La posibilidad de que retornen las fumigaciones aéreas con glifosato vuelve a tomar vuelo. El auto 06943 del 23 de julio de 2020, por el cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) levantó la suspensión de la celebración de una audiencia pública virtual le volvió a dar alas a esta iniciativa con la que el Gobierno nacional busca combatir los cultivos de uso ilícito. 

La decisión tomó por sorpresa a los diferentes sectores sociales y ambientales que se oponen a que se reanuden las aspersiones con este herbicida, que aspiraban a que con el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño el pasado 10 de julio, el proceso se detuviera, por lo menos, hasta el término de la pandemia del coronavirus. 

En contexto: Indígenas y activistas celebran suspensión de audiencia virtual sobre glifosato

Sin embargo, como era obvio, el Gobierno no iba a dar su brazo a torcer, presionado internacionalmente, sobre todo por Estados Unidos, por cumplir con la meta de 130.000 hectáreas erradicadas este año. Apegado a la posibilidad que dejó abierta la sentencia del Tribunal de poder realizar la audiencia pública si se brindaban las garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general conforme a lo establecido en la ley, decidió actuar. 

 
La aspersión aérea con glifosato podría generar graves daños no solo al medioambiente, sino a la salud de las personas que se expongan a ese químico, según varios estudios. Foto: archivo/Semana.  

La Policía Nacional, encargada de modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), le informó a la Anla que contaba con todas las condiciones requeridas, tanto en el fallo como por la ley, para garantizar la participación ciudadana y le solicitó a esa entidad adelantar este trámite. 

Le recomendamos: Ordenan suspender audiencias virtuales sobre aspersión aérea con glifosato

La autoridad ambiental procedió entonces, "dando plena observancia a lo dispuesto en la providencia judicial de segunda instancia", a convocar, mediante un edicto del 24 de julio, nuevamente a la audiencia pública ambiental, que está prevista para el primero de septiembre de 2020, a partir de las 8:00 de la mañana. El documento fue firmado por el subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la Anla. 

Nuevas medidas

Para garantizar la participación de las comunidades de los 104 municipios, de 14 departamentos, en donde se realizarían las fumigaciones, fue dispuesta una transmisión de tres horas por el Canal 13 hasta las 11:00 de la mañana, así como vía streaming a través de Facebook y YouTube de la Policía, con apoyo de lenguaje de señas, hasta las 5:00 de la tarde. 

De igual manera, se transmitirá por más de 70 emisoras radiales en los departamentos de Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander y Norte de Santander. Además, para ese día se dispuso una línea telefónica gratuita nacional (018000196061) para que los inscritos puedan realizar sus intervenciones. 

 
La Anla y la Policía Nacional ya habían realizado tres reuninones informativas previas a la audiencia pública que fue detenida por cuenta de un fallo judicial. Foto: Anla. 

También se plantea desarrollar 11 espacios presenciales en igual número de municipios, de 10 departamentos (Meta, Vichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander y Chocó) en donde serán instaladas pantallas gigantes con la transmisión streaming y con la disponibilidad de un teléfono móvil para que los participantes se puedan comunicar con la mesa principal.

Para dar cumplimiento a las medidas de prevención y protección contra la covid-19 se realizará el control del distanciamiento social, a partir de un aforo máximo del 35 por ciento de su capacidad total, al igual que habrá toma de temperatura y se dispondrá de un punto de lavado de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso antes de ingresar al recinto, entre otras disposiciones. 

Le sugerimos: Con tutelas buscan frenar audiencia pública virtual sobre aspersión aérea con glifosato

La fecha límite para la inscripción de las personas naturales o jurídicas que quieran intervenir en la audiencia o presentar ponencias será el 27 de agosto, hasta las 4:00 de la tarde, a través de la línea gratuita 018000112998 y la línea de contacto ciudadano, marcando desde un teléfono móvil, (031) 2540100, de la Anla o en su página web www.anla.gov.co, diligenciando el formulario previsto para tal fin, o por medio de mensaje al correo electrónico licencias@anla.gov.co, al igual que a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y personerías municipales citadas. 

Previo a la realización de la audiencia también se contemplaron efectuar tres reuniones informativas el 11, 13 y 15 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, en las mismas condiciones en las que se realizaría la audiencia pública. 


Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

Socializarán el plan de manejo ambiental 

Ante las críticas por la falta de socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la Policía indicó que desde mayo remitió copia física y digital del documento de modificación al Plan de Manejo Ambiental General y sus anexos a las Corporaciones Autónomas Regionales, las alcaldías y las personerías municipales de los 104 municipios del área de influencia.

Informó, además, que para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Nariño y garantizar de forma efectiva el acceso de la comunidad a la información del proceso pondrá a disposición de la comunidad la modificación al plan y sus anexos en la página web www.policia.gov.co y de forma física en las Estaciones de Policía de los 104 municipios.

De igual manera, esa institución afirmó que se emitirán cuatro videos resumen del documento de modificación al PMA que explican de manera detallada, pero sencilla y clara, el contenido del documento. También se difundirá un video sobre el procedimiento de aspersión aérea y se elaborará un banco de preguntas y respuestas frecuentes que se publicará en la página web de la Policía Nacional. Además, se elaborará una cartilla didáctica para entregar a la comunidad de forma física y mediante los periódicos locales de los 104 municipios, la cual contiene la explicación de la actividad en un lenguaje claro y coloquial que permitiría trasmitir los contenidos del documento de modificación del PMAG.

Le puede interesar: Glifosato: ¿qué tan cerca está Colombia de dejarlo de usar en el agro?

De igual manera, se grabará un audiolibro de cinco minutos de duración que contendrá los elementos esenciales y detallados de la modificación del plan de manejo ambiental general y las respuestas a las principales preguntas frecuentes recopiladas en las reuniones informativas adelantadas

De esta manera, consideran la Policía y la Anla, se garantiza la participación efectiva de las comunidades, en esta audiencia que es clave, pues de no efectuarse no se podrían retomar las aspersiones aéreas, ya que irían en contra de los dispuesto por la Corte Constitucional que ordenó en 2017 al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), hasta tanto "no se hiciera una evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente fundado, que contara con garantías reforzadas de participación, donde existiera un diálogo genuino entre las autoridades públicas y las comunidades afectadas, con posibilidades reales de incidir en las decisiones que se adoptaran".


La Policía Nacional es la encargada de realizar la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). Foto: Mauricio Orjuela/Mindefensa.

Voces en contra 

El levantamiento de la suspensión de la audiencia por parte de la Anla generó el rechazo de organizaciones indígenas, ambientales y sociales, que ven en esta medida vulnerados sus derechos y una burla a las decisiones judiciales.  

Jennifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), sostuvo que la participación masiva, real y efectiva de las comunidades que se verían afectadas por la aspersión aérea con glifosato seguía en entredicho, pese a los nuevos mecanismos adoptados por la Policía y la Anla. 

Aseguró que la mayoría de personas que podrían verse afectadas a nivel ambiental y en su salud residían en zonas rurales donde hacen presencia poblaciones étnicas, afros y campesinos que no tenían en este momento la condición de participar mediante internet y donde la señal de radio y televisión tampoco llegaba. 

Lea también: El glifosato no tiene la bendición de un sector de la iglesia

Cuestionó el hecho de que se quisiera hacer salir a los integrantes de los pueblos indígenas de sus resguardos hacia los cascos urbanos para poder ejercer sus derechos. "Hay comunidades que decidieron autoaislarse para prevenir el contagio del coronavirus y que tienen una extrema situación de vulnerabilidad. Donde, además, se ha vuelto a recrudecer la violencia y el conflicto armado, lo que impide aún más su desplazamiento", afirmó. 

Para la jurista lo que la Anla está haciendo es desconocer y desacatar las órdenes judiciales de última instancia y obligatorio cumplimiento, de manera arbitraria y sin justificación. "La Anla asume que las audiencias virtuales superan el derecho a la participación, porque para esa autoridad las audiencias no son más que un trámite; no reconoce ni alcanza a dimensionar el efecto que tiene esto frente a los derechos de la vida, la integridad y la autodeterminación de las comunidades", apuntó. 


La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana.  

Mojica afirma que para que la participación sea efectiva las comunidades tienen el derecho a conocer toda la información de lo que está discutiendo, lo que implica no solo el Plan de Manejo Ambiental, sino también el análisis en detalle de la evaluación del impacto ambiental que hizo la Anla. 

"Eso le permitirá a las comunidades entender qué es programa, qué daño puede causar y las medidas de mitigación del riesgo frente a las afectaciones ambientales y a la salud que se puedan generar. Pero eso no se ha hecho y en tan corto tiempo es difícil que se efectúe eficazmente", expresó. 

La abogada informó que ya radicaron ante el Tribunal Administrativo de Nariño y ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto un incidente de desacato para que la Anla cumpla el fallo y, de ser necesario, se entre a sancionar a los funcionarios que citaron a esta audiencia. 


Las comunidades indígenas aseguran que las audiencias virtuales vulneran su derecho a la participación real y efectiva. Foto: Esteban Vega /Semana. 

Reclamos indígenas

“Las comunidades indígenas requerimos una consulta previa física, no virtual, porque, de lo contrario, se iría en contra de la misma normatividad que indica que se debe hacer mediante procedimientos apropiados a las comunidades y a través de sustituciones representativas”, expresó Jairo Guerrero, líder indígena de la comunidad Quillacinga en Nariño. 

Señaló que solo el 10 por ciento de la población rural tiene acceso a Internet en Nariño y que las demás comunidades que se encontraban, por ejemplo, más alejadas en los resguardos, no contaban con este servicio, por lo que su participación sería vulnerada. 

Puede leer: No permitirán etiquetar el glifosato como cancerígeno

Manifestó que en las zonas donde se pretenden realizar las fumigaciones aéreas en ese departamento, son precisamente las que peor condición de conectividad tienen.  “Quieren que nos adaptemos a unos sistemas que son diferentes a los nuestros (...). Se necesita información transparente y veraz para poder tomar decisiones acertadas”, destacó.

Para él no es tan fácil que, a través de una hoja y detrás de un escritorio, se ordene erradicar, "teniendo en cuenta que existen una serie de actores armados ilegales que regulan y manejan todo a nivel social en las comunidades, hacen el control y son los que están abanderan los procesos de siembra de coca", mencionó.