En febrero de este año, la Contraloría General de la República había anunciado auditoria al proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Hidoituango. En ese momento, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, explicó que la participación de la entidad se haría por medio de dos delegados: de participación ciudadana y de medio ambiente. 

Por esto, durante un mes, el organismo de control realizó un recorrido por la zona afectada para conocer de primera mano las denuncias planteadas por las comunidades. Más de 300 quejas recibieron en los cuatro departamentos y  15 municipios visitados.

Estas fueron trasladadas a EPM, Alcaldías, Gobernaciones y otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Unidada Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades.

Según , Luis Carlos Pineda Téllez, contralor delegado para la participación ciudadana, y quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, corresponden a las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa.

Los testimonios recogidos permitieron establecer que las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90 %, de actividades relacionadas con el río. 

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Para Eulalia Corpa, habitante de Achí (Bolívar), la calidad de vida en esa población ha bajado más de un 50 %, porque todo es más caro, pues “si no puede sembrar nada, todo sube”, afirmó.

Afirmación que respalda Santiago González. pescador de Valdivia (Antioquia), “como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río, en su cauce”, dijo.

Tellez también planteó que las denuncias sobre daños psicosociales y a la infraestructura de los tererritorios también son recurrentes. "Los pobladores dicen que todas estas afectación vinieron como consecuencia de la creiente súbita del río Cauca, que se generó el pasado 12 de mayo de 2018", manifestó.

Yonhani Paternina Fernández, quien trabaja como apoyo en la coordinación de riesgo municipal de Ayapel (Córdoba), por ejemplo, afirmó que “hubo afectación psicológica a los habitantes de los ocho corregimientos del municipio que podrían ser afectados si Hidroituango llega a desbordarse o a romper la compuerta”.

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Dora Uribe, cabildante adulto mayor del corregimiento de Puerto Valdivia también alzó su voz y dijo que cuando fueron a hacer esa represa, ello se opusieron. "Nosotros siendo campesinos, casi analfabetas, sabíamos que era un perjuicio y nos dijeron que la hacían por encima del que fuera. Entonces nosotros le pedimos que por encima del que sea, también nos respondan", dijo.

De igual forma, también se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. "Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y sólo para el departamento de Antioquia", establece la Contraloría. 

Pero, para el contralor delegado para la participación ciudadana, las situaciones objeto de denuncias que causan mayor preocupación tienen que ver con la presunta irregular gestión del manejo del riesgo, las posibles deficiencias que se advierten en el plan de retorno de los afectados, y las probables falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.

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En palabras de Manuel Suárez, habitante de la comunidad indígena Balai, del corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres, “esta es la crónica de una muerte anunciada… estamos viviendo una zozobra y esa represa se va a venir el día menos pensado y no sabemos qué acompañamiento vamos a tener”.

Algo similar expresa Marina Espinosa, habitante del municipio de Valdivia, sobre la situación que viven cada vez que se activan las alertas: “A dónde nos vamos a ir… No sabemos a dónde nos van a meter, sabiendo que tenemos un lobo dormido ahí arriba, en esa represa”.

Ana María Ladeo, habitante del corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, agregó que “es injusto que después que nos digan a los sectores que ya no retornan, que estamos dentro de una mancha de la inundación, ahora quieran hacer con nosotros lo que ellos quieran, y digan que van a mitigar las cosas arreglando las casas y no respondiendo como nos deben de responder. Con qué tranquilidad nos vamos a venir nosotros a nuestras casas sabiendo que estamos dentro de una mancha de la inundación”.

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Las voces de Puerto Valdivia

Estas son alguna de las denuncias recogidas por la Contraloría General en Puerto Valdivia, Antioquia:

El recorrido

Cuatro departamentos y 15 municipios con sus corregimientos fueron visitados por la Controloría.

Antioquia

Sabanalarga, Valdivia, Corregimiento Puerto Valdivia, Cáceres, Corregimiento Guaramo, Caucasia, San Andrés de Cuerquia, Ituango

Córdoba  

Ayapel

Sucre

San Marcos, San Benito Abad, Corregimiento Jegua, Guaranda

Bolívar

San Jacinto del Cauca, Magangué, Corregimiento Santa Mónica, Corregimiento Barbosa, Pinillos, Achí, Corregimiento Guacamayo, Corregimiento Tres Cruces, Montecristo

Las entidades

La Contraloría General de la República trasladó las denuncias de la comunidad a las siguientes instituciones

EPM

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Procuraduría General de la Nación

Unidad Nacional de Protección

Alcaldía de Valdivia

Alcaldía de Caucasia

Alcaldía de Cáceres

Alcaldía de Sabanalarga

Alcaldía de Ituagüí

Alcaldía de San Benito de Abad

Alcaldía de Magangué

Alcaldía de Achí

Departamento para la Prosperidad Social (DPS)

Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (DAPARD)

Gobernación de Antioquía

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Sucre

Gobernación de Córdoba

Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Antioquía.

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realizará especial seguimiento a las denuncias y respuestas de las autoridades competentes, con el fin de dar solución a las necesidades ciudadanas.