El mapa de este departamento viene sufriendo una transformación desde el año 2010 para permitir la entrada de actividades extractivas. Ante este panorama, las comunidades organizaron una audiencia ambiental para oponerse a estas iniciativas.
A pesar de la sentencia C-035 de 2016 que sentó un precedente vital, año y medio después del fallo aun falta mucho para lograr la protección absoluta de estos ecosistemas.
El último proyecto de ley estatutaria que reglamenta el ejercicio del derecho a la consulta previa deja ver la brecha que existe entre la interpretación del gobierno y las expectativas de las comunidades.
Si bien las grandes decisiones están en manos de los poderosos tal vez acciones individuales o grupales contribuyan a que la huella de carbono de la humanidad disminuya.
El principal puerto del país y ha sufrido en los últimos 20 años un conflicto armado que sumado a una mala planeación de diversos proyectos han tenido terribles consecuencias para la zona.
Lejos de encontrar las mejores soluciones y de entender realidades sociales, el proyecto está implicado en conflictos que han perjudicado a las comunidades que históricamente han ocupado el territorio.
Si se quieren evitar nuevas consultas populares, hay que otorgarle a los derechos humanos y a los ambientales el mismo nivel de estabilidad legal que tienen las inversiones económicas.
Con la posible participación de la empresa Powerchina en las obras de navegabilidad del río Magdalena, las comunidades y el medioambiente se enfrentan a un peligro más grande que el que significaba Odebrecht.
La población urbana se mantiene al margen de la grave crisis que vive el campo colombiano.
Luego de dos años de resistencia civil en el sur del Caquetá frente al proceso de exploración de hidrocarburos en el Bloque el Nogal de la Empresa Emerald Energy PLC Colombia, se pretende dar inicio a la fase exploratoria del proyecto.
Cualquier acción en pro de la conservación de los recursos naturales es valiosa y hoy, más que nunca, es el momento de tomar cartas en el asunto para garantizar su sostenibilidad.
Semana Sostenible presenta los resultados del último informe de Global Witness sobre defensores ambientales asesinados en el mundo. Colombia ocupó el segundo lugar. Según la organización, en 2018, murieron en el país 24 personas.
Ni el conflicto armado, ni el narcotráfico, ni la colonización o el olvido del Estado han logrado que el pueblo awá desfallezca. El territorio ancestral es su vida, y por su tierra están dispuestos a morir. Ahora le apuestan a unificar su Gran Familia Binacional. Especial multimedia.
En la última década los cinco oleductos para el transporte de petróleo con los que cuenta Ecopetrol en el país han sido volados más de 1.010 veces. Según la empresa, tan solo el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados terroristas en 33 años. Esto ha generado el derrame de cerca de 3,7 millones de barriles de crudo en suelos, quebradas y ríos. Informe especial.
A un clic de distancia puede enterarse de cómo cambiando un hábito tan minúsculo como desconectar el cargador del celular, puede ayudar a conservar una especie en peligro como el cóndor andino.
La comercialización clandestina y la alta demanda para consumo y tenencia doméstica tienen a estas especies en la retina de las autoridades ambientales colombianas. Aves, reptiles y anfibios son los más apetecidos.
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