La sanción de la Ley que prohíbe el uso del asbesto en el país es el primer paso en el largo camino que deberá iniciar no solo el Gobierno, que tiene la responsabilidad de reglamentar la sustitución del material que ya está instalado, sino también de la industria, los activistas, la academia, la ciudadanía y las propias víctimas, pues los altos volúmenes  que ya hay de este mineral no son menores.

En las discusiones llevadas a cabo en el marco del trámite de la Ley, la propia industria habló de más de 300 millones de metros cuadrados de cubiertas con asbesto cemento en el país, más de 40.000 kilómetros de tubería en ese mismo material, más de 3 millones de vehículos que operan con productos que contienen asbesto.

Pero tal vez el dato más impactante es el  de 11 millones de toneladas de asbesto instaladas en el país. Si este dato se divide por los 48 millones de colombianos, se podría decir que hay unos 230 kilos de asbesto cemento por habitante en el territorio nacional, lo que refleja el tamaño del problema.

Juan Pablo Ramos Bonilla, profesor Asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, quien durante años se ha dedicado a estudiar este material, considera que con la sanción presidencial de la Ley lo que se logra es que el problema deje de crecer, es decir, que las acciones que se implementen en torno a la eliminación y el retiro del asbesto del mercado no serán infructuosas. 

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Es claro que la prohibición no soluciona el problema porque el país tiene una historia de más de 75 años introduciendo asbesto y “las cifras de la misma industria sustentan el problema tan gigantesco que tenemos”, dice Ramos Bonilla. 

“Con la prohibición no se termina el problema y es mucho el camino que falta por recorrer. El dilema al que el país se está enfrentando es inmenso, pues los efectos del uso de este material son de largo plazo y se seguirán viendo en los próximos años”, opina Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.

La importancia de la capacitación

El Estado debe generar una política frente al asbesto instalado, la cual debe contener programas de capacitación de las personas que tienen la responsabilidad de retirar el material, pero también de la comunidad que debe tener claro que no es a ella a quien le corresponde realizar esta labor, pues se trata de una sustancia peligrosa.

Para Ramos Bonilla, se debe generar un programa que identifique cuál es el material prioritario que se debe retirar; por ejemplo, aquel que se ha venido deteriorando con el tiempo. Es importante generar una jerarquía de cuáles son los productos que se deben reemplazar, todo enmarcado dentro de unos protocolos establecidos.

Por su parte, Daniel Pineda, director de la Fundación Ana Cecilia Niño, mujer que inspiró la Ley que lleva su nombre, considera que la política de sustitución debe abarcar guías, protocolos y estándares que garanticen la salud de las personas. 

"Se deben plantear políticas con bases científicas y por eso invitamos a las universidades a vincularse para saber cómo adelantar una adecuada sustitución, ya que las personas que lo hagan deben estar capacitadas, pues remover este material puede acarrear mayores riesgos si no se hace con las herramientas y técnicas adecuadas", recalcó. 

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La senadora Nadia Blel, autora de la iniciativa considera que este es un tema de salud pública por lo que en unos años el Gobierno debe monitorear qué está sucediendo con los colombianos en esta materia. “Es un tema de largo plazo y ahora que se ha tomado más conciencia de los daños que este producto genera, se debe estar más atentos a ver de qué manera se asume, pues lo que está en juego es la salud de los nacionales”.

Además de las campañas informativas, de capacitación y la definición de protocolos de sustitución, el gobierno debe ser cuidadoso en el tema de la transición laboral, dice la senadora.

“A los trabajadores se les debe garantizar un plan de adaptación laboral que permita protegerlos, pues la Ley no se puede convertir en una excusa para que se realicen despidos masivos”, precisa. 

Muchos sustitutos

Desde hace años, la industria comenzó a hacer la tarea de sustituir el asbesto, por ello para las empresas la Ley no generará mayores inconvenientes. Para Silvia Gómez, de hecho la más afectada con todo este tema ha sido la población en general, pues son muchas las personas que hacen uso de este tipo de materiales sin ni siquiera saberlo

Por ello considera importante que las personas no comiencen a adelantar ningún proceso de sustitución hasta tanto no haya una reglamentación que defina los lineamientos sobre los cuales se debe realizar el mismo y quiénes están capacitados para hacerlo.  

Daniel Pineda, dice que "hay varios sustitutos que ya muchas empresas están utilizando, por ejemplo, las tejas pueden cambiarse por PVC, además existen otras fibras naturales, plásticos y materiales reciclables que pueden ser usados para cubrir las casas. En el caso de los frenos de los carros un reemplazo podría ser la cerámica. En general para cada elemento que contiene asbesto ya existen los sustitutos en la industria", asegura. 

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Para Gómez, hay suficientes materiales sustitutos, sin embargo, muchas empresas no dejaban de usar el asbesto debido a su alta rentabilidad; pero es importante entender que este no es un problema de unos pocos sino de millones de colombianos que están expuestos a este material.

Por esta razón el llamado es a que el Gobierno inicie rápidamente este proceso, el cual debe realizarse a partir de un trabajo interdisciplinario para evitar posibles errores e inconvenientes que puedan llevar a que el “remedio sea peor que la enfermedad”.

"En principio la responsabilidad que tiene el gobierno es que se haga cumplir la ley, que los ministerios de Ambiente, Trabajo, Minas y Salud empiecen a trabajar en conjunto y no esperen a que un juez los obligue luego a actuar porque no se ha hecho nada", concluye Daniel Pineda.