La polémica por la fumigación aérea con glifosato parece no tener fin. A finales de octubre de este año un fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto (Nariño) volvió a encender la controversia frente al retorno del uso de esta técnica en el país como estrategia del Gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos.  

La decisión judicial frente al incidente de desacato que las comunidades afro, indígenas, y campesinas habían interpuesto contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, no solo permitió que se reiniciara nuevamente el proceso de socialización sobre la aspersión con este pesticida, también señaló que no era necesario adelantar una consulta previa, al sostener que las autoridades colombianas ya cumplieron con este proceso, contrario a lo indicado previamente por Tribunal Administrativo de Nariño en segunda instancia. 

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“En ese sentido, mal haría el Despacho en disponer la realización de consulta previa, pues considera que, dentro de la esfera de su competencia, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior cumplió con lo pertinente, además no se han acreditado circunstancias nuevas que ameriten la realización de un nuevo análisis para determinar la procedencia de consulta previa”, indicó el juzgado en el fallo.


Mapa en el que se confirmaría que habría territorios indígenas traslapados con el programa de fumigaciones aéreas con glifosato. Fuente: CNTI. 

Sobre el particular, Jenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), aseguró que el Ministerio del Interior, la Anla y la Policía Nacional indujeron al error al juez de tutela para esquivar el deber de hacer consulta previa en los pueblos indígenas y afros que hacen presencia en los territorios donde se pretenden desarrollar las fumigaciones

"La decisión frente a la consulta previa se tomó con base en lo que le dijeron al juez las entidades gubernamentales, en especial la Anla y la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que a su vez tomaron como base un concepto emitido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en donde certifica que allí no debería proceder la consulta previa con pueblos indígenas ni afros", explicó. 

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Para la abogada eso es totalmente falso y - según ella - se ha generado un fraude a la sentencia judicial, en la medida en que "se ha distorsionado la realidad y se ha inducido al juez a caer un error al tomar la decisión de no obligar a proteger el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas

"Logramos corroborar que en el reajuste que se hizo al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) solamente se excluyeron territorios de resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades afro ya titulados formalmente por el Estado, aunque se afirma que también se dejaron por fuera  territorios ancestrales no titulados como sitios sagrados, lugares de paso y sitios de pagamento, pero en realidad estos no están siendo excluidos de las zonas de influencia del programa y, por ende, habrá comunidades indígenas y afro que se van a ver afectadas de manera directa por los efectos nocivos en la vida e integridad de la salud, el ambiente y en las fuentes hídricas con el glifosato", sostiene.  


La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a partir del sistema de información geográfica, determinó que existían 1.133.080 hectáreas del programa de fumigaciones con glifosato que se traslapan con solicitudes de territorios indígenas, los cuales están haciendo trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde hace varios años. 

Desde esa organización aseguran que, al menos en cuatro de los seis núcleos de fumigaciones, hay solicitudes territoriales indígenas ante la ANT respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardo y no por ello dejan de serlo.

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Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), afirmó que a la fecha hay más de 1.000 solicitudes de resguardos indígenas que la ANT no ha tramitado y que se trataban de solicitudes históricas con las que el Estado colombiano tenía una deuda.

"Del total de municipios que serán objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia pueblos indígenas, los cuales el Gobierno no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación. Allí se van a ver afectados 40 comunidades indígenas que hacen presencia en esas localidades y en las más de 1.300.000 hectáreas que están pendientes de formalización", manifestó. 


Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

Niño aseguró que sobre esas tierras que están por legalizar las mismas entidades del Estado ya han hecho estudios. Afirmó que el Gobierno nacional no solamente tiene que tener en cuenta la información que está curso o que maneja el Ministerio del Interior, sino también las cifras y datos de las demás instituciones, entre las que se encuentra la Agencia Nacional de Tierras. 

Para el secretario de la CNTI, el Ministerio del Interior está basando su análisis en los territorios constituidos, pero no está teniendo en cuenta las áreas en donde este momento hay presencia, uso y manejo por parte de las comunidades étnicas que no están formalizadas

"Sí va a haber una a haber una afectación directa a los territorios y espacios sagrados, por lo tanto, se debe garantizar la participación real y efectiva de las comunidades, a través de la consulta previa frente al impacto que tiene la fumigación aérea con glifosato", recalcó. 

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Resaltó que existe un vacío de información en torno al número de solicitudes realizadas, así como al número de hectáreas que se pretenden proteger. "De las más de 1.000 solicitudes solo se tiene información de 400 sobre el área pretendida, las cuales asciende a 3.500.000 hectáreas, aproximadamente", comentó. 

Niño sostiene que es necesario que se comprenda que el concepto de territorio para los indígenas va más allá de los terrenos que han sido legalizados y reconocidos formalmente por el Estado

Para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas el Estado el no reconocimiento de las territorialidades de los pueblos étnicos se constituye una violación de sus derechos, situación que pone en grave riesgo de extinción física y cultural a estas comunidades que gozan de una protección constitucional reforzada.

La Secretaría Técnica Indígena de la CNTI también hace un llamado al asegurar que el área de influencia del programa de fumigaciones colinda con los territorios titulados indígenas, razón por la cual podría darse una afectación por escorrentía de aguas y por el aire.