Al igual que sucedió con Samacá, Chivatá y Tibasosa, además de la propia Gobernación de Boyacá, el municipio de Villa de Leyva, uno de los más turísticos de la región, le dijo no al uso del asbesto en la realización de obras públicas.

Los 11 concejales de esta población, en segundo debate y de manera unánime, aprobaron el acuerdo municipal mediante el cual se prohíbe la utilización del mencionado mineral en este tipo de proyectos.

Solo en lo corrido del presente año, estos cuatro municipios han tomado la decisión que, en el caso de Villa de Leyva, surgió por iniciativa del presidente del Concejo, Juan Camilo Castellanos, quien explica que en este momento el acuerdo está en la mesa del alcalde para su sanción.

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En este mismo proceso están Tunja y Moniquirá. En esta última población, la propia Alcaldía se encargó de presentar ante el Concejo municipal la iniciativa, con el fin de que este órgano apruebe la prohibición del uso de este material en el desarrollo de obras de infraestructura, que tengan que ver con el sector público.

La autoridad municipal tomó la decisión dada la demoras y dificultades que enfrenta el proyecto de la Ley Ana Cecilia Niño, que cursa en el Congreso de la República y que busca, precisamente, la eliminación de este material en diferentes actividades económicas del país.

Castellanos espera que cada día un mayor número de municipios se sumen a este tipo de iniciativas que buscan proteger la vida de las personas, pues en Colombia ya son más de 1.700 las víctimas que ha dejado este material cancerígeno, en los últimos cinco años.

A su juicio, el país no puede ser inferior a una problemática que causa tantos daños a la salud y por ello, los 11 concejales que hoy hacen parte de este órgano le dieron vía libre a esta iniciativa, con el fin de honrar el nombre de las víctimas de cáncer, provocado por esta sustancia.

Incentivos para el sector privado

Para Castellanos esta decisión es clave, dado que el municipio de Villa de Leyva enfrenta un crecimiento importante en materia de construcción e infraestructura y el objetivo es que los contratistas públicos no utilicen este mineral en este tipo de desarrollos.

Actualmente, hay un importante número de proyectos de edificación de escuelas, colegios, acueductos y alcantarillados, que si dejan de usar este material brindarán un aporte importante a la preservación de la salud de sus habitantes, dice el concejal.

El acuerdo aprobado en el Concejo busca involucrar al sector privado y por eso incluye un artículo en el que se propone que la administración municipal otorgue algún tipo de incentivos tributarios.

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Los municipios tratan de hacer su trabajo, mientras se espera qué sucede con el proyecto de Ley Ana Cecilia Niño, que surte su trámite en el Congreso y al cual le falta un debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, que deberá cumplirse antes del próximo 20 de junio.

De no lograrse la aprobación de esta iniciativa en esta oportunidad, sería la octava vez consecutiva que quedaría archivada. Datos manejados por la senadora, Nadia Blel Scaff, autora de la iniciativa, indican que actualmente hay al menos 256 compañías que desarrollan actividades con este material, y el 7% de sus trabajadores, alrededor de 700, están expuestos a contraer enfermedades cancerígenas por causa de esta sustancia.