Los embera no se rinden

Los registros oficiales muestran que más de 3.000 indígenas embera katio y embera chamí se desplazaron durante las últimas dos décadas de los diferentes corregimientos del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.

La desbandada de sus miembros, producto del desplazamiento y las muertes de sus integrantes en el marco del conflicto armado, puso a estas comunidades  en riesgo de exterminio cultural y físico. Desde entonces, enfrentan problemas en las ciudades, como consecuencia de las difíciles condiciones en las que habitan y la mendicidad que soportan. Sin embargo, desde el 2012 empezaron a retornar con el respaldo de diferentes entidades, entre ellas la Unidad para las Víctimas. Y este año entró el proyecto IUJA (Territorio de oportunidades, reintegración social y económica), cuyos avances fueron presentados el pasado 8 de septiembre en el corregimiento de Santa Cecilia.

El plan se ejecuta en el resguardo unificado Río San Juan y en el resguardo Gitó Dokabú, territorios afectados por el conflicto en donde se han promovido sucesivos retornos de comunidades embera en el pasado. Allí, los indígenas han pasado de soportar precarias condiciones de hacinamiento y salubridad, así como de padecer la mendicidad en ciudades como Bogotá o Cali, a luchar por recuperar una vida en condiciones dignas en sus territorios ancestrales.

Y fueron los mismos emberas, en este caso los chamies, con el apoyo de los aliados del proyecto, que identificaron cómo querían ser productivos. Así nacieron, por ejemplo, la asociación de paneleros de las Palmitas y el grupo de artesanas del resguardo Río San Juan. Las mujeres son las principales protagonistas: a través de manualidades buscan resaltar su cultura, tradiciones y ritos. Pero también lideran el cultivo de caña con el que quieren formalizar una marca, que con buenas prácticas agrícolas, favorezca el desarrollo económico de la comunidad. El acompañamiento recibido les sirve para saber, entre otras cosas, que su trabajo debe comercializarse a un precio justo. Sobre todo en el caso de las artesanías, las cuales han vendido a precios irrisorios para subsistir.  

^{Varias familias embera permanecieron hasta diez años desplazados. Con el regreso a su territorio empezaron una nueva vida. Foto David Amado Pintor Revista Semana}

En el resguardo Gitó Dokabu, de los katios, las iniciativas son mixtas. Las artesanías son elaboradas tanto por hombres como mujeres que buscan disminuir los costos de producción para aumentar utilidades en las ventas. Y ellas también se involucran en las diferentes fases del proceso de cultivo y comercialización del cacao, considerado una semilla tradicional y nativa del lugar.

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El respeto por la semilla entre los indígenas es supremo. Solo permiten que en el resguardo se siembre la que es nativa, a través de una forma de cultivar cercana a lo agroecológico y fundamentada en su saber tradicional. Uno de sus retos es mejorar la siembra, la recolección y el secado del cacao, para ampliar su comercialización. 

Así IUJA busca beneficiar de manera directa a 108 personas y a sus familias que sumarían unos 1.500 indígenas favorecidos. La ARN pone su foco en personas que  perteneciendo a la comunidad, ingresaron y se desvincularon de algún grupo armado ilegal, algo que sienta bases para la reconciliación en el territorio.

Martha Lucia Guasiruma* es uno de estos casos y una de las 12 personas que ya finalizaron la ruta de reintegración en Pueblo Rico y que se suma a otras 30 que están en camino. “Para que me voy a poner a pensar que a mi edad me va a salir un trabajo, yo mejor me meto al proyecto de artesanías para con eso poder defenderme y sobrevivir”. Ella reconoce que se metió a la guerrilla “no por hacer maldad, sino por problemas familiares y por la pobreza”.   

Una pobreza que en los dos resguardos comparten, desmovilizados y víctimas del conflicto armado. Sus condiciones de vulnerabilidad allí siempre han sido grandes, pero aun así se esfuerzan para reconstruir el tejido social de la comunidad y lograr condiciones de vida dignas.

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Lucas Uribe, director programático de la ARN, explica que el proyecto “busca sentar unas bases productivas en los integrantes de la comunidad, aprovechando que han abierto la puerta para trabajar con personas que hicieron parte de grupos armados ilegales”. Esto teniendo en cuenta que, como lo señala Uribe, “no hay una sola fórmula para acercarse a los pueblos indígenas: hay otras comunidades en las que no se ha permitido el retorno de excombatientes y en donde el papel de la Agencia ha sido de mediación”.  

El proyecto -una iniciativa conjunta entre la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Gobernación de Risaralda, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis)-,  ahora se concentra en capacitación organizativa y empresarial, así como en la formulación, aprobación y financiación de planes de negocio. Por ahora se necesita que el sector privado y los consumidores se vinculen para que estos esfuerzos tengan un mercado y la producción en las comunidades embera no se detenga.