El anuncio del gobierno sobre la ejecución de un plan para reanudar las fumigaciones con glifosato ha generado opiniones divididas. 

Mientras la ministra de Justicia, Margarita Cabello, asegura que esta herramienta es fundamental para combatir el cultivo de drogas ilícitas en el país, varios congresistas se oponen a la medida. Otros por su parte afirman que no hay claridad sobre las implicaciones de la decisión que tomó la Corte Constitucional, por lo que esperan conocer más a fondo el pronunciamiento.

El senador Guillermo García Realpe, coautor del proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato en Colombia, señala que el debate continúa abierto y que el gobierno no el camino tan llano para volver a las aspersiones aéreas con este herbicida, como lo ha tratado de hacer ver.

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Recalca que la Corte mantuvo las condiciones que le impuso al gobierno en el fallo de 2017, pese haber hecho algunas aclaraciones sobre los requisitos que había establecido, razón por la cual, sostiene, que la posibilidad de reanudar las fumigaciones no sería, por lo menos, inmediata.  

"Esto tiene más complicaciones de lo que se piensa, ya que no se puede fumigar en Parques Nacionales, ni en reservas naturales, al igual que en páramos o cerca a yacimentos de agua, por ejemplo. Además, aún no sabemos cómo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) va a manejar el tema de salud humana, teniendo en cuenta que hay decenas de estudios que advierten sobre su peligro y sentencias judiciales que han instado a países y ciudades a prohibir por completo el uso de este herbicida. El caso de Monsanto es solo un ejemplo", apunta. 

Vale la pena recordar que fue el propio CNE el que, en mayo de 2015, aprobó la suspensión de la aspersión aérea con glifosato.


El glifosato es uno de los herbicidas más usados en el mundo para la agricultura. Foto: archivo/Semana.

García Realpe cree que otro gran reto para el Estado será garantizar la sustitución de cultivos ilícitos, a partir de la implementación de proyectos productivos. "Que no se olvide que se privilegió este método de erradición antes de acudir a la fumigación. Se debe tener en cuenta el acuerdo de paz", resalta. 

Sobre el particular la ministra Cabello reiteró el compromiso del gobierno con las familias que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, "A estas familias que están comprometidas genuinamente con el programa y con el mejoramiento de sus vidas, el gobierno les seguirá cumpliendo", afirmó. 

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Lo que más preocupa al senador del Partido Liberal es que la Corte haya relativizado el principio de precaución, que -en sus palabras- se basa en que "cuando hubiese duda o poca certeza, se deberían suspender las decisiones del Estado para salvaguardar la salud y el medioambiente en el territorio nacional". 

“El Gobierno debe ponderar para poder decidir sobre la aspersión con glifosato", dice García. 

A su turno, el senador Ernesto Macías, considera que las aspersiones con glifosato son necesarias y urgentes. "Si bien el Consejo de Estupefacientes debe acatar las condiciones de la Corte Constitucional, también debe tener en cuenta la pérdida de vidas y el grave daño causado por los cultivos ilícitos en Colombia. La fumigación con glifosato es una necesidad urgente”, afirmó el congresistas en varios medios de comunicación. 

Así sería el proyecto de ley 

El proyecto de ley "por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones” será radicado en la legislatura que comenzará este 20 de julio por parte de una alianza multipartidista de la que hacen parte los senadores Iván Cepeda, Gustavo BolívarRoy Barreras, Aida Avella, Antonio Sanguino Páez, Gustavo Petro, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Iván Marulanda y Pablo Catatumbo, entre otros congresistas. 

La iniciativa establece, por ejemplo, que la Política Nacional de Drogas -componente de lucha contra las drogas ilícitas- priorizará estrategias de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, contando con medidas de acceso a tierras y activos productivos.

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Así mismo, se plantea que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) deberán garantizar las estrategias de erradicación y sustitución voluntarias, a partir de la incorparación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros o forestales o de reconversión de los usos del suelo, con el fin de atender el acceso integral a tierras para las mujeres rurales.

"La presente ley tiene por objeto preservar la vida, la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición al glifosato y sus diferentes derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas", dice el borrador del articulado de la iniciativa. 

En todo caso, el Consejo Nacional de Estupefacientes tendrá la última palabra, por ahora, sobre el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato.