Como una medida para evitar factores de riesgo para la salud humana y proteger la biodiversidad del país, el procurador general, Fernando Carrillo, hizo un llamado urgente con el fin de que se frene la tenencia en cautiverio, así como el comercio y consumo de fauna silvestre en el territorio nacional.

A través de la directiva 014 de 2020, el funcionario convocó a diferentes entidades con el fin de que se realice un trabajo articulado que garantice la protección de la fauna silvestre en su hábitat natural. 

De esta forma, les pidió a los ministerios de Ambiente, Agricultura, Interior, Transporte, Salud, Comercio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), así como a las corporaciones autónomas regionales, los establecimientos públicos ambientales, las autoridades ambientales de grandes centros urbanos, la Aerocivil, las capitanías de puerto, las fuerzas militares, la policía, los gobernadores y alcaldes, trabajar en la búsqueda de este objetivo.

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Además, les solicitó a las autoridades ambientales disponer de presupuestos para la construcción inmediata de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) y recalcó la obligatoriedad de rescatar y reubicar las especies que aún permanecen en manos de particulares, salvo aquellos casos en los que se ordenen decomisos definitivos.

Animales en cautiverio, una práctica que cada vez más voces piden que se acabe.

El Procurador también exigió el cumplimiento de los protocolos de manejo de fauna silvestre por parte de universidades, zoológicos, museos, zoocriaderos, y que se prohiba "bajo toda circunstancia el ingreso de personas ajenas a las autoridades ambientales, a los centros de manejo de fauna silvestre y el encierro en este mismo espacio de especímenes de fauna silvestre nativa, exótica y doméstica".

Para Carrillo, es determinante que el Ministerio de Ambiente fije políticas claras sobre manejo, administración y funcionamiento de zoológicos, zoocriaderos y otras figuras que autorizan la tenencia legal de fauna silvestre nativa o exótica, que garanticen la salud para el personal, así como pólizas de funcionamiento de los establecimientos, alimentación, salud y salubridad de los especímenes de fauna que albergan.

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Con esta postura, Carrillo Flórez se sumó a las propuestas impulsadas por organizaciones como Global Wildlife Conservation (GWC) y Wildlife Conservation Society (WCS) tendientes a prevenir futuros brotes virales mayores como la covid-19, que impactan globalmente a la salud y al bienestar de las personas, a la economía y a la seguridad. Específicamente WCS ha recomendado detener todo el comercio de vida silvestre para consumo humano, particularmente de aves y mamíferos, y cerrar todos los mercados destinados a esta práctica.