Una tensa situación de orden público continúa registrándose en el municipio de San Vicente del Caguán. Un operativo realizado el pasado sábado al interior de los parques naturales Los Picachos, Tinigua y la Serranía de La Macarena, en la frontera entre Meta y Caquetá, generó un fuerte enfrentamiento entre las comunidades que residen en la zona y la fuerza pública, que aún no termina.  

Como resultado de esta intervención, el Gobierno informó que fueron capturados 20 supuestos deforestadores (12 hombres y ocho mujeres), y que cinco menores de edad fueron enviados al ICBF para el restablecimiento de sus derechos. Adicionalmente, dos soldados fueron retenidos temporalmente por la comunidad y se espera que sean liberados en las próximas horas, tras el inicio de las negociaciones. 

En rechazo a esta medida, el pasado domingo decenas de campesinos bloquearon el tránsito de vehículos en la vía que del sector Los Pozos conduce al casco urbano de San Vicente del Caguán para impedir las operaciones de una empresa petrolera. De igual manera, se concentraron en varios puntos como, por ejemplo, El Tapir (región del Guayabero-Lozada), Girasoles, El Rubí y Aires, en límites entre los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), así como en el Coliseo de Ferias de esta última población. 

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Estas comunidades aguardan por los resultados que se registren al término de las mesas técnicas de diálogo que se adelantarán con el Gobierno nacional en coordinación con la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Durante estas reuniones se espera que sean debatidos los 13 puntos que pusieron a consideración de la comisión de la Defensoría, entre los que se encuentran la liberación de los campesinos retenidos y la garantía de que no habrá señalamientos o retaliaciones judiciales contra quienes estuvieron implicados en los conflictos con la fuerza pública. 

Pidieron, además, el cese total de los operativos y el retiro de las tropas instaladas en la zona. "Invitamos al presidente Duque a que haga presencia en las mesas de diálogo", señaló Juan Pablo Jaramillo, líder social de esa región, quien también hizo un llamado al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, a estar en la zona.

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Javier Montiel, otro líder social de esa región, sostuvo que la ocupación de tierras al interior de parques nacionales por cuenta de campesinos era algo que venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, razón por la cual no era ningún secreto para el Gobierno nacional. Para él, la solución no está en llegar al territorio y sacar a la gente a la fuerza, sino en realizar un acercamiento a las comunidades para llegar a objetivos conjuntos. 

Posición que comparte Arnulfo Gasca, gobernador del Caquetá, para quien lo más importante ahora es preservar la vida y seguridad de las comunidades campesinas. "Se debe iniciar un diálogo y buscar una solución definitiva a esta situación que afecta el orden público”, manifestó. 

De esta manera, le respondieron al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sostuvo que existen estructuras criminales que están utilizando a los campesinos para "cometer una masacre contra la naturaleza". 


El fin de semana se registró un incencio en la Serranía de La Macarena La Macarena que consumió entre 150 y 200 hectáreas de este parque nacional. Foto: Ministerio de Defensa.  

La Defensoría del Pueblo, a su turno, envió una delegación al lugar en donde se vienen registrando los hechos y tras escuchar a las comunidades señaló que presumían como legítimas las operaciones de fuerza pública y la Fiscalía. "Esperamos que los jueces en sede de control de legalidad se pronuncien sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar de las mismas, y que la Procuraduría General de la Nación pondere la legitimidad del uso de la fuerza", indicó la entidad. 

La Defensoría también le exigió a las autoridades a actuar con base en los principios humanitarios de proporcionalidad y necesidad para determinar el uso de la fuerza. "Deben respetar y tomar en consideración el carácter prevalente de los derechos de niños y niñas", expresó.  

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A su turno, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, aseguró que la reacción de los militares se produjo en vista de que se dio una asonada contra los uniformados que estaban en la zona y confirmó que retuvieron a dos soldados. 

Por ahora, fue aprobada la entrada de una misión de verificación humanitaria en la zona para poder establecer las condiciones en la que encuentra la población.  

Los cuestionamientos

La Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena y la Orinoquia Colombiana (Ecoamen) emitió un comunicado en el cual denunció que el Ejército utilizó seis helicópteros para "atacar a la población civil" con gases lacrimógenos.

"Es inadmisible que se capturen presidentes de juntas de acción comunal, mujeres y niños utilizando helicópteros artillados y al Ejército Nacional a nombre de la conservación. Las comunidades han mostrado históricamente voluntad de diálogo y concertación para solucionar los conflictos que aquejan a los ecosistemas de esta región del país", dice el comunicado. Además, Ecoamen asegura que estas acciones han dejado varios heridos.

En videos aficionados se logró evidenciar la tensión en la zona durante el operativo de la campaña Artemisa, donde militares le pidieron a la comunidad que se retirara del lugar. Los campesinos increparon a los soldados y se presentó un forcejeo. Posteriormente, fueron lanzados gases lacrimógenos desde los helicópteros. Desde entonces, los habitantes de la zona llevan concentrados dos días en este lugar. 

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Según César Jerez, líder de San Vicente del Caguán, desde enero la región se encuentra militarizada y los campesinos afrontan una situación de miedo por el constante acoso al que "son sometidos por miembros de las Fuerzas Armadas".

Según la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (ASCAL-G), desde el pasado 18 de febrero se registra un inusual incremento en el número de tropas del Ejército Nacional en las carreteras que comunican a San Vicente del Caguán con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí y Puerto Losada, entre otras.

A través de un comunicado, los habitantes de la región indicaron que el pasado jueves, 20 de febrero, se presentaron combates en la vereda El Rubí (dentro del caserío), que dejaron como resultado algunos militares muertos y heridos. Algunas casas de habitantes de la vereda quedaron en medio del fuego cruzado generando zozobra y arriesgando la integridad de las comunidades campesinas aledañas.

Habitantes víctimas del conflicto

Según Jerez, en esta región habitan personas que incluso estaban en esta zona antes de que se declararan las áreas protegidas. "En la región habita población que históricamente ha sido víctima del conflicto armado y que hoy, además, es victimizada por vivir dentro de áreas que el Estado ha delimitado como protegidas, sin tener en cuenta las razones históricas que llevaron a estas comunidades campesinas a asentarse allí ni tampoco las estrategias de conservación que organizaciones como Ascal-G han emprendido durante años para la conservación autónoma de esos ecosistemas", asegura la Ascal-G.

Para los representantes de los campesinos, la sola presencia del Ejército pone en inminente riesgo a los habitantes de la región, pues como ocurrió con lo acaecido en la vereda El Rubí, la posibilidad de enfrentamientos con otros actores armados en la zona es muy alta.

"Si lo que pretenden las entidades es replicar ejercicios lesivos de los derechos humanos como los que han ocurrido en otros operativos antideforestación, esto incrementará el nivel de tensión que ya existe en la región y no tendrá mayores efectos en la conservación de los bosques ni de los Parques Nacionales Naturales", dijo. 

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De acuerdo con Jerez, en el operativo realizado el pasado jueves, el Ejército retuvo a cinco personas, entre ellas dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, violándoles sus derechos. Dice que desde que el gobierno implementó la Operación Artemisa se han desarrollado unos seis operativos y en todos se han registrado detenciones ilegales de pobladores de la región.

Manifiesta que esta situación está generando nuevos desplazamientos, porque se está tratando a los campesinos por la fuerza en cambio de recurrir al diálogo. Para Jerez, es imperante que se establezcan mesas de concertación que permitan encontrar salidas a la problemática que se presenta en la región. 

Por su parte, ASCAL-G pide que se respeten la vida y los derechos de las comunidades, que cesen las presiones de los militares contra los habitantes de las llamadas áreas protegidas y sus zonas colindantes, dado que esto no soluciona los problemas de fondo que están detrás de la deforestación.

Considera que es urgente que se reactiven las mesas nacional y regional de concertación entre habitantes de las áreas protegidas y las instituciones del sistema nacional ambiental de las áreas protegidas.

A las voces de rechazo también se unió la corporación Reiniciar (corporación para el fomento del ecoturismo comunitario en el área de manejo de la Macarena y la Orinoquía), quienes condenaron la “agresión violenta por parte del Estado contra los campesinos que habitan parques Tinigua y cordillera de Picachos”, dice el comunicado.

Así mismo, la Comisión Colombiana de Juristas se pronunció al respecto. En un comunicado firmado por varias organizaciones, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los nuevos hechos de atropellos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de las autoridades judiciales en contra de las comunidades campesinas que han habitado históricamente los parques nacionales y las zonas de interés ecológico.

De la misma manera, Anzorc-Zrc se unió a las voces de denuncia y rechazo frente a la situación que se vive en PNN de Tinigua y Picachos.