A partir del primero de enero del año 2021 quedaría prohibido el uso, comercialización, importación y distribución de asbesto en Colombia. Por lo menos eso es lo que esperan los promotores, ponentes y ambientalistas que han venido impulsando desde hace varios años el proyecto de ley Ana Cecilia Niño, el cual se encuentra a solo un debate de convertirse en una realidad. 

Para lograrlo deberán sortear varios obstáculos. Lograr que se realice el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes antes del próximo 20 de junio es uno de los grandes desafíos. "Tenemos menos de un mes, para dar lugar al debate y conciliar las modificaciones. Esto dependerá de que los ponentes sean muy ágiles y radiquen rápido la ponencia y que el presidente de esa corporación lo ponga primero en la lista”, manifestó Nadia Blel, congresista ponente en el Senado. 

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Evitar que se introduzcan nuevas modificaciones que cambien el propósito central del proyecto es otro de los retos. Durante el tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, esta inicitiva fue sujeto de varios cambios, aunque el grueso del proyecto siguió intacto, según señaló Daniel Pineda, director de la Fundación Ana Cecilia Niño y promotor de esta ley.  

El cambio de la palabra "prohibir" por "eliminar" se dio, por ejemplo, con el fin de aclarar que la norma no sancionaría a los dueños de viviendas construidas con materiales hechos de asbesto. Adicionalmente, se aprobó que la eliminación en el mercado de este material se daría en el término de un año y medio, y no en un periodo de transición de cinco años, a partir de la expedición de la ley, como estaba planteado en la ponencia original. 

“Los congresistas sentimos el clamor del pueblo colombiano, pudimos llegar a unos acuerdos muy importantes (…) que a partir del 1 de enero del año 2021 en Colombia sea eliminado el asbesto. No se va poder producir ni comercializarse este producto. No podemos esperar cinco años para tomar decisiones cuando el mundo nos está diciendo que el asbesto produce cáncer”, manifesó Jairo Humberto Cristo, representante a la Cámara del partido Cambio Radical.

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Sin embargo, uno de los mayores retos está en lograr que se prohíba la exportación de ese material desde Colombia. Para Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, ponente del proyecto en la Comisión Séptima, algunas de las 38 proposiciones que fueron presentadas para modificar el proyecto de ley, dejaron esa puerta abierta.

"Cuando usted deja abierta la puerta para la exportación de material significa que algunos mineros van a estar expuestos, y que los ciudadanos alrededor de las minas, así como toda la cadena de producción hasta que sale ese material cancerígeno, estará en riesgo", comentó el congresista quien informó que actualmente existe una mina con licencia en Antioquia en la que laboran 250 trabajadores, pero afirmó que hay otra en ese mismo departamento que está a la espera de que le aprueben su Plan de Obras y Trabajo. Esta operaría hasta el año 2036. 

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El representante agregó que la propuesta inicial incluía la prohibición de la exportación, pero debido a las modificaciones, el debate se dilató. "Voy a dar la batalla en la plenaria de la Cámara para que la palabra exportación sea eliminada. La pelea en el último debate será prohibir todos los frentes de este químico”, apuntó. 

Mientras se define si la eliminación del asbesto se convierte o no en ley, en diferentes poblaciones y ciudades las autoridades siguen prohibiendo la utilización de este material. En Tunja, por ejemplo, el concejal Héctor Sánchez presentará el próximo lunes un proyecto de acuerdo para prohibir el uso del asbesto en la contratación pública en la capital boyacense. De darse, esta sería la cuarta localidad de ese departamento que impediría la utilización de ese material, junto a Samacá, Chivatá y Tibasosa. En Moniquirá, Guateque y Villa de Leyva también se están tramitando iniciativas sobre el particular.