¿Qué tanto se ha cumplido la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos y le ordenó al gobierno nacional crear mecanismos para frenar la deforestación? ¿Qué acciones ha adelantado el Estado para ponerle freno a la principal problemática ambiental en el país que a diario acaba con cerca de 20 hectáreas de bosque?

Estos interrogantes fueron los que llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a citar a 94 entidades nacionales y regionales para que informaran sus avances o incumplimientos en las tareas ordenadas por la corte para reducir el avance de la deforestación en la Amazonia colombiana, así como los planes a futuro contemplados para contenerla.

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Entre el 15 de octubre y 19 de noviembre, el tribunal realizó una serie de audiencias en Bogotá y en varios sitios de la Amazonia, en las cuales Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales en Colombia, tomó atenta nota de las intervenciones de las entidades del gobierno y analizó el cumplimiento a la sentencia 4360 de 2018, una respuesta a la demanda presentada por 25 niñas, niños y jóvenes para proteger a la Amazonia.

La Amazonia colombiana es la región más afectada por la deforestación. En 2018 perdió más de 138.000 hectáreas de bosque. Foto: Archivo Semana.

SEMANA destaca los principales hallazgos econtrados por el grupo de expertos de Dejusticia, quienes pusieron bajo la lupa a entidades como la presidencia, los ministerios de Ambiente, Hacienda, Cultura, Interior, Agricultura y Defensa, tres Corporaciones Autónomas Regionales y varias gobernaciones y municipios amazónicos. Así fue el #JuicioALaDeforestación en la Amazonia colombiana.

Gobierno en mora

Para Dejusticia, las presentaciones del gobierno revelaron muy pocos avances frente al cumplimiento del fallo y un desinterés frente a las audiencias. Una de las fallas fue que algunos ministerios, como Defensa y Minas y la misma presidencia, decidieron enviar al tribunal a funcionarios públicos que no eran los responsables de implementar la sentencia.

“Las intervenciones que se escucharon evidenciaron los pocos avances del gobierno de Iván Duque en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Suprema”, aseguró la organización.

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El gobierno no informó mayor cosa sobre las cuatro principales órdenes del fallo: formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la deforestación; crear el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano; actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial por parte de los municipios; y un plan que que contrarreste mediante medidas policivas, judiciales o administrativas los reportes del IDEAM.

Caquetá, Meta y Guaviare son los departamentos más deforestados del país. En los operativos no han capturado a ninguno de los miembros de las mafias deforestadoras. Foto: FCDS.

Presidencia, en saldos rojos

Durante los primeros días de las audiencias, la presidencia no entregó avances sobre la creación del Plan de Acción para frenar la deforestación, aseveró Dejusticia. “Su vocero admitió que el tema de la deforestación del Amazonas no es competencia directa de ninguna de las altas consejerías presidenciales”. 

Ante las declaraciones, los magistrados llamaron la atención sobre la gravedad de no contar con funcionarios encargados del cumplimiento de la sentencia, “lo que influye directamente en los retrasos y en la falta de articulación, liderazgos y medidas extraordinarias para dar cumplimiento”.

No asumen responsabilidad 

La presidencia no fue la única entidad que prefirió zafarse de las responsabilidades por la tumba de los bosques. Los Ministerios de Agricultura e Interior aseguraron que no estaba entre sus competencias actuar frente a varias acciones puntuales para frenar la pérdida de bosque.

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“No hay un control territorial de los cultivos de palma ilegal. Eso les corresponde a otras entidades”, dijo en una audiencia el Ministerio de Agricultura cuando fue cuestionado. Mininterior agregó que la creación de un plan de acción articulado no era de su competencia.

Por su parte, los voceros de los Ministerios de Comercio y Cultura no se presentaron a las audiencias.

La motosierra sigue encápsulada en la Amazonia colombiana. Una hectárea de bosque puede albergar hasta 14.000 árboles. Foto: Ejército Nacional.

No era un balance de gestión

Los jueces y accionantes manifestaron su inconformidad por la presencia de funcionarios sin la información pertinente y sin poder de decisión al momento de rendir cuentas. 

“La directiva ordenó la ejecución de proyectos en el Amazonas, pero eso no lo veo por ningún lado. No buscamos informes de gestión, no nos interesa la política pública nacional, queremos que en diciembre nos informen qué es lo que se va a hacer en la Amazonia, no en el resto del país”, advirtieron los magistrados.

Corporaciones maniatadas

Las Corporaciones Autónomas Regionales expusieron graves dificultades para poder ejercer el control a la deforestación. “Estamos perdiendo el año por situaciones económicas y de orden público. Reforestar es muy caro”, denunció la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).

Los jueces les dieron la razón y le exigieron celeridad al gobierno para darles medidas de protección. “Las autoridades ambientales están actuando solas y maniatadas porque trabajan en zonas con fuertes problemas de seguridad y criminalidad. ¿Cuánto tiempo más le va a tomar al Ministerio de Defensa llegar a estas zonas? ¿Cómo es posible que el crimen pueda llegar y el Estado no?

La Amazonia está a punto de iniciar su peor época del año. Debido a la sequía, los deforestadores talan y queman los bosques en pocos días. Foto: FCDS.

¡Articúlense!

Los magistrados le exigieron a las diferentes entidades que se articulen de manera inmediata para avanzar en los planes y presentación de documentos. 

Le exigieron informes a Parques Nacionales y a la Agencia Nacional de Tierras sobre sus más recientes actuaciones. A Corporinoquia y Mindefensa le recalcaron que deben entregar un plan de acción para atender los focos de deforestación en el resguardo indígena Selva Matavén en Vichada, donde la deforestación se incrementó un 87 por ciento”.

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La Defensoría, Procuraduría y Contraloría presentaron los evidentes déficits económicos que tienen instituciones como Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Tierras y las Corporaciones Autónomas Regionales, algo que evita controlar la deforestación en la Amazonia.

Abuso de la fuerza

Varias organizaciones campesinas denunciaron presuntos abusos contra la población civil por parte de las autoridades en zonas como el Parque Nacional Natural La Paya. 

Todas sus pertenencias, casas y animales fueron incinerados durante la intervención. La sentencia es buena, pero las afectaciones que están haciendo son pésimas”, dijo Arnulfo Tusarma, delegado campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Leguízamo. “Los campesinos no somos el factor de deforestación. El señor terrateniente que le ha quitado mil hectáreas al parque anda tranquilo”, agregó.

Los magistrados le pidieron a las instituciones que revisaran la manera como están realizando los operativos, para que sean articulados y protejan los derechos de las víctimas.

Los bosques de la Amazonia está siendo destruidos a un ritmo acelerado. El Estado no logra controlar la situación. Foto: FCDS.

No atacan a los verdaderos culpables

Uno de los propósitos de la tutela para defender la Amazonia era que el gobierno atacara a los verdaderos culpables de la deforestación y no a los eslabones más débiles de la cadena como campesinos empobrecidos. 

El fin era que el Estado pudiera identificar a los grandes motores estructurales de la deforestación”, dijo Jesús Medina, encargado de la formulación de preguntas a los voceros. 

¿Y los capturados?

Parques Nacionales Naturales dijo que se han realizado cinco operativos militares contra la deforestación en la Amazonía entre 2018 y 2019, en lo que han caído varios campesinos por estar deforestando. 

Ante esto, los magistrados le preguntaron a Parques qué ha previsto para brindarles reubicación o alguna acción para garantizar sus derechos a estos campesinos. La autoridad respondió que ha impulsado diálogos y acuerdos de restauración, pero que no es la entidad competente para llevar a cabo la reubicación.

¿Y los ministerios?

Aunque el Ministerio de Ambiente aseguró que ha delimitado los motores de deforestación, como la tala ilegal, ganadería extensiva, construcción de vías ilegales y minería, y que las alertas de deforestación del 2019 están actualizadas, Dejusticia encontró que el último informe no está disponible en los portales del gobierno para consulta de la ciudadanía.

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Entre tanto, el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones afirmó que está promoviendo el uso sistemas de divulgación de información sobre bosques y biodiversidad, conectividad en zonas de deforestación, apropiación de tecnología y sistemas de información. Sin embargo, Dejusticia evidenció que MinTIC tendrá que articularse mejor con los medios de comunicación local para divulgar información relevante entre los habitantes.

El Ministerio de Educación dijo que la educación frente al cambio climático se ha vuelto un tema imperativo para las instituciones académicas. Aunque se comprometió a fortalecer y ajustar los Proyectos Ambientales Escolares, no pudo responder si ha evaluado el impacto de la educación ambiental en los estudiantes colombianos.

El gobierno ha realizado cinco grandes operativos durante 2019. Los capturados fueron campesinos al servicio de las grandes mafias. Foto: Ejército Nacional.

Putumayo: planes imposibles de cumplir

En la audiencia realizada en el departamento del Putumayo, donde participaron la Gobernación y representantes de 13 municipios, los magistrados evidenciaron la existencia de planes de acción contra la deforestación estructurados pero imposibles de cumplir.

“Esto debido principalmente a ausencia de personal, presupuesto, falta de apoyo del gobierno y condiciones de seguridad. No se trata de presentar informes formales, sino de cuál es la realidad”, reiteraron los magistrados.

Los municipios no pudieron responder interrogantes como de dónde saldrán los recursos para poder dar cumplimiento a las promesas hechas en el papel. 

El Parque Nacional La Paya es uno de los más afectados por la deforestación en Putumayo. Foto: Ejército Nacional.

En Mocoa, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica sostuvo que la explotación petrolera es un motor de deforestación importante en Puerto Asís. 

“Este detalle no había sido mencionado por ningún municipio, ya que motores como la coca y ganadería extensiva son más determinantes para la deforestación”, afirma Dejusticia.

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En la audiencia del Putumayo, una de las conclusiones fue que el principal motor de la deforestación es la ganadería, y que Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán son los más afectados por la pérdida de bosque.

Los municipios putumayenses denunciaron dificultades a la hora de sacar adelante Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) que contemplen medidas para frenar la deforestación. 

“Hemos tenido proyectos regionales y departamentales infructuosos. Aspiramos a que el departamento nos apoye, porque no se puede hablar de desarrollo, progreso y protección del medioambiente si no se tiene un esquema de desarrollo territorial”, dijo un vocero.

Acaparamiento de tierras, ganadería, cultivos ilícitos y minería son los principales motores de la deforestación. Foto: Archivo Semana.

El polémico Guaviare

Este departamento amazónico, catalogado como uno de los tres sitios más deforestados del país, ha estado envuelto en polémica debido a la  presunta falta de voluntad de su gobernador Nebio Echeverry para frenar la tala de bosque.

En la audiencia de Guaviare, los magistrados exigieron un mayor compromiso a las entidades para erradicar esta problemática, incluídas la gobernación y los alcaldes de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores.

En las intervenciones, Dejusticia encontró un evidente incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya que la gobernación no estuvo en capacidad de mostrar los alcances y resultados para mitigar la deforestación.

La gobernación de Guaviare ha estado envuelta en polémicas por no actuar contra la deforestación en la Amazonia. Foto: FCDS.

Es difícil encontrar una presentación más genérica. Es preocupante y nos van a obligar a tomar medidas”, reiteraron los jueces.

El departamento no entregó información sobre quiénes podrían ser los grandes deforestadores, pese a la creación de comités y mesas para discutir la problemática. La gobernación dijo no tener avances en formulación de estrategias para frenar la deforestación. 

En la audiencia no hubo muestras de acciones precisas ni articuladas con los ministerios de Defensa y Transporte para acabar con las vías ilegales, y quedó plasmado el avance de los cultivos de palma. “La gobernación respondió que las plantaciones no se están fomentando desde la institución, pero no reseñó medidas para frenarlas”.

Las disidencias de las Farc, comandadas por Gentil Duarte, fueron identificadas como uno de los grandes promotores de la deforestación.

La ganadería arrasa en la Orinoquia

En la audiencia del Meta y Vichada, los participantes manifestaron que la Presidencia y MinAmbiente no han difundido efectivamente el fallo en las regiones.

Algunos voceros les dijeron a los jueces que en su jurisdicción no conocían la sentencia de la Amazonia, como fue el caso de la gobernación de Vichada y los alcaldes de Puerto Rico y Cumaribo.

El rearme de las disidencias de las Farc fue un tema constante en la audiencia. La Macarena y Vista Hermosa coincidieron en que las disidencias están limitando el control de su territorios a través de intimidaciones. 

Así quedaron varios bosques de La Macarena a comienzos de este año. Las quemas fueron provocadas para adueñarse de las tierras. Foto: FCDS.

Los funcionarios aseguraron que en La Macarena es imposible ejercer control en 20 por ciento del municipio. “Estamos solos y en medio de un conflicto armado. Solo tengo a tres funcionarios dedicados al tema de deforestación”, dijo el alcalde de Puerto Rico.

En el debate salió a relucir que grandes extensiones de Vista Hermosa siguen siendo campos de minas antipersonales, y que en Puerto Rico los campesinos están regresando a la coca por el incumplimiento del gobierno.

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Nuevos colonos de Caquetá, Arauca y Santander están llegando al Meta a apropiarse de tierras baldías y de Parques Nacionales. Los municipios de ambos departamentos coincidieron en que la ganadería encabeza la lista de los motores de la deforestación, seguida por las quemas de bosques para sembrar pastos, ampliación de la frontera agrícola, construcción de trochas ilegales y llegada de nuevos colonos.

Baja asistencia en Amazonas y Vaupés

A la audiencia para los departamentos de Amazonas y Vaupés, citada en Bogotá, Leticia y Mitú, tenían que asistir cino municipios y 12 áreas no municipalizadas. Sin embargo, solo asistieron los alcaldes de Puerto Nariño (Amazonas) y Taraira (Vaupés).

Estas audiencias serán insumo para el trámite de las actuaciones de desacato, de ser necesarias”, advirtieron los magistrados. Algunos alcaldes y corregidores ausentes notificaron que la dificultad de los traslados a las audiencias son una muestra de lo difícil que es articularse para dar cumplimiento a la sentencia. 

En Amazonas, la principal problemática ambiental es la contaminación de los ríos y suelos con el mercurio utilizado para extraer oro. Foto. Ejército Nacional.

La Presidencia de la República solicitó aplazar las intervenciones para vincular a los nuevos alcaldes y gobernadores. El objeto de la audiencia consiste en establecer cuál es el cumplimiento que han dado las autoridades a las órdenes impartidas en la sentencia. Si de lo que se trata es de evaluar el cumplimiento, las autoridades actuales son las competentes para dar las respuestas”, explicaron los magistrados.

La Procuraduría y la Defensoría mostraron que la deforestación no es el principal problema de la degradación del bosque en estos departamentos, sino la minería ilegal y las aguas contaminadas con mercurio.

Lo bueno

Pero no todo fue amargo en las audiencias. Según el cubrimiento de Dejusticia, las voces de los accionantes, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas y campesinas enriquecieron los debates. 

“Los accionantes participaron activamente como veedores, trayendo a los tribunales preguntas clave para obtener más información. Las comunidades locales enviaron mensajes de alerta para que el fallo no sea malinterpretado”.

Los jóvenes también fueron veedores fundamentales, quienes llamaron la atención sobre los incumplimientos del gobierno y cuestionaron al Estado frente a la manera como vienen interpretando las órdenes de la corte.