Un  llamado al Gobierno nacional a cesar la violencia en contra de los manifestantes y a no criminalizar la protesta pacífica que vienen adelantando diferentes sectores de la sociedad realizó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), que agrupa a 66 comunidades. 

Además, instó al Estado a formular y poner en marcha una política pública integral, participativa e incluyente que proteja, conserve y promueva un desarrollo diferencial para la Amazonia colombiana.

"Exhortamos al Gobierno a instalar mesas de diálogo y concertación de alto nivel con los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, a través de los espacios creados para tal fin como la Mesa Regional Amazónica Ampliada, MRA, y las mesas de concertación regionales y departamentales, con el fin de revisar acuerdos y trazar los procedimientos para el cumplimiento real y efectivo en términos políticos, administrativos y presupuestales de los múltiples acuerdos suscritos con las comunidades de la Amazonia colombiana, de acuerdo a los preceptos constitucionales de diversidad étnica y cultural, así como a los mandatos establecidos por la honorable Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en diferentes órdenes judiciales", señala la organización en una carta enviada al presidente Iván Duque.

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En el documento, de cinco páginas, también repudiaron las actuaciones desmedidas de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes y responsabilizaron a los ministerios de Defensa y del Interior, así como al presidente Duque por los crímenes que - según esa organización - se vienen cometiendo impunemente por los agentes estatales en contra de las comunidades rurales, así como por la extinción y el exterminio físico y cultural al que vienen siendo sometidos los pueblos indígenas del país.

"Estamos convencidos de que el diálogo social objetivo, serio, nacional y de alto nivel que ha propuesto el Gobierno es el camino para buscar la pacificación del país y la respuesta al inconformismo social. Manifestamos nuestra voluntad de diálogo", indica.

En el escrito la OPIAC propone una agenda de trabajo para la Amazonía compuesta por 13 puntos, entre los cuales se encuentran la construcción de un CONPES económico, social y ambiental para la Amazonia que responda a las necesidades territoriales y a los usos y costumbres de los pueblos aborígenes asentados en esa región de Colombia.

De igual manera, el reconocimiento jurídico de la autoridad ambiental que los pueblos indígenas de la Amazonia han venido ejerciendo ancestralmente. Así mismo, plantean cumplir de manera concertada con los pueblos indígenas la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos, "siendo necesaria la puesta en marcha de las acciones allí consignadas y las medidas urgentes que pongan freno a la deforestación de la selva".

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La organización también requiere que se revisen y cumplan de los acuerdos pactados en la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en especial lo referente al capítulo amazónico, en el que - para la OPIAC- se necesita establecer la ejecución presupuestal, metas e indicadores.

De la misma forma, solicitan concertar la construcción de la política pública de protección individual y colectiva de los pueblos Indígenas, de acuerdo con la realidad política y de conflicto que atraviesan los territorios habitados por las comunidades amazónicas.

Los indígenas piden, igualmente, la elaboración de una política integral del Estado en materia de Derechos Humanos, que reconozca el abandono histórico, la exclusión social y el subregistro de los crímenes cometidos. Esta deberá contener un capítulo amazónico con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades ante la constante amenaza de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas.

La OPIAC recordó la enorme importancia de la Amazonia, pero también las amenazas para la preservación natural y cultural de esta región, entre las cuales destacó el incremento de la deforestación, el acaparamiento de tierras, los intereses extractivos de minerales, petróleo y madera, la agroindustria, el incremento de cultivos de uso ilícito, la colonización y la violación de derechos de los pueblos y comunidades que habitan la ecorregión.

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"Todo lo anterior se ha exacerbado de manera súbita a raíz de la falta de gobernabilidad del presidente Iván Duque, lo que significó que para 2019 gran parte de la región permanezca invadida por grupos al margen de la ley. En los territorios amazónicos donde la presencia de las autoridades indígenas se configura como la única presencia del Estado, la presencia de actores foráneos, tanto legales como ilegales, son un acto de irrespeto a las facultades gubernativas y jurisdiccionales de éstas, y una amenaza para la estabilidad social, política y económica de las comunidades y la pervivencia como pueblos indígenas en nuestros territorios ancestrales", puntualiza la carta.

Los indígenas esperan que las peticiones hechas sean incorporadas entre las múltiples solicitudes que vienen realizando los demás sectores de la sociedad civil.