La ratificación del Acuerdo de Escazú es clave para que el tratado pueda entrar en vigencia, por esta razón más de 200 organizaciones sociales y ambientales le pidieron al Congreso y al Gobierno nacional que surta este trámite para que el país pueda formar parte del primer acuerdo regional que protege los derechos de los líderes ambientalistas.

La exigencia tiene muchos fundamentos y el principal es que Colombia se convirtió en el país del mundo más peligroso para ejercer la defensa medioambiental. Según datos de la oenegé británica Global Witness, en 2019 fueron asesinados 212 ecologistas, de los cuales 64 víctimas se reportaron en el territorio nacional. Los más afectados fueron líderes indígenas, guardabosques y activistas. 

Algunos de los objetivos que persigue este acuerdo, compuesto por 25 artículos, tienen que ver con garantizar:

- Los derechos de acceso a la información ambiental
- La participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales
- El acceso a la justicia
- La creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 

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Para las organizaciones firmantes, el Acuerdo de Escazú debe ser una prioridad para el Gobierno pues permitirá fortalecer de manera decisiva el marco de derechos humanos, territoriales, ambientales y de la naturaleza conforme a la Constitución Política de Colombia y la normatividad ambiental vigente, el Derecho Internacional Ambiental, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Río o Carta Mundial de Derechos de la Naturaleza, dicen las organizaciones en una comunicación oficial.

Se debe legitimar la defensa de los derechos ambientales

Plantean que este es el primer instrumento vinculante para salvaguardar la vida de las personas defensoras ambientales y los territorios y proteger todas las formas de vida, legitimando el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y ambientales en la protección del patrimonio ambiental colectivo, así como la integración del conocimiento de los pueblos originarios y la actualización de los servicios de información y atención del estado en materia ambiental.

Los pueblos indígenas son de las poblaciones a las que más se les vulneran sus derechos. Foto: Mongabay Latam

Argumentan que para cumplir con este objetivo se requiere reconocer, proteger y promover, prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas, intimidaciones, vulneraciones de derechos y todo tipo de actos de violencia que atentan contra los líderes y los territorios, para lo cual se necesita de medidas urgentes por parte del Gobierno para fortalecer la soberanía territorial desde el impulso de la participación ciudadana en el ejercicio de la justicia ambiental y la toma de decisiones. 

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Para estas organizaciones, la ratificación del Acuerdo de Escazú debe priorizarse para prevenir violaciones del derecho a un ambiente equilibrado, sano y sostenible. Igualmente, Climate Action Network International plantea que este marco legal e institucional puede ayudar a asegurar que los compromisos con la reducción de los impactos del cambio climático, como los Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional NDC, se desarrollen de manera participativa y democrática para promover la inclusión social y garantizar la aplicación efectiva de las medidas que contiene.

Debe primar el bienestar común 

Frente a la ambigüedad de la posición pública por parte de distintas autoridades así como de gremios económicos como la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), que se mostró en contra de ratificar el Acuerdo, las dos centenas de organizaciones exigieron que debe primar la toma de decisiones para el bienestar común y no los beneficios para los sectores económicos privados, petición a la que se unieron ambientalistas como el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez y Camilo Prieto, líder del Movimiento Ambientalista Colombiano.  

Le hicieron un llamado a los gremios para que sean aliados del desarrollo socioeconómico territorial con igualdad de derechos y equidad de oportunidades, donde el derecho a la ciencia, a un ambiente sano y al crecimiento económico y ecológico puedan integrarse como un nuevo proyecto común de país. 

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Argumentan que la ratificación del Acuerdo contribuirá a la construcción de una sociedad democrática y sólida en materia ambiental, promoviendo la toma de decisiones informadas, a dar un tratamiento no violento a los conflictos socioambientales, conservar el patrimonio natural y generar un contexto adecuado para las inversiones, integrando la visión y vocación ambiental de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales.

De igual forma indican que para alcanzar una soberanía nacional integral se debe fortalecer la estructura jurídica, administrativa y normativa del país para garantizar que existan las instancias, herramientas y procesos adecuados para establecer las bases de la construcción una paz completa y verdadera desde el diseño de un nuevo modelo de desarrollo ecológico y económico sociocultural con un enfoque ambiental y ecocéntrico.

El año pasado Colombia se convirtió en el país en donde más asesinaron a defensores del medio ambiente. Mauricio Ochoa/Semana

"Colombia debe contar con un marco normativo que garantice la conservación integral de la biodiversidad desde el ejercicio de los derechos de la ciudadanía al acceso a la información, la transparencia y la protección de quienes defienden los derechos ambientales, con la suficiente asignación presupuestal, coordinación interinstitucional y una completa, oportuna e idónea implementación por parte de diferentes entidades del Estado , los sectores económicos y la sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos ambientales y humanos desde un compromiso integral de avanzar hacia la gobernanza ambiental en Colombia para lajusticia integral", se elle en la comunicación. 

Se requiere que 11 países ratifiquen el Acuerdo para que entre en vigencia. Hasta el momento 9 de las 22 naciones que lo firmaron, lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Por su parte Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía son los 13 países que ya firmaron, pero tienen pendiente su ratificación.

Por su parte, Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago y Venezuela son los 11 países que aún no lo firman.