, no se tengan los estudios suficientes para determinar si es conveniente o no el fracking.

Por otro lado, también se espera el pronunciamiento del Consejo de Estado, quien ya dijo en primera instancia que debía aplicarse el principio de precaución. Ante esta observación, el Ministerio de Minas y Energía interpuso un recurso de súplica del cual esperan respuesta.

“El fracking está en moratoria judicial pues el Consejo de Estado suspendió el decreto 3004 y la resolución 90341, que son parte del marco normativo de esta técnica. Sin esto no se pueden firmar contratos. Si la Anla otorga alguna licencia ambiental estaría incumpliendo la ley”, manifestó Santiago.

Por su parte, Ricardo Lozano, ministro de ambiente, dijo que desde su cartera van a analizar con detenimiento todo el componente normativo. “Estamos a la espera del pronunciamiento del Consejo de Estado para saber que hacer”, afirmó.

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Los académicos no piensan quedarse quietos. Según Toro, la red de universidades públicas hará una comisión independiente para debatir sobre las recomendaciones dadas por la Comisión de Expertos. “Será una comisión que acompañe a las comunidades en las regiones, que analice con ellos y evalúen los riesgos. Es nuestra función como servidores públicos”, expresó.

El pulso no está ganado. El sí y el no al fracking será una discusión que continuará hasta que las normas queden claras, pero sobre todo, hasta que como dijo Toro haya una licencia social, hecho que no ha sucedido ni siquiera en países europeos donde también se han hecho grandes investigaciones sobre el tema. Pero, sobre todo, María Fernanda Suárez, ministra de minas, aún tiene la tarea de convencer al presidente Duque de las bondades de esta técnica, pues el primer mandatario se comprometió en campaña en no llevarla a cabo.

¿Cómo se hace fracking?

La técnica de fracturamiento hidráulico se hace de la siguiente manera: 

Infografía cedida por la revista sobre el sector petrolero realizada por Revista Semana en 2018.