El 6 de septiembre de 2013 el concejal del partido Progresistas, Diego García,  le pidió a la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá suspender el reconocimiento  que se le había entregado a la empresa petrolera por sus buenas prácticas en el área de responsabilidad social.

Este premio se entregó en virtud del Acuerdo 494 de 2012 que, entre otras cosas,  decide en el artículo quinto que : “Las buenas prácticas de Responsabilidad Social que hayan incidido positivamente en el desarrollo del Distrito Capital, de conformidad con sus resultados e impacto social, serán objeto de un público reconocimiento por parte del Concejo de Bogotá, D.C”, reconocimiento que fue otorgado a Pacific.

Hay, sin embargo, varias razones por las que, como bien lo expresó García,  se debe retirar el premio.

Los argumentos que convencieron al Concejo fueron estos:

-Pacific tiene inscritas sus acciones en Toronto, por lo que están fuera de la vigilancia de la superfinanciera, los fondos pensiónales tienen $1.000 millones de dólares invertidas allí. (Fuente–Superintendencia financiera).

-Hay 17 empresas del grupo que conforman PACIFIC RUBIALES que operan en Colombia, pero sólo una tiene su domicilio en el país, pese a que el 98 por ciento de su operación se encuentra en el país. Lo que implica afectación tributaria.

-Los salarios de los 4 principales directivos (Cada uno) rondan los 11 millones de dólares al año, con lo que buscarían reducciones tributarias por altos costos de administración. (Fuente- Derecho de petición 21 agosto 2012. Superfinanciera)
-Mediante explotación por combustión in situ (Proyecto STAR), pretenden aumentar su producción. Quemando el 10 o 20 por ciento del petróleo para desplazarlo a los pozos de extracción. Graves daños ambientales superficie y subsuelo, y aguas subterráneas y todos los ecosistemas relacionados. daña las reservas que podrían explotarse en el futuro con nuevas tecnologías.
-Daños ambientales, sociales y culturales a los habitantes del Cabildo indígena El Turpial – La Victoria. Por construcciones de un oleoducto sin realizar la consulta previa a la comunidad.
-El municipio  de Puerto Gaitán – Meta, presenta el 65.5 por ciento de pobreza, es el más rezagado del meta  (Fuente SISBEN)  El municipio de Puerto Gaitán, recibió por regalías $55.054 millones de pesos, mientras que las utilidades netas de la empresa son de $528 millones de dólares.
-Durante la vigencia de 2012, tuvo utilidades  por US$528 millones, pudiendo aumentar US$92 millones si se define a favor de ellos un laudo con Ecopetrol. La producción creció un 13 por ciento.
-Durante 17 y 18 de Agosto de 2013, se llevó a cabo en Bogotá, Juicio ético como cierre de 40 audiencias públicas de denuncia, liderados por Amir Khadir, diputado en el parlamento de Quebec del Partido Quebec Solidario, manifestó que en el acuerdo de libre comercio firmado entre Colombia y Canadá, el Primer Ministro canadiense se comprometió a que las inversiones en Colombia mejorarían la calidad de vida de la población. Sin embargo aseguró que “eso no fue lo que vimos en Puerto Gaitán”. Khadir alertó que las fuentes de agua en la zona están amenazadas, y se pretende aplicar la combustión in-situ, una técnica de extracción de petróleo que causaría graves daños a la superficie y el subsuelo.
-El Cabildo indígena El Turpial – La Victoria, donde la etnia Achagua y Piapoco, demandó a la empresa Meta Petroleum Limited (Filial de Pacific) por la construcción de un tramo del Oleoducto de los Llanos (ODL) en su territorio sin realizar la consulta previa; esta acción, según la comunidad indígena ha ocasionado el incremento de enfermedades por contaminación de aguas, deserción estudiantil y embarazos en adolescentes.
-El último acontecimiento se presentó en la zona limítrofe entre Casanare y Arauca, donde las Organizaciones Sociales del Centro Oriente Colombiano, en el marco de una jornada de protesta, bloquearon el Oleoducto Bicentenario (en el que Pacific Rubiales participa con el 32,9 por ciento); dichas organizaciones exigieron el pago de la deuda social de las empresas petroleras, la reparación ambiental, el respeto de los derechos indígenas, entre las reivindicaciones más importantes.

El miércoles 2 de octubre la Mesa Directiva, con base en los anteriores argumentos, y acatando la opinión general de la plenaria del Concejo de Bogotá, suspendió el reconocimiento  por medio de la resolución 0639 de 2013. Así las cosas parece que, un año después, la megapetrolera se quedó con los crespos hechos.

A continuación una imagen de la resolución 0639: