El nuevo gobierno encara una situación fiscal muy difícil, cuya solución es incierta y compleja, ya que depende de múltiples factores tanto internos como externos. Por ello ha propuesto aumentar rápidamente la producción de hidrocarburos mediante la aplicación de la controversial técnica del fracking o estimulación hidráulica, buscado lograr el aumento acelerado de los ingresos fiscales, en los cuales participan con el carbón, con cerca del 60 por ciento.

Adicionalmente, la aplicación de esta técnica podría prolongar por algunos años la autosuficiencia de las reservas de hidrocarburos, cuyas expectativas actuales apenas superan un lustro.

Como se sabe, la técnica del fracking consiste en fracturar la estructura de las rocas porosas que tienen atrapados hidrocarburos que no es posible extraer por los métodos convencionales, inyectando enormes cantidades de agua a alta presión con arena en suspensión y una serie de aditivos químicos. Su aplicación ha generado en todo el mundo grandes preocupaciones por sus impactos sobre la salud humana, las aguas subterráneas y superficiales y el aire, al igual que por su efecto negativo sobre las formas de vida y los deseos de los habitantes de los territorios donde se aplica.

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Con respecto a sus efectos sobre la salubridad, de acuerdo con estudios como los de la Sociedad Médica de Massachusetts, el 75% de las sustancias químicas que emplea son tóxicas y más de la mitad pueden causar graves daños al cerebro y otros órganos, y afectar los sistemas vitales, incluyendo el riesgo de generar diversas formas de cáncer y mutaciones genéticas.

Ante esta gran incertidumbre y buscando además cumplir con sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, muchos países como Alemania, Austria, Australia, Bulgaria, Escocia, Francia, Irlanda, Italia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza y Uruguay han decidido prohibir el fracking, mientras se aclaran sus verdaderos impactos y su gravedad para la salud humana y ecosistémica, así como para el bienestar social.

Otros países con una visión de corto plazo, como Argentina, Canadá, China y Estados Unidos, país en el que se ha empleado extensamente, le han abierto las puertas a esta técnica buscando su autosuficiencia energética y el aumento de sus ingresos fiscales. En varios de ellos, muchas comunidades y personas han interpuesto demandas exitosas por sus efectos nocivos.


Los habitantes de Sibaté (Cundinamarca) salieron a las calles a protestar contra cualquier actividad extractiva que riña con los intereses de conservación de sus territorios. Foto cortesía: Gustavo Torrijos/El Espectador.

En Colombia, desde 2013 la Contraloría General de la Nación hizo serias advertencias al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los riesgos de su utilización y la necesidad de investigar su verdadera gravedad antes de autorizarla. En 2018 se han presentado al Congreso dos proyectos de ley, provenientes de vertientes políticas diferentes, para prohibir esta técnica en el territorio nacional.

La sección Tercera del Consejo de Estado fundamentada, en el Principio de Precaución, acaba de suspender provisionalmente, el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014, mediante los cuales el Gobierno nacional definió los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, al considerar que "la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”. 

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Además, reconocidos científicos y la sociedad civil, insisten en la peligrosidad del fracking e insisten en rechazar su aplicación, que podría convertirse con facilidad en un factor de conflicto adicional entre los intereses del gobierno nacional y los de los habitantes de las regiones. Sin embargo, los petroleros afirman que hay una campaña de desinformación sobre los verdaderos impactos de esta técnica y manifiestan que existen las
formas de utilizarla de forma segura.

Lo que está claro, es que la conveniencia de la aplicación del fracking es muy incierta, por las evidencias negativas y fundadas dudas y temores sobre sus impactos y efectos.

¿Quién tiene la razón y por qué no ha sido posible aclarar las dudas sobre los impactos del fracking?, ¿Como debe proceder el Estado responsablemente en esta situación parasalvaguardar el interés público?

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El problema principal consiste en la gran dificultad que existe para identificar y evaluar con certeza y rigor científico la verdadera magnitud y gravedad de sus impactos, sobre todo los socioambientales.

El sistema hidrogeológico es muy complejo y las profundidades a las que se práctica el fracking hacen que el área de afectación de las aguas subterráneas pueda ser muy extensa y generar efectos sísmicos difíciles de prever que pueden llegar hasta zonas muy distantes. Además, muchos de los efectos sobre la salud humana y ecosistémica de las sustancias químicas utilizadas, pueden ser acumulativos y manifestarse en el largo plazo.

En varios municipios de Colombia sus habitantes han salido a marchar en oposición a la implementación del fracking. Foto: archivo/Semana. 

El gerente de Ecopetrol manifestó recientemente que hace varios meses se encuentra a consideración de la ANLA una solicitud de licencia ambiental para adelantar un caso piloto en el Magdalena Medio, con la intención de que sirva como experimento para analizar los impactos del fracking y las formas de controlarlos o evitarlos, con base en el cual se busca encontrar las soluciones para autorizar su uso en el país.

Desde el punto de vista científico esta posibilidad es completamente inválida, pues es evidente que las condiciones geológicas e hidrogeológicas cambian muy significativamente de un sitio a otro y, por tanto, los resultados que se obtengan en un punto no son generalizables a otros lugares y menos aún a la totalidad de un territorio tan variado y heterogéneo en lo cultural y lo natural, como lo es el colombiano.

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Tampoco es posible extrapolar válidamente los impactos de este ensayo a otras comunidades y sus formas de vida, ni sobre los diversos ecosistemas, como tampoco a sus efectos sobre la disponibilidad futura del agua, la cual dicho sea de paso, está también inmersa en la incertidumbre que genera el cambio climático. Más aún, los efectos que puede causar la aplicación del fracking en el largo plazo a la salud humana y ecosistémica son completamente desconocidos, por lo cual los resultados de investigaciones como el que se anuncia, que abarcan apenas un breve lapso, no son válidos para predecir efectos que pueden manifestarse después de varios años o afectar las generaciones futuras.

Desde la perspectiva del cambio climático y los compromisos internacionales adquiridos por el país en el Acuerdo de París para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, es contradictorio que Colombia se haya comprometido a reducirlas en el 20% para el 2030, mientras que al mismo tiempo está incentivando la producción de hidrocarburos.

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El posible aumento de los ingresos del gobierno para paliar la crisis financiera con base en la explotación de un recurso que destacados economistas que han calificado como un recurso moribundo por sus graves impactos ambientales, sería una solución coyuntural e insostenible, con un costo social y ambiental muy elevado.

En cambio, la Unión Europea y varios estados de los Estados Unidos como California, están adoptando políticas integrales con normas concretas y metas precisas para consolidar la transición energética sustituyendo los hidrocarburos y el carbón por energía proveniente de fuentes limpias, en especial para la generación de electricidad. Para ello han instalado inmensos parques de energía eólica y solar muy eficientes y están desarrollando innovaciones tecnológicas para el perfeccionamiento de los vehículos eléctricos, en la mejora de los combustibles y en la eficiencia de los motores. También han utilizado extensamente instrumentos de política fiscal y económica, como impuestos y aranceles, para estimular la transición hacía fuentes limpias. 


En varios estados de EEUU ha sido prohibido el fracking. Es esl caso de New York. Foto ilustración: archivo/Semana. 

Un gobierno responsable y con visión de futuro, debería tratar este conflicto mirando más allá de sus dificultades fiscales temporales, aplicando de forma clara y definitiva el principio de precaución que es reconocido internacionalmente y en nuestra legislación, como una de las bases de una gestión ambiental responsable que salvaguarde los derechos a disfrutar de un medio ambiente sano como lo quiere la Constitución y conforme al cual, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”(Ley 99/93), y que debe aplicarse “aún y cuando (I) dichos daños no se encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, si se quiere, previa a esta última y distinta, considerada como de riesgo o peligro de daño, y (II) no exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia”.

Es pues evidente que en el marco de incertidumbre descrito la utilización del principio de precaución en el caso del fracking es una necesidad clarísima. Por lo cual, la prudencia indica que al igual que en muchos otros países no se debe permitir la utilización del fracking en Colombia, hasta que sus impactos sobre la salud humana, las comunidades y el medio ambiente no estén clara y sólidamente demostrados y se pruebe de manera irrefutable que pueden ser evitados y controlados.

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Adicionalmente, los esfuerzos que debe hacer el país para contar con una canasta energética híbrida más limpia y reducir sus emisiones de gases de Efecto de Invernadero, tanto en el territorio nacional, como en los países de destino de sus exportaciones de hidrocarburos y carbón, no son fáciles.

Requieren estar liderados por una institución técnica y financieramente sólida, que bien podría ser una transformación de Ecopetrol en una empresa colombiana de energía, que tuviera la fortaleza para impulsar efectivamente la transición energética hacía las energías limpias, aprovechando las potencialidades de nuestro territorio, en especial la abundante radiación solar que recibe.

El incompleto esfuerzo realizado por el gobierno anterior para introducir consideraciones ambientales en la política fiscal, como el caso del impuesto al carbono, cuyos recursos deberían destinarse enteramente a financiar la transición energética, cosa que no ocurrió, debería continuarse y ampliarse en la tan debatida nueva reforma tributaria.

Fomentar y depender de la explotación del petróleo y el carbón es una grave falta de visión de Estado, que puede llevarnos a hipotecar el presente para volver al pasado.