La demanda que interpuso recientemente la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) ante el Consejo de Estado en busca de la nulidad de la modificación de la licencia de cacería de fomento para el zoocriadero de la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm recibió un importante espaldarazo. 

Tras una reunión sostenida en Bogotá, las 33 corporaciones autónomas regionales del país le manifestaron a la Carder su apoyo unánime en su objetivo de frenar la expedición de estos permisos que, en este caso, le dieron la posibilidad a dicha empresa de cazar 23 especies de fauna silvestre en peligro de extinción en el territorio colombiano. Se trata de cinco aves, dos reptiles y 16 anfibios (ranas). 

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Julio César Gómez, director de la Carder, señaló que, durante la actividad, el tema de las licencias fue de obligatoria discusión. "Realmente allá obtuve el acompañamiento, la solidaridad y sobre todo la preocupación de todas las corporaciones en el entendido de que también son regentes, subsidiarios o están siendo afectados con esas licencias que han sido otorgadas por la Anla”, indicó. 


Desde el 2008 la sociedad Tesoros de Colombia viene trabajando en la reproducción, comercialización y repoblamiento de siete especies de ranas colombianas. Foto ilustración: archivo / WCS. 

El funcionario aseguró que se encuentran en la búsqueda de un entendimiento colectivo que incluya a las comunidades residentes en las regiones en donde se desarrollaría la caza con el fin de que no queden abiertas opciones a la cacería ilegal. 

Afirmó que su posición frente a este tema no era un capricho ni una postura contradictoria. "Estas licencias tienen unos tecnicismos y unas valoraciones que ellos no tuvieron en cuenta a la hora de otorgarlas", explicó el funcionario, quien aseguró que aspiran muy pronto a poderse reunir con la Anla para efectuar una discusión académica, técnica y jurídica que permita tener criterio articulado en el otorgamiento de este tipo de licencias en los territorios. 

La Anla respondió 

Frente a la controversia desatada por la modificación de la licencia del zoocriadero de la sociedad Tesoros de Colombia, que desde el 2008 tiene licencia para reproducir en cautiverio siete especies de ranas, la Anla sostuvo que la caza de fomento es definida por el Código Nacional de Recursos Naturales como la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos.

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La autoridad ambiental, a través de un comunicado a la opinión pública, resaltó el hecho de que inicialmente la licencia ambiental para el establecimiento de ese zoocriadero fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Aclaró que ahora la Anla había adelantado su modificación, mediante la Resolución 2370 del 3 de diciembre de 2019, ampliando, en últimas, su catálogo de especies con fines de zoocría comercial.


En Colombia en la actualidad no solo hay zoocriaderos de ranas, también existen de mariposas, babillas, iguanas, entre otros animales. Foto: Pixabay. 

Aseguró que dicha resolución fue expedida "dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y que en la misma están previstas las medidas de manejo para la prevención, corrección, mitigación o compensación de los impactos ambientales del proyecto, con base en la evaluación técnica y jurídica de la solicitud presentada por el titular". 

Resaltó el hecho de que "la recolecta autorizada en la modificación de la licencia ambiental se relaciona con especies silvestres que no están en vía de extinción, en diferentes áreas de distribución". También, que se otorgó por un término de tres años, sobre un número máximo de individuos y estarán supervisadas por esta autoridad y por cada corporación autónoma.

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Indicó la Anla que los titulares de las licencias ambientales tienen que cumplir con las obligaciones ambientales para realizar estas recolectas de individuos, además de cumplir las cuotas de reposición y repoblamiento por el aprovechamiento en cada CAR.

La Anla también señaló que a la fecha no ha sido notificada de la admisión de la demanda interpuesta por Carder. "Una vez el Consejo de Estado corra traslado de la demanda, esta autoridad procederá a ejercer la defensa judicial en los términos establecidos en la ley", dice el comunicado. 

Tesoros también habló 

Iván Lozano, director de Tesoros Colombia, aseguró a su turno que su trabajo se basa en la conservación de especies que están bajo algún grado de amenaza. "Buscamos repoblar los ecosistemas de donde han sacado los individuos", afirmó. 

Sostuvo que, desde su organización, lo que se hace es capturar a los animales, llevarlos a un zoocriadero a que se reproduzcan en cautiverio, comercializar a los nuevos especímenes de forma legal y luego repoblar los ecosistemas locales con las especies que fueron extraídas más nuevos individuos. 

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Aseguró que a través de su iniciativa, que lleva 14 años, también propenden por la conservación de áreas estratégicas y el apoyo a las comunidades rurales

"Esta es una discusión de país y no solo debe girar en torno a Tesoros, porque como nosotros hay muchos zoocriaderos más", comentó Lozano, quien informó que no continuará con el ejercicio del derecho a la caza de fomento autorizada en la resolución de la Anla, sin la previa conciliación y acuerdo sobre la misma con las comunidades y las corporaciones autónomas regionales a las que les competa por jurisdicción. 


El Gallito de roca andino sería una de las especies que podría llegar a verse afectada, según Carder, por la licencia que entregó la Anla a una empresa para cazar fauna silvestre. Foto: Luis Carlos Mora. 

Desde la Anla explicaron que actualmente la zoocría está sometida al trámite previo de licencia ambiental y es manejada y controlada por la respectiva Corporación Autónoma Regional; sin embargo, cuando estos lugares involucraban especies listadas en la Convención CITES, la competencia, a partir del Decreto 2041 de octubre de 2014, la asumió la Anla. 

"La ANLA recibió por este cambio normativo, 71 expedientes de zoocriaderos provenientes de distintas autoridades ambientales de los cuales 51 se encuentran activos y son materia de seguimiento y control, en coordinación con las autoridades ambientales que originalmente los autorizaron. Muchos de estos proyectos obtuvieron en su momento el permiso de captura por parte de la autoridad ambiental regional", resaltó la autoridad.