La presión ejercida por los movimientos ambientalistas colombianos y representantes de la sociedad civil, parece haber dado sus primeros frutos. Este jueves el presidente Iván Duque firmará el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Desde hace meses diferentes movimientos organizados en la Alianza por el Acuerdo de Escazú venían insitiéndole al Gobierno nacional sobre la importancia de hacer parte de este convenio que tiene como propósito trabajar en la defensa de los derechos ambientales en Latinoamérica y el Caribe, dada la vulnerabilidad y el número creciente de ambientalistas asesinados que se presentan cada año en esta parte del mundo. Solo en 2018, el número ascendió a 83, más de la mitad del total reportado por Global Witness, que habla de 164 en el contexto global.

En Colombia la cifra de asesinatos a líderes ambientales ascendió a 24 el año pasado, según esa ONG inglesa.  

Sin embargo, para que este acuerdo sea vinculante, es decir, de obligatoria aplicación por todas la partes que resulten involucradas, no basta solo con suscribirse, debe ser ratificado para que entre en vigor. 

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Para tal fin se requiere ahora que la Cancillería realice la justificación y presente el proyecto de la ley aprobatoria del tratado ante el Congreso, tras cuatro debates. Una vez aprobada, pasará a la Corte Constitucional para control previo de constitucionalidad en donde se analizarán aspectos de fondo y forma. Cuando la Corte emita sentencia, el Ejecutivo debe depositar el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la ONU. Adicionalmente, deberá liderar la ratificación en la región. Todo este proceso podría tardar más de un año. 

La noticia fue recibida con beneplácito por parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la cual hacen parte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Asociación Ambiente y Sociedad, la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes (MASP), la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), la Red por la Justicia Ambiental y la Red para los derechos de acceso información, participación y justicia en asuntos ambientales, al considerar que representa un compromiso con la agenda climática del país y se convierte en un nuevo acercamiento del Gobierno con la democracia ambiental y los defensores de derechos humanos y ambientales del país.

"Con fundamento en nuestra intención de diálogo constante con el Gobierno, las organizaciones que hicimos seguimiento a la negociación del Acuerdo de Escazú y que participamos activamente en su aprobación, solicitamos la inmediata puesta en marcha y fortalecimiento de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental (MIDA). Este espacio de gobernanza fue promovido conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y la sociedad civil y, finalmente, formalizado mediante la Resolución 1496 de 2018. Entre sus funciones, la MIDA se concibió como la plataforma idónea para promover y hacer seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú", informó la Alianza a través de una comunicación.

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Para la alianza el Acuerdo de Escazú es una herramienta para el fortalecimiento de la participacipación ciudadana y, por esta razón, considera que el anuncio de su firma, constituye un reconocimiento al valor de las demandas expuestas por la sociedad civil y manifestantes en el marco del paro nacional y a las discusiones de la mesa ambiental. "Recordamos que la democracia ambiental se fortalece con el diálogo honesto sobre las diversas exigencias y preocupaciones de los manifestantes que aún no han sido resueltas o tenidas en cuenta", sostuvo.  

"La firma de este instrumento ratifica el indeclinable compromiso del Presidente Duque con la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Asimismo, marca un hito histórico para el cumplimiento de Colombia de los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas", indicó el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante Permanente de Colombia ante Naciones Unidas, quien suscribió la tarde de este miércoles el acuerdo en una acto protocolario adelantado en Nueva York. 

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El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Está abierto a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe. Una vez ratificado por 11 Estados, entrará en rigor para todos aquellos que sean parte. El convenio, que se originó como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible desarrollada en en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, es un instrumento creado para la protección del medio ambiente, la participación y la justicia ambiental. Este fue el primer acuerdo internacional que reconoció como deber de los estados la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica.