Son tres las implicaciones que, para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), se presentan con la salida forzada de guardaparques de 10 áreas protegidas amazónicas, por amenazas de grupos armados.  

Para él, estos funcionarios significaban, en primer lugar, la presencia del Estado en muchas zonas remotas y tras su retiro considera que el país queda imposibilitado de ejercer un monitoreo permanente sobre las condiciones de sus recursos naturales.

"Se pierde, además, el trabajo diario en lo referente a la recuperación de áreas que han sido degradadas e impactadas y que, trabajando de la mano con otras instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de la cooperación internacional y particularmente de las comunidades locales, venían realizando los funcionarios de Parques Nacionales", dijo. 

Botero también cree que ha llegado un momento importante en la historia del país y, por esa razón, se debe repensar el modelo del Sistema Nacional de Parques. "Creo que su presupuesto es insuficiente, que sus condiciones operativas y jurídicas también. Creo, además, que las necesidades de desarrollo regional sobrepasan con creces la misma capacidad de la Unidad y se convierten en un elemento que va en contravía de sus funcionarios", agregó.  

El director de la FCDS recalcó que al ser este un momento de tensión se puede producir una búsqueda de soluciones por parte de todos los actores, que redundará en un fortalecimiento en el ejercicio de aplicación de la ley. "Tengo toda la esperanza y creo que así va a suceder, que habrá una entrada integral del Estado en esas zonas. Creo que tiene que entrar efectivamente por el tema de los derechos de la tierra y del uso del bosque, pues tiene que ver con la integración al resto de la economía nacional en términos de formalidad", sostuvo. 

Botero afirmó que en vista de que en los ocho municipios que colindan con la Serranía de Chiribiquete se concentra el 70% de la deforestación de toda la Amazonia, es indispensable abrir una discusión con los departamentos y municipios para entrar en consonancia desde lo local con el modelo de conservación y preservación que se está planteando desde la nación, que ve los recursos naturales como activos.

"La discusión tiene que ser en ese sentido y no continuar en ese proceso, a veces muy contradictorio, entre lo que se plantea a nivel regional, en donde hay diferentes fuerzas y todo tipo de intereses, y lo que indica la nación, pues no necesariamente coinciden", apuntó.

Aseguró que se debe pensar en una mirada de largo plazo. "Este es un proceso que no puede ser simplemente achacable a un gobierno, es una visión del Estado y en eso todos tenemos que cooperar", puntualizó.