Organizaciones de Antioquia piden tener voz en proyecto de megaminería

A la espera de una respuesta se encuentran varias entidades del suroeste de Antioquia que decidieron solicitarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) poder participar como terceros intervinientes en el proceso de evaluación ambiental que adelanta esa entidad al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti para explotar oro, cobre, plata y molibdeno en el proyecto denominado Quebradona, situado en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó.  

Y es que el tercero interviniente, según la misma Anla, es una persona natural o jurídica que se manifiesta por iniciativa propia para ser parte en el procedimiento administrativo de un trámite ambiental, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno. La lucha de estas organizaciones e instituciones, entre las que se encuentran la Alcaldía de Támesis, Visión Suroeste y la Mesa Técnica Suroeste de Antioquia, persiste ya que ser incluidos bajo esta figura les permitirá acceder a la información contenida en el EIA y, de esta manera, entrar a complementar el debate sobre la conveniencia o no de desarrollar este proyecto minero en esta región del país. 

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"Por fortuna la ley colombiana nos permite acceder a toda la información sobre los impactos ambientales como terceros intervinientes, porque desde nuestro punto de vista, la minería genera grandes impactos y una huella ambiental negativa que pone en riesgo el desarrollo que queremos para este siglo XXI en nuestro territorio, el cual tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y social de toda nuestra región, en la que tenemos una riqueza muy importante que proteger y que se encuentra en amenaza", manifestó Juan Martín Vásquez Hincapié, alcalde del municipio de Támesis.

El mandatario considera que la minería genera grandes impactos, en diferentes sectores. "Se ha dicho que la minería es buena para nuestro territorio, pero la realidad muestra que todas las zonas donde se hace minería son las que tienen mayores dificultades ambientales, sociales, de salud y de todo tipo", apuntó. 

Claudia Vásquez Echeverri, directora de la Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia, espera contar con el tiempo necesario para revisar y analizar el estudio presentado por la empresa AngloGold Ashanti. “Es importante recordar que, como lo ha anunciado la multinacional sudafricana, ellos contaron con 14 años para desarrollar los estudios sobre la factibilidad del desarrollo de su proyecto de megaminería de metales. Esperamos, de igual manera, contar con un tiempo razonable para revisar, de la mano de expertos en diversas áreas, el resultado de los análisis que se incluyen en el EIA”, comentó. 

Para ella la verdadera vocación de esa población es la agroindustria, el ecoturísmo, la cultura y el emprendimiento sostenible.

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El proyecto Quebradona, en el que se producirían 6,13 millones de onzas de oro, 85 millones de onzas de plata y 3,92 millones de toneladas de cobre, durante los 21 años de operación que duraría la concesión, ha recibido voces a favor y en contra en esa región por los impactos de orden social, ambiental y económica que puede generar. 

“Hace un par de días los líderes del mundo discutían en el Foro Económico Mundial alrededor del medio ambiente, la sostenibilidad planetaria y las alternativas de desarrollo económico del siglo XXI. Realizar la explotación de minerales, utilizando elementos contaminantes, como una forma de generar energías limpias es contradictorio. En Colombia debemos preguntarnos si nuestro modelo de desarrollo será el del siglo XIX, que contempla la explotación minera, o si será la del siglo XXI, donde el desarrollo es armónico con el medio ambiente y, por ende, con las personas”, sostuvo Sebastián Restrepo Henao, representante de Visión Suroeste.

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"No queremos ningún tipo de minería metálica en esta región. Nos ha afectado demasiado y queremos vivir en paz", dijo William Galindo, campesino residente en el corregimiento Palocabildo, Jericó, en una video-carta que le fue enviada en agosto de 2019 al presidente Iván Duque por parte de la Mesa Técnica. 

Ahora solo resta aguardar por la decisión de la Anla, entidad que se encargará de aceptar o rechazar el ingreso de las organizaciones e instituciones como terceros intervinientes.