En Colombia se hacen cerca de 400.000 abortos anuales, según estima el Instituto Guttmacher de Nueva York. Las cifras disponibles para 2017 indican que más del 90 por ciento de ellos son ilegales. Profamilia reportó 10.514 abortos y Oriéntame, 10.411. ¿Y el resto? Ni calculando los procedimientos adelantados por las EPS, los abortos legales alcanzan un porcentaje significativo frente a las estadística de la organización estaunidense. 

Desde hace 12 años el aborto en Colombia se despenalizó en caso de violación, malformación del feto o de riesgo de la salud de la mujer. Esta última causal adhiere a la definición de la Organización Mundial de la Salud: la salud como un estado de bienestar integral (mental, económico, social y emocional), y no solo ausencia de enfermedad. Sin embargo, las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a este servicio.

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Según Mónica Roa, autora de la demanda de despenalización del aborto en 2006, uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento.  “La mayoría de mujeres y niñas no conocen este derecho ni los alcances de las causales, especialmente la de salud, que es amplia. El gobierno no ha hecho una labor informativa y pedagógica”.

Las interpretaciones restrictivas de la Ley, generalmente asociadas con las creencias o prejuicios de los prestadores de servicios de salud, es otro obstáculo. Un estudio de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres analizó 90 casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre 2016 y 2018 y señaló ante la Superintendencia de Salud a las EPS que peor atienden las solicitudes. El resultado: Compensar, Sanitas, Cafesalud y Salud Total fueron las que más incumplieron la Ley y negaron abortos.

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Según Juliana Martínez, coordinadora de la Mesa, Compensar es ejemplo de la carrera de obstáculos que puede significar acceder a un aborto legal. “Presentan dilaciones y malos tratos. Envían a las mujeres a lugares que no existen, a atención prenatal o a centros de adopción. Recientemente acompañamos a 39 mujeres, de las cuales 27 se encontraron con obstáculos de este tipo”.

La objeción de conciencia, por su lado, no tendría que ser una barrera, pero su abuso sí lo es: se presenta cuando se adopta tácitamente como una política institucional o cuando quien objeta conciencia no da información y obstaculiza el proceso. “La objeción de conciencia solo la puede hacer una persona y no puede tener cargos directivos ni administrativos. Quien lo hace tiene la obligación de informar bien a las mujeres y derivarlas a otros prestadores que puedan brindar el servicio sin obstaculizar su derecho”, asegura la abogada Mónica Roa y señala que los casos más preocupantes son los de quienes son objetores pero no lo dicen, de manera que “usan su autoridad para incidir en la decisión de las mujeres o darles información falsa”.

Despenalización social

El pasado 13 de noviembre, durante el diálogo intergeneracional por el derecho al aborto en América Latina y El Caribe, la médica feminista chilena Marisa Matamala dijo que es necesario trabajar en la despenalización social del aborto y naturalizarlo como un hecho de la vida cotidiana.

A eso mismo apuntan Roa y Martínez, como una de las maneras de socavar las talanqueras que se les pone a quienes solicitan el IVE. Para Roa, jurídicamente existen claridades. Lo que hace falta es una transformación cultural que promueva el respeto por las decisiones de las mujeres y por las leyes. “La discusión no es aborto sí o no. Eso ya la Corte lo decidió y los prestadores de servicios médicos tendrían que respetar el derecho y no privilegiar sus posiciones personales”.

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Para Juliana, hay barreras que tienen que ver con la negación de la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo, así que les piden autorizaciones de terceros, cuando ya la Corte ha expresado que la decisión es de ellas.

“No se trata de reabrir debates sobre si el aborto es legal o no ¡Es un derecho! De ahí en adelante todos podemos tener posiciones personales. Por ejemplo, tú no discutes si el divorcio es legal o no así no estés de acuerdo con él. Es un derecho y el que quiera se divorcia. Este es el corazón de la discriminación: puede haber posiciones diversas, pero no se puede limitar el derecho”, agregó.

Despenalización total

Según la Coordinadora de la Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres, la legalidad incompleta se expresa en todas estas barreras, pues el sistema actual deja mucha potestad a quienes operan la ley y la interpretan: “desde el portero y la enfermera que son objetores de conciencia hasta el médico que dice: ‘sí te hago el aborto pero hasta tal semana’”.

Esto se traduce en desigualdad y exclusión, pues atenciones como las de las EPS causan que las mujeres con recursos prefieren solicitar un servicio privado y las mujeres con menos oportunidades terminen siendo madres contra su voluntad o arriesgando su vida en lugares ilegales. Es decir que el aborto se convierte en un privilegio de clase, etnia, edad y ubicación territorial.

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Abortar aún es un delito según el Código Penal, a pesar de que en 2016 la Fiscalía sacó una directiva diciendo que no es de interés para el Estado y que todo caso de aborto que conozca una autoridad judicial se debe interpretar a la luz de las causales.

La Mesa conoció entre 2017 y 2018 al menos 10 casos de criminalización. Mujeres que accedían al sistema de salud por alguna de las causales eran acosadas con amenazas de judicialización. “Acompañamos el caso de una menor de 15 años que accedió por violencia sexual. Llegaron hombres del CTI a llevarse el feto ‘como prueba de homicidio’. Su madre fue hostigada por funcionarios de la Fiscalía, que le decían que debía estar muy segura de la violencia sexual. En un sistema como este, el siguiente paso debe ser la despenalización total”.

En la misma línea, la abogada Viviana Bohórquez, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, asegura que si bien la sentencia de 2006 es histórica, lo ideal es que las mujeres decidan su aborto sin intermediaciones. “la Ley se basó mucho en derechos y poco en cosas prácticas y, finalmente, esas cosas prácticas son operadas por los profesionales de la salud. Hay que ser críticos sobre su rol”.

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Bohórquez coincide en que la discusión hoy debe centrarse en la eliminación del aborto del Código Penal. “Además de ser un delito ineficiente, envía el mensaje simbólico de que se está haciendo algo mal”.

Hasta ahora, ningún país Latinoamericano lo ha hecho, mientras un país como Canadá, que no tiene ningún tipo de restricción, tiene la tasa más baja del mundo. Sin embargo, como concluye Mónica Roa, “hay una tendencia en América Latina: la marea verde nos contagió a todas y está liderada por las nuevas generaciones que serán protagonistas de esta nueva etapa del debate”.

3 mitos sobre el aborto

El colectivo Las Viejas Verdes aceptaron la invitación a desmentir tres mitos para este artículo. Ellas son feministas colombianas por la defensa del aborto en América Latina: Catalina Ruiz Navarro, Matilde de los Milagros Londoño, Ita María, Juliana Abaúnza, Sher Herrera, Luisa Castellanos, María del Mar Ramón, Gina Borré y Andrea Sañudo.

1. Abortar es acabar con una vida

Según el doctor en biología Alberto Kornblihtt, el concepto "vida humana" es una convención social, cultural y religiosa. La vida se refiere a las células: embrión, espermatozoides, piel y todo lo que tiene células está vivo. Sin embargo, no se considera asesinato la eyaculación de una masturbación o cuando las clínicas de fertilización descartan embriones fecundados. Nosotras priorizamos la vida de las mujeres que tienen historia y posibilidad de decidir sobre su proyecto de vida. Ni legal, ni científicamente hay una "vida humana" en un embrión.

2. La legalización incrementa el aborto

Todo lo contrario. Países que legalizaron y además desarrollaron políticas integrales de salud sexual y reproductiva redujeron la cifra. Un derecho no es una obligación. Que apoyes el aborto no implica que salgas corriendo a abortar (o a embarazarte para abortar), solo significa que estás de acuerdo con que toda mujer debe poder decidir sobre su cuerpo. Ninguna está obligada a abortar, así como ninguna debería estar obligada a llevar a término un embarazo que pone en riesgo su salud.

3. Los abortos son traumáticos y peligrosos

El síndrome post aborto no está reconocido por ninguna autoridad de salud mental, como sí lo está la depresión postparto, pero nadie nos dice que no tengamos partos para no deprimirnos. Algunas de las mujeres que nos escriben transitan el aborto con dolor o episodios de depresión, pero no es la norma. Sí coinciden en que fue la decisión correcta. Lo que sí es traumático es vivir solas esta experiencia, por miedo al castigo social o legal. Respecto a lo peligroso, cualquier práctica médica en condiciones insalubres lo es. Sacarse una muela sin instrumentos limpios puede ser mortal. Abortar con mínimas condiciones de salubridad, información y acceso al sistema de salud no es peligroso. Según estudios del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, un parto es 14 veces más peligroso que un aborto seguro.