Una investigación judicial adelantada por la Fiscalía General de la Nación logró identificar que una carretera es una de las grandes responsables del daño ambiental y la acelerada pérdida de selva tropical en una zona de especial protección ecológica entre los municipios de Calamar y Miraflores en Guaviare. 

De acuerdo con las verificaciones de la entidad, la construcción de una vía de 138 kilómetros entre ambos municipios no contó con los permisos ni licencias ambientales. Además, el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques en la zona, “incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región”. 

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Ante esto, la Fiscalía concluyó que los alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial y que al parecer fueron permisivos frente a las irregularidades ambientales encontradas.

La carretera entre Miraflores y Calamar no contó con permisos ni licencias ambientales. Foto: Fiscalía.

“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados”, aseguró la Fiscalía.

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Durante una diligencia judicial llevada a cabo San José del Guaviare, un juez de control de garantías decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla. 

Aunque el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra los mandatarios, las investigaciones y el proceso judicial continuarán. A la audiencia fue citada la Corporación para el Desarrollo Sostenible para el Norte y Oriente Amazónico como autoridad ambiental y como víctima. Sin embargo, los representantes de esta entidad no asistieron”, aseguró la Fiscalía General de la Nación.

Los árboles amazónicos del bosque tropical fueron las principales víctimas del paso de esta carretera de 138 kilómetros. Foto: Fiscalía.

La investigación del ente judicial encontró que varios de los focos de deforestación e incendios en la zona están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal. 

Además, basado en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación en Guaviare se triplicó durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales, al pasar de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. 

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El reporte de deforestación del Ideam del año pasado revela que Guaviare fue el tercer departamento del país que más perdió bosque, con un total de 34.527 hectáreas. Los municipios de San José del Guaviare y Calamar figuraron entre los cinco territorios más afectados por la motosierra.