Por primera vez el Gobierno nacional y las organizaciones campesinas lograron ponerse de acuerdo en torno a un tema que hasta ahora había generado más discrepancias que entendimientos: los páramos. 

Durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, en el marco de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1930 de 2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”, la mayoría de las partes consultadas por los magistrados estuvieron de acuerdo en que los campesinos tradicionales deberían continuar ejerciendo sus actividades agropecuarias en estos ecosistemas, contrario a lo que pretendía quien interpuso el requerimiento. 

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El demandante considera que parte del artículo décimo de la ley de páramos va en contravía de los artículos 79, 333 y 334 de la Constitución Política. Esto, porque, según el demandante, las actividades de los campesinos, así sean de bajo impacto, pueden generar consecuencias negativas en estos ecosistemas, tanto en las coberturas vegetales como en el suelo y el subsuelo. 

"Sus labores van en abierto desconocimiento de los derechos al medio ambiente sano y al agua, del principio de no regresión en materia ambiental y del deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, específicamente en cuanto corresponde a la conservación de las áreas de especial importancia ecológica", indica la demanda.

31 municipios de Colombia tienen más del 50 por ciento de su área territorial en zonas de páramos.

Durante la audiencia, adelantada en la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, aseguró que esta ley lo que busca era pasar de una actividad agropecuaria de alto impacto a una de bajo impacto. "En ningún momento esta ley plantea el desplazamiento de los campesinos, por el contrario, permite su actividad en estos territorios, a través de los medios y el tiempo necesario para que las comunidades se puedan adaptar a la nueva situación", comentó.

El jefe de esa cartera agregó que esta norma plantea, además, programas de sustitución y reconversión las actividades agropecuarias de alto impacto. "El reto con las comunidades es garantizar la conservación de estos ecosistemas, pues son estas las que están en el territorio y tienen la corresponsabilidad de propender por su protección", dijo el ministro, quien señaló que ya se están adelantando proyectos pilotos en diferentes zonas del país que demuestran que es posible hacer uso de los recursos que ofrece el páramo de manera sostenible. 


Se estima que en los páramos viven cerca de 150.000 campesinos, aunque no existe un censo actualizado que corrobore esa cifra. Foto: Prensa/Gobernación de Boyacá. 

Lozano aseguró que junto con el Ministerio de Agricultura se realizará un censo para determinar cuántos campesinos tradicionales viven en los páramos, pues en la actualidad no se cuenta con cifras exactas. El ministro agregó que el concepto de bajo y alto impacto se construirá con las comunidades y teniendo en cuenta, también, los apreciaciones de los institutos de investigación.  

Hernando García Martínez, director del Instituto Humboldt, por su parte, informó que el 16% de los 36 sistemas de páramos del país ya tienen un nivel de transformación y en dentro de ese porcentaje se ubican cerca de 70.000 unidades productivas agropecuarias que emplean 113.685 trabajadores de forma permanente y 121.065 jornales ocasionales.

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"Debemos cambiar el paradigma de la conservación que existe en el país, éste debe ser socialmente incluyente, pues de no ser así se incrementarán los conflictos en los territorios. Pero debe hacerse sobre una base bien informada, que lleve a conclusiones bien estructuradas y a acuerdos sociales que permitan construir y movernos hacia unos modelos sostenibles", resaltó García. 

Los páramos del país albergan 4.700 especies de plantas, 700 de las cuales son endémicas, así como 154 especies de aves, 90 de anfibios y 70 de mamíferos, según el Instituto Humboldt.

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, entre tanto, manifestó que esa entidad tenía bajo su administración 19 parques que estaban conformados por páramos, los cuales se encargaban de abastecer de agua a más de 25 millones de personas. Según la funcionaria el 99,42% del total de hectáreas de páramo existente en el sistema nacional de parques se encontraban conservados, gracias a los acuerdos a los que han logrado llegar con las comunidades campesinas, así como al proceso de saneamiento predial. 

"El régimen de parque no nos permite adelantar procesos de reconversión y sustitución dentro de las áreas protegidas, por eso lo que acordamos con las comunidades son acuerdos de restauración de ecológica participativa, de agricultura sostenible, de sistemas de educación ambiental, de sensibilización de los importancia de los parques y la promoción de actividades permitidas dentro de mismos como la restauración", explicó.   


Los habitantes de Santander han protestado en repetidas ocasiones en oposición a la entrega de licencias a empresas que pongan en riesgo el Páramo de Santurbán. Foto: archivo particular. 

Néstor Franco González, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a su turno, sostuvo que era necesario entender que la ocupación de la alta montaña colombiana se había dado, mayoritariamente, por el desplazamiento forzado que produjo durante la época de La Violencia, entre finales del siglo XIX y mediados del XX. 

"De un ecosistema hacen parte todos los seres vivos, incluidos los humanos y por eso no se puede sacar a la gente de páramos. Se ha estigmatizado a los paramunos como si fueran ciudadanos de otra categoría y eso no es así. Lo que se debe es virar hacia una producción más limpia en esta clase de ecosistema", afirmó. 

José Luis Díaz Ramos, delegado de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, sostuvo que no se puede pensar en la sostenibilidad de los páramos expulsando a las comunidades que tradicionalmente han estado allí. 

Los páramos proveen de agua al 70% de la población colombiana, incluyendo a Bogotá y otras 20 ciudades intermedias. Son laboratorios de investigación y reservas de carbono almacenado en biomasa.

El joven profesional aseguró que a partir de una investigación realizada por ese grupo de trabajo se recomendó definir qué eran las actividades de bajo y alto impacto, al igual que hacer más comprensible la norma, pues consideran que está escrita en un lenguaje muy técnico y complejo. "Se requiere que sea más accesible para que los campesinos sepan que puede y no hacer en el páramo", apuntó. 

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Brigitte Baptiste, quien participó en condición de experta, señaló que cuando una ley o una norma simplemente excluye las actividades agrícolas tradicionales, puede generar más conflictos sociales. "Debería ver, más bien, cómo hacerlas más sostenibles. Requerimos la concurrencia de Colciencias para encontrar un régimen innovador y diferencial, en el cual las comunidades puedan seguir viviendo en sus territorios ancestrales y se conviertan en aliados para la conservación de los servicios ecosistémicos de los páramos, que se benefician en las ciudades", expresó.  

Para Baptiste las comunidades campesinas son indispensables en la preservación de alta montaña y las instituciones deben concurrir en dejar hacer actividades productivas, bajo ciertas consideraciones, o de lo contrario, condenarán a los labriegos a desplazarse hacia las ciudades, incrementando los cordones de miseria.  


Según el Director del Instituto Humboldt, en Colombia existen 400 municipios cuentan con sistemas de páramo. Foto: archivo/Semana. 

Ángel Ricardo Perdomo, representante de la Mesa Nacional de Páramos, indicó que no se puede violar el derecho a la participacipación de los paramunos, de quienes sostuvo que también eran, protectores de los páramos. "Se debe dar un proceso de transición gradual y diferenciado y donde no sea posible la reconversión o sustitución se deben implementar indemnizaciones, entre otras alternativas", dijo Perdomo, quien sostuvo que existen intereses extranjeros en sacar a la gente de los páramos porque - según él- para ellos son un estorbo en su intención de adueñarse de los terrenos. 

"Se deban, además, hacer audiencias públicas allá, en los páramos, para que los directamente afectados puedan asistir", acotó.  

Samy Andrea Sánchez, otra experta consultada por la Corte Constitucional, consideró que la producción agraria de los campesinos tradicionales son para autoconsumo y quitársela sería ir en contra de sus derechos al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad alimentaria. 

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"La transición a las actividades agropecuarias de bajo impacto deben considerar aspectos culturales, al igual que la armonización de la economía campesina, la formalización de tierra y dejar atrás la judicialización", puntualizó. 

Tras escuchar los argumentos, la Corte deberá tomar una decisión de fondo en lo referente a si declara o no inexequible el artículo décimo de la Ley 1930 de 2018, que habla sobre las actividades agropecuarias y mineras que se pueden adelantar en los páramos.