Consejo de Estado niega suspensión de pilotos de fracking en el país

Un nuevo capítulo vive el país en torno al desarrollo de proyectos de fracking. Ahora el Consejo de Estado negó una medida cautelar que pretendía que se suspendieran de manera provisional los Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos No Convencionales de hidrocarburos.

La decisión del Alto Tribunal da luz verde para que se avance con el desarrollo de estas iniciativas, aunque al Gobierno colombiano aún le falta regulación en distintos ámbitos para que que las mismas inicien su implementación.

Las medidas cautelares habían sido solicitadas por un grupo de congresistas que a través de una demanda buscan tumbar el decreto Decreto 328 de 2020, por el cual se fijan lineamientos para el desarrollo de este tipo de proyectos en el país. 

Para la Corporación los planteamientos presentados por los congresistas César Pachón, Katherine Miranda y César Ortiz, no son suficientes para ponerle freno a esta iniciativa por lo que decidió “negar la medida cautelar solicitada por los demandantes, con la advertencia de que esta decisión no constituye un prejuzgamiento”.

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Los congresistas argumentaron que la norma viola el principio de precaución ambiental y que no se realizó la consulta previa para expedirla, por lo que pedían suspenderla mientras se falla definitivamente su demanda.

Específicamente en lo relacionado con la afectación que estos proyectos causarían en materia medioambiental, el Consejo de Estado argumentó que siguen las recomendaciones suministradas por la Misión conformada por el Gobierno para establecer los parámetros de producción.

Argumenta que desde el 8 de noviembre de 2018 el Alto Tribunal ya había dicho que se debe tener de antemano todo tipo de evidencia científica para llevar a cabo un plan de este tipo, y cualquier decisión debe seguir las recomendaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático suscrita en Nueva York en 1992.

El Consejo de Estado es claro en que con este concepto no compromete futuras decisiones a fondo sobre el fracking y su puesta en marcha en Colombia, “puesto que simplemente responde al análisis inicial y previo que corresponde realizar en este estado procesal”.

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