Además de la medida de asegumiento, el juez ordenó el cierre inmediato de la carretera ilegal. Así mismo la Fiscalía estableció que el mandatario habría facilitado el avance de las obras del corredor vial de 138 kilometros sin contar con los permisos ni licencias ambientales, así como el constante paso de vehículos pesados y la construcción de asentamientos mediante la quema y tala de bosque lo que aceleró la pérdida de bosque y de fuentes hídricas de la región.

Durante la audiencia adelantada en San José del Guaviare la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de: daño a los recursos naturales agravados, invasión de área de especial importancia ecológica agravada, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por uso y tráfico de influencias.

Estos últimos cargos fueron imputados porque, además de los presuntos delitos ambientales, la Fiscalía encontró pruebas de que el alcalde habría participado en la intervención indebida en la contratación de profesionales ambientales. Dichas personas estarían encargadas de un proyecto relacionado con frenar la deforestación en el departamento. 

Además la maquinaria amarilla, necesaria para este tipo de obras, que era de uso exclusivo del municipio, Ospina las habría prestado a familiares y particulares, al parecer, a cambio de dinero. y Finalmente el líder municipal tendría responsabilidad en la mediación ante algunas autoridades judiciales y de policía para evitar la judicialización de personas que habían sido capturadas por el robo de ganado.

A menos de un mes que los alcaldes terminen su periodo, el departamento del Guaviare, el segundo más deforestado del país con cerca de 70 mil hectáreas perdidas de bosque por este flagelo entre 2017 y 2018, tres de los cuatro alcaldes de ese departamento se encuentran en el ojo del huracán de la Fiscalía por delitos ambientales.

Los alcaldes de Miraflores, Jhonivar Cumbe, y de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, se encuentran bajo investigación ya que según la Fiscalía, los mandatarios fueron permisivos en la construcción de la vía entre ambos municipios.

Ante esto, la Fiscalía concluyó que los alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial y que, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades ambientales encontradas

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“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados”, aseguró la Fiscalía.

La investigación del ente judicial encontró que varios de los focos de deforestación e incendios en la zona están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal. 

Además, basado en el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la deforestación en Guaviare se triplicó durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales, al pasar de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018.