Captura de carbono, control de plagas y erosión, producción de oxígeno y recursos hídricos son algunos de los servicios que brindan las áreas protegidas. Estos ecosistemas clave requieren de una atención prioritaria en pro de mitigar los efectos del cambio climático.  

Conscientes de su importancia, los representantes de los gobiernos de 33 países de América Latina y el Caribe, al igual que expertos, comunidades, guardaparques, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil respaldaron la Declaración de Lima, en el marco del III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la capital de Perú. 

A partir de esta iniciativa los participantes trazarán unas líneas de acción para el cumplimiento de los compromisos globales del área, de cara a la próxima década que será de “vital importancia” ante la crisis ambiental. Asimismo, se comprometen a impulsar mecanismos que mejoren la calidad y efectividad en la gestión de las áreas protegidas y a articular las agendas frente al cambio climático, el desarrollo sostenible y la biodiversidad. 

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"Este acuerdo surge al reconocer la invaluable importancia que tienen estas áreas naturales para la vida de numerosas especies, la lucha contra el cambio climático y el bienestar de la sociedad. El llamado es claro: los gobiernos de la región deben incrementar su ambición y acordar una ruta común con acciones y metas concretas frente al marco Global de Biodiversidad Post 2020", señaló WWF en un comunidado de prensa.  

El documento final de la declaración señala que la gestión efectiva de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos son de central relevancia para todos los Estados y naciones del planeta y, más aún, teniendo en cuenta que esta región representa el 20% de la megadiversidad mundial. 


La colonización ilegal de tierras para pasturas de ganado es uno de las presiones más fuertes en las áreas protegidas. Foto: archivo/Semana. 

El manifiesto reconoce, además, que Latinoamérica ha avanzado de forma significativa en comparación con otras regiones del mundo por la atención a las áreas protegidas y a la calidad de su gestión y resultados, pero advierte que todavía requiere una mayor participación por parte del sector privado y financiero.

“No estamos en trayectoria para cumplir las metas de Aichi. La agenda de naturaleza requiere voluntad política y un mayor vínculo con aspectos económicos. Necesitamos establecer metas de conservación de la biodiversidad cuyo objetivo sea cambiar conductas. Ámerica Latina tiene el potencial para liderar este proceso e inspirar al resto del mundo para lograr un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas”, manifestó Manuel Pulgar-Vidal, líder Global de Cambio Climático y Energía de WWF.

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Ximena Barrera, coordinadora de Política de Latinoamérica de WWF, por su parte, sostuvo que aunque los avances eran buenos en cuanto al porcentaje de territorio protegido y a la participación de las comunidades indígenas, urgía multiplicar esfuerzos para mejorar la calidad de la gestión y un mayor financiamiento de los sectores privado y financiero. “Las soluciones basadas en la naturaleza son el vehículo para fortalecer la cooperación regional e incrementar la ambición ante el cambio climático y aportar al cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, comentó.

"De esta reunión comunidades indígenas, académicos, ONG y autoridades salimos fortalecidos y motivados para la acción con miras a hacer mejor las cosas para evitar el avance de la degradación de la naturaleza, toda vez que ha quedado claro que las áreas protegidas son la mejor herramienta para conservar la biodiversidad y nos proveen de servicios ecosistémicos invaluables, como comida, medicinas, agua, paisajes y recreación, siendo reconocidas por los asistentes como óptimas soluciones basadas en la naturaleza para el bienestar”, apuntó Mariana Ferreira, gerente de Ciencias de WWF Brasil.

Sin embargo, no todo es color de rosa. De acuerdo a su compromiso con la Meta 11 de Aichi, la mayoría de los países de América Latina cubren o están próximos a cumplir el 17% de su protección en zonas terrestres y aguas continentales, así como el 10% en zonas costero-marinas. Esto significa que en la zona latinoamericana hay 6.921 áreas terrestres, costero-marinas y marinas protegidas que cubren 7.954.405 km2. 

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Tras el análisis de estas cifras, para WWF persisten retos en el cumplimiento de la calidad del indicador, relacionados con la falta de conectividad entre áreas e integración a paisajes mayores, así como la necesidad de fortalecer la institucionalidad, lograr su manejo efectivo y una distribución equitativa de costos y beneficios.

Para este fondo, otros de los desafíos por superar son las capacidades técnicas, financieras y operativas para el manejo y el fortalecimiento de estrategias que frenen los procesos de degradación, reducción y de anulación de la protección de estas áreas. 

Colombia en la actualidad cuenta con 1.196 áreas protegidas que ocupan una superficie de 31.218.000 hectáreas. Guillermo Santos, subdirector (e) de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, informó que el país tenía 18.401.000 hectáreas nacionales terrestres, equivalentes al 16,12% de la superficie de la Nación, y 12.817.000 hectáreas marinas, que correspondían al 13,8% de la superficie marina del país.