Llueven críticas a decisión de hacer consultas previas virtuales con comunidades étnicas

Un fuerte debate ha desatado en el mundo ambientalista la decisión del Ministerio del Interior de realizar los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas a través de medios digitales.

A pesar de que, en su mayoría, estas poblaciones no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan llevar a cabo estos procedimientos de manera virtual, mediante una circular externa, expedida el pasado 27 de marzo, la ministra Alicia Arango informó que debido a que estas comunidades son sujeto de especial protección y se encuentran en situación de vulnerabilidad, no se realizarían más reuniones físicas para tal fin, hasta tanto se levante la cuarentena, por lo que se determina el uso de medios digitales para la realización de este tipo de trámites. 

"Es necesario adoptar y promover medidas tendientes a realizar las consultas previas por canales virtuales, digitales y semejantes", indica la circular firmada por Arango, en la cual se determinó además "suspender las acciones y actuaciones presenciales de los procesos de consultas previas de proyectos, obras y actividades, y de medidas legislativas y administrativas, que impliquen visitas, reuniones y aglomeraciones físicas de las comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio".   

Ante esta decisión, expertos ambientalistas consideran que se les están vulnerando los derechos a estas poblaciones y se está flexibilizando aún más este proceso, que por el contrario debe fortalecerse para evitar que estas poblaciones terminen perjudicadas con decisiones del gobierno.

“Poner a las comunidades indígenas a que se conecten a un computador e internet para hacer una consulta previa, es inconcebible. Están vulnerando derechos fundamentales y los estados de excepción o emergencia no permiten eso. El artículo 215 de la Constitución Política y la ley esturaría de los estados de excepción, que es la 137 de 1994, no permite que se limiten o cercenen derechos fundamentales y eso también está contemplado en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San salvador”, indicó Rodrigo Negrete, abogado ambientalista.

Para Negrete es una locura lo que ha planteado el Ministerio del Interior ya que está desconociendo, por ejemplo, que existen pueblos indígenas no contactados. “Además las consultas previas deben traducirse en los idiomas de los pueblos”, sostuvo.

Le recomendamos: Ambientalistas se rebelan contra carta de empresarios que piden flexibilizar trámites ambientales

Para él, son decisiones totalmente regresivas y hasta inmorales. “Todas estas agencias que ha creado el gobierno se hicieron para agilizar los procesos a favor de las empresas y no para salvaguardar los derechos de las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, consideró que la decisión como inaceptable pues, en su concepto, es una forma de debilitar estos procesos. A través de sus redes sociales, el experto ambientalista, se preguntó ¿acaso ignoran que la mayor parte de estas comunidades no cuentan con la infraestructura requerida en sus territorios?

Frente al tema, el biólogo y profesor Germán Andrade, dijo que es de no creer. En su concepto, por todos lados se muestran evidencias sobre una institucionalidad ambiental debilitada. No concibe que en plena cuyuntura se proponga relajar más los procedimientos. ¿Ignorancia sobre qué es sostenibilidad?, se preguntó.

Entre tanto, la líder indígena del pueblo Nasa, Fabiola Piñacué, argumentó que no es aceptable que se utilice la pandemia para hacer daños irreparables a Uma Kiwe (madre tierra) y quitarle los derechos a los pueblos indígenas.

La justificación del Mininterior se sustenta en la vulnerabilidad que tienen estas comunidades y los riesgos que podría acarrear mantener encuentros físicos. 

Frente a esta realidad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), lamentó la decisión del gobierno colombiano de usar medios virtuales para las consultas previas con comunidades étnicas. 

Le sugerimos: Por la vía jurídica, indígenas de la Sierra Nevada piden protección de sus derechos

"Si bien consideramos esencial el distanciamiento social para lidiar con la pandemia, no es la metodología adecuada para hacer efectivos los derechos a la participación y el acceso a información. Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados. Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse", informó.

"Exigimos que los gobiernos de América Latina se abstengan de aprobar proyectos que dañen el ambiente y los derechos humanos, y que mantengan la protección especial de los y las defensoras ambientales", dio a conocer la Asociación en una comunicación.

De igual forma, urgió a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales.

A través de la misma circular, el ministerio del Interior también determinó que una vez levantado el aislamiento preventivo obligatorio, se reanudarán con normalidad las actividades misionales en campo, las cuales se encuentran suspendidas desde el pasado 17 de marzo.