“Este comunicado va dirigido a todos los líderes comunales, ambientalistas, ONG, asociaciones, cooperativas y fundaciones del Estado, que desarrollen actividades con comunidades, niños y jóvenes de los municipios de San José, Retorno, Calamar y Miraflores”, así comienza uno de los panfletos que están siendo repartidos en todo el departamento de Guaviare desde la semana pasada.

La Amazonia colombia es una de las regiones más deforestadas de Colombia. Según el último boletín de alertas tempranas del IDEAM, en los departamentos de Guaviare, Caquetá y  Meta se concentró el 43 % de la deforestación. Es decir, en tres meses (de octubre a diciembre) se talaron más de 75 mil hectáreas.

El Guaviare es la puerta de entrada al Parque Natural Nacional Chiribiquete y a otras áreas protegidas, razón por la que ha estado en el ojo de la opinión pública desde hace unos meses. Esta revista, al igual que otros medios como RED+ Noticias, en su programa Zona Franca, dieron a conocer algunas mafias que están detrás de la tala de bosques para acaparamiento de tierras y ganadería.

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Se ha hablado de una acción conjunta entre lo legal y lo ilegal para generar unos títulos de propiedad que permitan a terratenientes hacerse a grandes extensiones de tierra, tumbar el bosque y meter vacas o hacer carreteras. Incluso, ha quedado en evidencia la posible autoría del gobernador del departamento, Nebio Echeverry, en algunas de estos actos. Tan así, que la propia Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones sobre diferentes hechos.

Según una fuente que pidió no ser identificada por su seguridad,  estos panfletos se dan de manera coincidencial justo con operaciones militares en Guaviare y Meta donde murieron dos importantes miembros de la disidencia. Así mismo, sostiene que también se dan el mismo momento en que la Unidad de Restitución de Tierras anuncia el comienzo de la audiencia pública, ordenada por el juez de restitución en el caso del Resguardo Nukak.

Aún sin tener certez de la autoría de la información, el clima de tensión es muy fuerte, ya que los comunicados han llegado a las viviendas de algunos funcionarios, a celulares de líderes, y en las sedes de las juntas veredales. Estos han sido distribuidos en Guaviare, Caquetá y Meta. Además de las llamadas intimidatorias que han recibido algunas personas. Según uno de los miembros de la comunidad, el anuncio de la creación de un movimiento unificado que reivindica la lucha armada y condena los acuerdos de paz, coincide con este difícil momento del país.

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Algunas organizaciones que trabajan en la zona han suspendido las operaciones en campo, hasta tanto no cambien las condiciones de seguridad, y haya mayor información de los autores de los comunicados y sus motivaciones. Los organismos de seguridad aún no se han pronunciado públicamente al respecto.

César Humberto Meléndez, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-, afirmó que hace un año también recibieron amenazas, pero que éstas últimas los tienen acuartelados en las oficinas sin poder ir a campo.  “Todo esto concuerda con una serie de intimidaciones que han seguido haciendo, hemos tenido que suspender algunos proyectos”, dijo.

Así mismo, manifestó que el panfleto llegó al Ministerio de Ambiente, al Ejército Nacional, con quien sostuvieron una reunión. “Según el Ejército ese panfleto no viene de la disidencia de las Farc, sino que es falso. No sabemos si es real o no, pero el hecho es que esas amenazas las veníamos recibiendo nosotros en campo, antes del panfleto, incluso”, afirmó Meléndez.

En la zona están organizaciones como el Instituto de Investigación Amazónica -Sinchi-,  ONF Andina, GEF Corazón de la Amazonia, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico -CDA-, Visión Amazonía, Fundación Natura y FCDS, entre otras.

Meléndez también afirmó que lo más preocupante es que hay un esquema de reclutamiento de menores masivo en muchas partes de la Amazonia. “Nosotros estamos tratando de manejar los proyectos por debajo de la cuerda con los finqueros, pero resulta que está el finquero que es usuario nuestro y al hijo ya se lo llevaron. Entonces, todo lo que ese señor haga ya lo saben las disidencias. Es un gran problema”, dijo.

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Por su parte,  Elsa Matilde Escobar, directora de Fundación Natura, manifestó que cualquier amenaza es inaceptable y despreciable. “Hay que denunciarla, exigirle al gobierno la protección de los líderes. No más retórica y discurso, tiene que haber un compromiso real y acciones concretas". 

El temor es grande. Y, no es para menos, uno de los panfletos concluye diciendo: “No queremos hacerle daño al pueblo colombiano, pero nuestra inteligencia ha logrado identificar que los diferentes programas de la región se están prestando para un juego muy peligroso donde sus líderes están echando al pueblo guaviarense de enemigo a la Farc. Sus vidas corren peligro. Muerte a los traidores”