El gobierno nacional sigue avanzando en su propósito de implementar el fracking en Colombia. Al anuncio de acatar las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, se han venido sumando otra serie de movimientos que le han permitido ir ganando terreno. 

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha estado muy activa por estos días en medios de comunicación y participando en foros, recalcando que es necesario aterrizar la discusión al plano técnico y quitarle la carga emocional que hasta hace un tiempo predominaba. La coyuntura le ha ayudado. En el más reciente reporte entregado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se refleja una caída de las reservas de gas y de petróleo, lo que podría significar, según el gobierno, que el país se vería obligado a importar de nuevo hidrocarburos a partir de 2023, en caso de no encontrar nuevas fuentes. 

Así mismo, se ha recalcado que con la explotación de yacimientos no convencionales, las reservas petroleras pasarían de 7 a 20 años, mientras que las de gas llegarían a 50 años. Entre tanto, se ha dicho que para las regiones productoras aumentarían las regalías en 1.000 millones de dólares.

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Otro punto que ha jugado a su favor ha sido el cambio de parecer del contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien el martes, a través de un comunicado de prensa, señaló que la Contraloría General de la República no se oponía al fracking, pero sí a que esta técnica no se desarrollara en forma responsable, contrario a lo estipulado en el estudio de 202 páginas que este órgano de control había presentado en abril de este año, en el que se indicaba que el Estado colombiano no estaba preparado para establecer esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales. El informe fue firmado en su momento por Córdoba, al igual que por el excontralor Edgardo Maya, quien de manera vehemente solicitó al gobierno someterse al principio de precaución. 

"No he cambiado un milímetro mi opinión; siempre hemos dicho que el país no está preparado para el fracking. No estamos ni en desacuerdo ni de acuerdo”, señaló Córdoba en una entrevista a la W Radio, quien enfatizó en que aún hacía falta información suficiente para saber si se podía o no hacer fracking. 

"Además del peligro de la afectación a la disponibilidad del recurso hídrico, el fracturamiento hidráulico ofrece otros riesgos que deben ser calculados previa y responsablemente a su aplicación. También hemos dicho que no estamos en contra de los pilotos. Creemos que el pilotaje va a ayudar tener mayor información, como se los hemos expresado a la señora ministra de Minas, pero siempre y cuando estos pilotos ayuden a mejorar el uso de la metodología”, precisó en el comunicado de prensa. 

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Al ‘guiño‘ del Contralor, se adhiere el respaldo que ha venido recibiendo por parte de las empresas productoras de hidrocarburos frente al reforzamiento del tema técnico. Adicionalmente, estas compañías han permitido ampliar el debate académico a partir de diferentes foros. 

“Una decisión tan trascendental para Colombia no puede ser un debate de Twitter. Es muy poco serio que el debate termine en una red social”, dijo este martes la ministra María Fernanda Suárez, en un foro organizado por el diario La República.

La jefe de esa cartera, igualmente, se ha dado a la tarea de alinear todo el aparato estatal en torno al fracking, por medio de la realización de mesas en las que intervendrán el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios del Interior, Hacienda, Ambiente y Salud. Además, el discurso de la funcionaria frente al relacionamiento con las comunidades también ha ido cambiando y ahora se enfoca en concensos y una mayor interacción. 

Sin embargo, hay palos en la rueda. Los opositores a la implementación de esta técnica se encuentran promoviendo movilizaciones nacionales para el próximo 7 de junio y audiencias públicas frente al trámite de licencias ambientales para intentar contrarrestar la estrategia utilizada por el gobierno.