Casi 100.000 hectáreas de bosque quedaron reducidas a cenizas tras los 7.400 incendios de 2019. Por lo menos 500 sobrepasaron una hectárea, según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Durante los dos primeros meses de este año se registraron más de 1.000.

¿Es normal que esto pase? “El nuestro no es un país en donde los incendios se pueden generar de manera espontánea”, dice Charles Wilmer Benavides Castillo, director Nacional de Bomberos de Colombia. Explica que el hombre causa el 99 % de las conflagraciones forestales registradas en el territorio nacional.

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Y coincidencialmente siempre afectan las mismas áreas durante la temporada seca: Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Valle, Antioquia, Vichada, Guaviare, La Guajira, Vaupés y Caquetá.

Para completar, se trata de zonas ricas en biodiversidad que, dadas sus características, fácilmente pueden quedar en llamas. Y lo que es peor, por la distancia o por la falta de prevención o de recursos casi nunca reciben atención a tiempo.


Muchas veces las comunidades son las primeras en comenzar a sofocar las llamas ante la imposibilidad de reacción oportuna por parte de los organismos de socorro. Foto: archivo particular. 

Vale la pena recordar el doloroso panorama de Australia, donde murieron calcinados mil millones de animales a comienzos de este año. Pero en este lado del mundo también perecieron de esa manera miles de animales de muchas especies. En esta temporada seca que termina las redes sociales mostraron fotos y videos aterradores de osos hormigueros quemados en el Guaviare, iguanas que salían espantadas en Cereté y otros animales calcinados en Carmen de Bolívar.

La mano criminal encendió áreas protegidas de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas en regiones como, por ejemplo, los páramos, generadores de agua. Pero también afectó la zona de La Macarena, que alberga selvas húmedas, bosques inundables, matorrales y vegetación herbácea de sabana amazónica.

¿A quién le interesa incendiar Colombia?

Las autoridades tejen muchas hipótesis alrededor de a quién le interesa incendiar el país. Según Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, los incendios son la última consecuencia del problema de tierras existente en el país.

“Este es un método perverso para degradar ecosistemas que tienen una protección, como parques nacionales o zonas de reserva. Estos, luego de los incendios y según su magnitud, pueden perder la condición de territorio protegido”, manifestó. En consecuencia, los interesados pueden adelantar procesos de licenciamiento para utilizar las tierras con fines muy distintos al de proteger los ecosistemas.

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Como suele suceder en Brasil, en Colombia los incendios forestales que destruyen los Parques Nacionales Naturales no son accidentales. En la mayoría de casos obedecen a planes estructurados de grandes terratenientes y ganaderos que buscan acaparar tierras a partir de la deforestación a gran escala. Así lo aseguró Rodrigo Botero, quien muestra con estadísticas cómo en 2016, ocho municipios amazónicos albergaban un poco más de un millón de reses. Pero hoy ya suman más de 1,6 millones.


Los acaparadores ilegales de tierra abren vías en medio de los bosques para luego comenzar a incendiar predios paralelos a las carreteras. Foto: FCDS. 

Dolors Armenteras, profesora de Ecología del Paisaje de la Universidad Nacional, refuerza estas posiciones. Cuenta que por mucho tiempo la Amazonia tuvo poca población, pero a medida que llegaron los colonos se han dedicado a adelantar prácticas agropecuarias y agrícolas.

“Para llegar a colonizar una selva tupida tradicionalmente tumban los árboles, pero quemar es mucho más económico. Además las cenizas enriquecen temporalmente el suelo. Deja pasto para introducir ganadería y para la agricultura. Pero a largo plazo, con la quema se pierden nutrientes y el suelo se degrada y erosiona. Entonces hay que quemar más selva”, explica la experta.

Armenteras dice que también suelen quemar el pasto antes de la temporada de lluvia, pues crece más tierno para el ganado y de ese modo va avanzando la frontera agrícola.

¡Es hora de investigar!

Ante esta realidad que vive el país, el propio procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le ordenó al procurador delegado para asuntos ambientales instaurar una denuncia penal e investigar si hay manos criminales en eventos como el de La Macarena. “La ilegalidad no puede ser la puerta de entrada a la explotación del suelo”, dijo Carrillo.

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Frente a este mismo incendio, que estuvo a punto de afectar Caño Cristales, la Defensoría del Pueblo insistió en que se trató de una tragedia para la humanidad y pidió también investigarlo.

Y es que los incendios van mucho más allá de las áreas quemadas, las especies afectadas y los habitantes de la zona que tienen que convivir con este problema. Porque las grandes conflagraciones también impactan a las poblaciones del resto del país.


Las conflagraciones generan partículas que terminan por incidir en la calidad del aire de las ciudades. Foto: Dirección Nacional de Bomberos. 

No en vano, las alcaldías de Bogotá y Medellín tuvieron que dictar medidas de emergencia para mitigar los efectos generados por los altos niveles de contaminación en su atmósfera. En Bogotá, precisamente, expusieron como una de las causas la ola de incendios registrados alrededor de la sabana de Bogotá, y en la Orinoquia, en la Amazonia, así como en la costa atlántica.

“Los vientos arrastran el material particulado que se produce allí hacia la ciudad, lo que afecta nuestra calidad de aire acá”, dice Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá.

¿Quién apaga los incendios?


La falta de equipamento y capacitación son otras de las problemáticas que afrontas los cuerpos de bomberos voluntarios en Colombia. Foto: Dirección Nacional de Bomberos.

El problema no es menor. A lo largo y ancho del país las llamas devoran miles de hectáreas, pero hay muy pocos recursos para apagarlas. De hecho, para atender las emergencias en los 1.103 municipios, el país solo cuenta con 780 cuerpos de bomberos, 27 de los cuales son oficiales y los demás, voluntarios.

La gran mayoría depende presupuestalmente de los aportes que las alcaldías quieran darles. “Con frecuencia muchos alcaldes no firman los convenios (con los cuerpos de bomberos) aduciendo que no tienen recursos económicos. Otros simplemente no lo hacen porque no le dan relevancia al tema. A veces el desconocimiento de la norma hace ver a los cuerpos de bomberos como unos organismos de personas voluntarias que quieren servir a la comunidad y a las administraciones municipales como colaboradores, cuando en realidad es todo lo contrario, pues la responsabilidad de gestionar el riesgo es de las administraciones y quienes ayudan son los bomberos”, dijo Benavides, director nacional de Bomberos de Colombia.

780 cuerpos de bomberos tiene el país para atender los 1.103 municipios.

Esta situación, en cambio de apagarlo, aviva el fuego. Por eso el procurador Fernando Carrillo exhortó a los gobernadores y alcaldes a adoptar las medidas necesarias para reaccionar adecuadamente ante incendios originados en sus jurisdicciones. Además los instó a apropiar los recursos presupuestales necesarios y a transferir oportunamente los recursos a los cuerpos de bomberos.

Sin embargo, este problema va más allá de las instancias locales. El Gobierno nacional no puede quedarse esperando a que las administraciones regionales adopten soluciones cuando, literalmente, arde el país.

El fuego al Congreso

El alarmante panorama de incendios, que cada año se produce en temporada seca en Colombia, motivó al representante a la Cámara Mauricio Toro a radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley titulado ‘Prevención de incendios forestales‘. Allí formula una política integral del manejo de las conflagraciones en el país. 

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Hoy no tenemos una política unificada, sino atomizada, pues no existe una ruta de atención clara, ni un mecanismo uniforme, ni un doliente con responsabilidades específicas, ni acciones coordinadas para la detección temprana y atención de incendios en el país. No existe una articulación que permita definir cómo se va a hacer la prevención, en cabeza de quién está y cuál es la estrategia y los protocolos de atención”, dijo el congresista. 


Existe una propuesta para que en Colombia se cree un cuerpo de bomberos aéreo ante la imposibilidad de atender las conflagraciones por parte de la Fuerza Aérea o los militares. Foto: archivo particular. 

Por su parte, el abogado y defensor de derechos de los indígenas Edward Álvarez manifestó que en Colombia hay un problema institucional que genera que los incendios causen mayores daños. En efecto, los organismos de socorro tardan mucho tiempo en llegar a áreas de difícil acceso. 

Por esta razón, consideró que el país debe tener un cuerpo de bomberos aéreos, pues no siempre la Fuerza Aérea o los militares tienen la posibilidad de ayudar a controlar y extinguir esas conflagraciones desde el aire. “Esa sería la mejor forma de evitar que las llamas arrasen tantas hectáreas”, dijo.

(Este informe especial está publicado en la edición N°. 30 -marzo-junio 2020-  de la revista impresa Semana Sostenible)