Con total hermetismo se llevó a cabo la elección de los dos representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para el periodo 2020-2023. Este consejo tendrá a su cargo la aprobación del presupuesto de la entidad que solo para el próximo año estaría en 1,2 billones de pesos, aproximadamente. 

El proceso se efectuó días después de haberse interpuesto una tutela por parte de la Asociación Ambiental Gaia Esperanza. El juzgado ordenó una medida preventiva de suspensión de la elección para que se vinculara a las entidades sin ánimo de lucro que así lo consideraran y que habían hecho parte del proceso de elección. 

Finalmente fueron elegidos como consejeros de las ONG, Luis Alejandro Mota y Andrés Iván Garzón. Ambos habían sido cuestionados por entidades como la Fundación Alma y la propia comisión de evaluación y verificación de requisitos de la CAR, luego de haber adelantado el proceso de comprobación de documentos de las 488 entidades sin ánimo de lucro que se presentaron. 

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Entre los hallazgos de la comisión, por ejemplo, se encuentra el hecho de que existían ciudadanos que hacían parte de hasta 100 entidades diferentes, entre estos, María Fernanda Jaramillo Linares, quien aparecía haciendo parte de las juntas directivas de 15 organizaciones. Ella es la esposa de Andrés Iván Garzón, miembro del actual Consejo Directivo en representación de entidades sin ánimo de lucro. 

En su defensa, Jaramillo envió una carta a la CAR, en la que indicaba que, sin su autorización, su nombre había sido incorporado en las juntas administrativas de varias entidades.

Otro aspecto que llamó la atención de la comisión verificadora es que más de 250 entidades registraron el pago de cuñas radiales que invitan a la preservación de la naturaleza como actividades de protección al medioambiente, uno de los requisitos exigidos en el Decreto 606 de 2006 para poder participar como elector de los cargos directivos de la corporación. 

El diario El Tiempo estableció que una de las emisoras contratadas fue contactada por Marisol Linares Bejarano, madre de María Fernanda Jaramillo Linares y suegra de Iván Garzón, quien, además, aparece como asesora del equipo directivo de la CAR. Linares aseguró a ese medio que las cuñas eran válidas como la actividad ambiental que exige la norma. 

Denuncian irregularidades 

Alegría Fonseca, representante legal de la Fundación Alma, calificó la elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro como "mañosa, fraudulenta y amañada" e indicó que demandarán el proceso por las irregularidades que, según ella, esa fundación ha venido denunciando desde hace un buen tiempo. Ella hace referencia, por ejemplo, a la expedición de certificados de actividades ambientales por parte de peluquerías, droguerías y hasta carnicerías para muchas entidades que no cumplen con los requisitos y no adelantan ninguna función ambiental, "sino que fueron creadas para apoyar la reelección de estos dos personajes", expresó. 

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La líder de esta entidad afirmó que Motta y Garzón ya llevaban cerca de 20 años haciendo parte del Consejo Directivo de la CAR. "Ellos tienen todo un sistema de doble votación muy bien montado. Además llevan ONG de papel para que voten por ellos", manifestó. 

Fonseca consideró que se debe cambiar la forma de elección y repetir este proceso. Agregó que algunas ONG votan siempre por los mismos porque esos personajes son los encargados de gestionar los contratos que luego les son asignados.

"Al presentarse la proposición de la doble votación, en el marco de la reunión en la que se eligieron los delegados, 53 organizaciones se opusieron, pero al no ser tenidos en cuenta muchas optaron por retirarse, dejando constancia de lo sucedido", dijo.

Los delegados de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo que se hicieron presentes, también optaron por retirarse de la sesión debido a que las recomendaciones que hicieron no fueron tenidas en cuenta, no sin antes dejar por escrito en el acta las razones que motivaron esa decisión.   


Para el próximo año el presupuesto de la CAR Cundinamarca podría ascender a los 1,2 billones de pesos, aproximadamente. Foro: archivo/Semana. 


La Procuraduría, a su turno, también había advertido en su momento el manto de irregularidades que se podrían generar en el marco de la elección del nuevo director de la CAR y de los miembros del Consejo Directivo. De hecho, creó un Grupo de Seguimiento y Vigilancia a las CAR, que se encargaría de las actuaciones disciplinarias y la realización de funciones de prevención y control de gestión en temas de alto impacto y de trascendencia social, ambiental y de recursos renovables, incluyendo proyectos en materia medio ambiental, celebración de contratos y convenios, otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias, entre otros.

"Esperamos que los procesos se lleven a cabo en plena transparencia electoral, blindados de posibles influencias desorientadoras, tanto en candidatos como en electores, así como disipar dudas sobre acuerdos clientelares”, indicó en su momento el procurador general, Fernando Carrillo.

Responden a las críticas 

Con 103 votos a favor fue electo Luis Alejandro Mota como representante de las entidades sin ánimo de lucro ante el Consejo Directivo de la CAR Cundinamarca para el periodo 2020-2023. 

Este ambientalista aseguró que las organizaciones que respaldaron su elección tenían más de 15 años de haber sido constituidas y no eran, como lo afirmaban sus detractores, entidades de papel ni mucho menos creadas hace uno o dos años. "Tampoco fueron establecidas hace tres o cuatro meses como las que rechazó el comité de verifiación de la CAR", resaltó. 

Mota sostuvo que indudablemente existían organizaciones que fueron creadas con la intención de algunos de apoderarse de los escaños del Consejo Directivo, pero explicó que finalmente muchas de estas fueron rechazadas.  

"Nosotros fuimos elegidos hace cuatro años por 92 organizaciones y para esta elección fueron inscritas 488, lo que indudablemente es irregular. De esas, cerca de 300 (291) fueron rechazadas por el comité y habilitadas quedaron 191 entidades legales. Finalmente yo recibí el respaldo 103 de las organizaciones que participaron en el proceso, las cuales reiteraron el aprecio, el respeto y la confianza por el trabajo que hemos venido desarrollando junto a Andrés Iván (Garzón), quien fue electo con 102 votos", comentó. 

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Mota sostuvo que el incremento en cerca de un 10 % en el número de votos, con respecto a la elección anterior, era normal y obedecía al deseo de las entidades de respaldarlo. "Dado que la ley lo permite, no hay ninguna inconsistencia en el marco legal y no estamos violando ninguna norma, seguimos contando con el apoyo de la gente", apuntó el ambientalista, quien hace 18 años hace parte del Consejo Directivo de la CAR. 

El también integrante del Consejo Nacional Ambiental desde hace 15 años, negó rotundamente que él participara en la creación de entidades que luego, al parecer, entran a votar por su reelección. "Eso que se dice es algo infame, indebido y malintencionado. Las organizaciones que nos apoyaron a nosotros tienen más de 15 o 20 años de creadas. Unas, como la asociación ecológica que me postula a mí, tiene más de 30 años de haber sido constituida, entonces es mentira que las entidades que nos respaldan son de papel, por el contrario, tienen una trayectoria importante y lo más importante, son de la región", recalcó. 

Frente a la denuncia de que algunas ONG que votan por ellos, luego son recompensadas con contratos de la CAR, Mota afirmó que las asociaciones que hasta ahora los han respaldado no tienen contratos con esa autoridad ambiental. "Nuestras organizaciones no son hechas para conseguir contratos como sí ocurre en otros sectores del país. Algunas, con derecho legal, participan en licitaciones o convenios, desarrollando actividades ambientales, pero son organzaciones muy transparentes y de reconocida idoneidad. Esas calumnias las están haciendo, seguramente, esas mismas personas que crearon una cantidad de organizaciones para intentar tomarse el poder", manifestó. 

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En lo que respecta al sistema de elección, el representante electo de las ONG sostuvo que las normas y leyes señalan que las organizaciones ambientales pueden decidir la forma en la que adelantan ese proceso, ya que, al igual que las CAR, obedecen al principio de autonomía y regionalismo. "En la reunión de elección las organizaciones deciden directamente el mecanismo que quieren utilizar para elegir a sus representantes ante el Consejo Directivo, no es capricho. Lo que ocurrió en este caso, es que algunos querían que se utilizara el código electoral y ese sistema no aplica para este tipo de entidades porque tienen una reglamentación y ley propia", explicó. 

Mota desmintió que existiera una doble votación. Señaló que simplemente se presentan dos planchas, ya que se deben elegir dos representantes, y voluntariamente los miembros de las organizaciones votan una sola vez por cada una. "Así fue como se aprobó el sistema en la reunión de elección", aseveró. 

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En cuanto al retiro de la Procuraduría, Mota explicó que ese órgano de control hizo una serie de recomendaciones que la mayoría de las organizaciones consideró que no eran las correctas, tras indicar que esa institución no podía intervenir en una reunión privada de entidades ambientales. "El delegado de la Procuraduría dijo que se debía aplicar el código electoral en la forma de elección de los representantes o, de lo contrario, estaríamos violando lo que dice la Constitución Política y la ley, contradiciendo los mismos conceptos que ese órgano de control había proferido años atrás. Por ejemplo, en el año 2008, señaló que las entidades ambientales son autónomas en determinar la forma de hacer las elecciones ciudadanas", puntualizó. 

Sobre la posibilidad de que sea impugnada la elección, Mota dijo que los interesados estaban en todo su derecho de hacerlo. "Acataremos de manera respetuosa la decisión que tome la autoridad competente, que finalmente será la encargada de determinar si hubo o no vulneración de las normas", resaltó. 

Ahora habrá que esperar los resultados del proceso de la demanda de la elección que será presentada por la Fundación Alma.