La lucha ambiental por el segundo país más biodiverso del planeta atraviesa por uno de sus momentos más neurálgicos. Desde el desarme de las FARC, las embestidas contra los recursos naturales son cada vez más constantes, un cuadro de devastación representando en árboles cercenados, ríos contaminados, vegetación calcinada y extensos pastizales donde antes había bosque.

La deforestación llegó a un tope histórico luego de la firma del Acuerdo de Paz. En 2017, Colombia perdió 219.973 hectáreas de bosque natural, cifra que aunque ha disminuido en los últimos años, sigue siendo alarmante en especial en la Amazonia, región que concentra 62 por ciento de la hecatombe boscosa.

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Grupos armados ilegales y facciones criminales han aprovechado la salida de las FARC para extender su campo sobre áreas como los Parques Nacionales Naturales (PNN). “Si bien esta no es una situación nueva, en la reciente etapa de reconfiguración y reacomodamiento, la manera como operan estos grupos ha tenido algunas variaciones”, afirma la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el documento "Fuerzas Militares y la protección del ambiente".

Las mafias deforestadoras siguen gobernando en la Amazonia colombiana. Foto: FCDS.

Según la FIP, el reacomodo de estas estructuras criminales ha tenido implicaciones para las autoridades ambientales, como los guardaparques y líderes ambientales. “Su vulnerabilidad ha aumentado, como lo demuestran los homicidios de Wilton Fauder Orrego León, guardaparques de la Sierra Nevada de Santa Marta en enero de 2019, y de Yamid Alonso Silva Torres, quien trabajaba en el Parque Nacional Natural El Cocuy en febrero de 2020”.

Cinco áreas protegidas de la región amazónica, los PNN Chiribiquete, Cahuinarí, Puré, La Paya y Yaijagé Apaporis, quedaron desprovistas de sus autoridades ambientales desde febrero de 2020. “Los guardaparques tuvieron que desplazarse a Bogotá, centros poblados o ciudades aledañas, después que un grupo de disidencias de las FARC les comunicara que debían salir de los parques”, menciona la FIP.

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Ni siquiera la emergencia sanitaria por la covid-19 ha generado un respiro para los recursos naturales. Autoridades ambientales como Corpoamazonia, han manifestado que personas inescrupulosas están aprovechando la cuarentena para quemar la selva”. “En abril, en un comunicado de la unidad Jhon Linares del Frente Comandante Jorge Briceño, el grupo disidente de las FARC manifestó que la organización abre la posibilidad de que los campesinos sin tierra tumben la selva en la cantidad que puedan trabajar”, dice la fundación. 

El bosque amazónico es la principal víctima de las redes criminales que desangran los recursos naturales. Foto: Jhon Barros.

Lucha por el verde

Cerca de 22.000 integrantes de las Fuerzas Militares están dedicados a la tarea de proteger los recursos naturales, un trabajo articulado con los organismos de control, las instituciones del sistema de justicia y las autoridades ambientales.

La campaña Artemisa, iniciada en 2019, es la insignia del Gobierno nacional para frenar la devastación ambiental. La primera fase estuvo concentrada en los Parques Naturales de Chiribiquete y La Macarena, extendiéndose luego al resguardo Llanos de Yarí y al Parque La Paya.

Según la FIP, fuentes del Ejército Nacional le informaron que Artemisa ha arrojado resultados como 244 operaciones militares (en los PNN Tinigua, Chiribiquete, La Paya, La Macarena y Picachos), 224 capturas por delitos ambientales, 5.917 hectáreas de Parques recuperadas y 130 actividades de apoyo al control de incendios forestales. 

La campaña Artemisa es la insignia del Gobierno nacional contra la deforestación y la minería ilegal. Foto: Ejército Nacional.

“Además de las operaciones militares y actividades exclusivas del sector defensa, las Fuerzas Militares forman parte de las 22 Burbujas Ambientales impulsadas desde 2016, una estrategia de articulación departamental a través del cual se podrían atender con mayor inmediatez problemas asociados a la deforestación”. 

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Sumado a esto, el actual Plan Nacional de Desarrollo incluyó la creación de una Fuerza Integral de Protección Ambiental con la participación del Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades ambientales y la Fiscalía General de la Nación.

La actual Política de Seguridad y Defensa, publicada en 2019, estableció la necesidad de defender los cuerpos de agua, la biodiversidad y el medioambiente, calificándolos como activos estratégicos, de interés nacional principal y prevalente, lo que representa una innovación y convierte su protección en un asunto de seguridad nacional”, anotó la fundación.

El accionar de las Fuerzas Militares ha causado polémica entre las comunidades de la Amazonia. Foto: Ejército Nacional.

Accionar polémico

La Fundación Ideas para la Paz indica que las operaciones desplegadas por las Fuerzas Militares han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales, en especial sobre los campesinos colonos que habitan las áreas protegidas. 

En la cadena de la deforestación y otros crímenes ambientales hay múltiples eslabones, con distintos recursos de poder. En estos fenómenos participan actores armados ilegales con capacidad de usar la violencia, agentes legales con poder económico, capacidad de corrupción y de capturar el Estado, y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”. 

Según la FIP, la deforestación y afectación de las áreas de especial importancia ecológica son generalmente impulsadas por sofisticadas redes. “Por eso las intervenciones no deben limitarse al uso de las fuerzas militares. El fortalecimiento del sistema de justicia y de las otras instituciones que tienen a su cargo la seguridad ciudadana, deben ser parte integral de la estrategia para proteger el ambiente”.

Los operativos ambientales de las Fuerzas Militares sólo han arrojado la captura de colonos y campesinos. Foto: Ejército Nacional.

El accionar de las Fuerzas Militares y la militarización en la protección del ambiente generan varias secuelas, como el aumento del riesgo sobre los guardaparques, quienes quedan en medio de la confrontación y el fuego cruzado y son vistos como informantes o aliados del Gobierno.

Hay un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza. En algunos de los casos analizados se destruyeron casas y cultivos, y se invadieron domicilios en la búsqueda de evidencia sobre crímenes. Eso implicó vulneraciones a los derechos humanos y generó la pérdida de legitimidad de la intervención estatal”. 

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La FIP evidenció un aumento de prácticas de exclusión y estigmatización de la población, en especial de comunidades que viven dentro y en inmediaciones de las áreas protegidas. “Estas personas pasan a ser vistas como invasoras y se convierten en un objetivo sobre el cual las Fuerzas Militares deben enfocar sus acciones”. 

La deforestación sigue devorando con fuerza los bosques del país. Foto: Ejército Nacional.

La fundación expresó que la discusión sobre el papel de las Fuerzas Militares en la protección del ambiente tiene como telón de fondo las posiciones de dos bandos: primero quienes consideran que en las áreas de especial importancia ecológica esta protección se debe hacer sin gente, y segundo los que consideran que no es posible lograr estos objetivos sin consensos con los habitantes locales. 

Para los primeros la única alternativa es aplicar la ley a rajatabla, aunque eso implique desalojar las poblaciones que están en estos lugares; para los segundos, esta debe ser la última opción y se deben explorar primero otras alternativas, sobre todo cuando se trate de personas con legítima confianza o derechos adquiridos”.

Otro de los riesgos de la militarización verde evidenciados por la fundación es que, cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles, como campesinos y comunidades vulnerables, en la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos. 

Las redes criminales están llenando de ganado los Parques Nacionales de la Amazonia. Foto: Rutas del Conflicto.

La experiencia internacional muestra que este tipo de intervenciones termina generando cuestionamientos a la legitimidad del Estado. En Colombia, desde febrero de 2020 se han venido presentando protestas en Caquetá y Meta promovidas por campesinos y líderes sociales que rechazan las acciones de la Fuerza Pública en las áreas protegidas”.

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Aunque la intervención de los militares puede ser una opción atractiva en el corto plazo, la FIP indica que sus impactos son poco sostenibles si no se realizan dentro de una estrategia más amplia, que incluya el fortalecimiento del aparato de justicia y la transformación de las condiciones estructurales de las comunidades que habitan los territorios a conservarse. 

“Su concentración está en los eslabones más débiles de las cadenas criminales. Mientras tanto, acciones contundentes contra las organizaciones y redes más sofisticadas, que cuentan con mayores recursos, no suelen ser comunes. Si las acciones represivas recaen exclusivamente en los campesinos, se genera un ambiente de malestar social y resistencia a las instituciones”.

Así lucen varias zonas de la Amazonia, una hecatombe liderada por las redes criminales. Foto: Rodrigo Botero.

El balance costo beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable. “Algunas estimaciones señalan que en un solo despliegue en el marco de Artemisa tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad”. 

La fundación reconoce que la participación de las Fuerzas Militares es relevante y necesaria en la lucha contra la depredación ambiental, pero debe ser muy bien diseñada y formar parte de una estrategia más amplia, “que involucre a la totalidad del Estado y que avance de manera gradual, generando las condiciones para la protección de la biodiversidad y sin desconocer las realidades sociales”.

Doce recomendaciones 

Con el propósito de que las Fuerzas Militares contribuyan de manera positiva a la protección del ambiente, la FIP recomienda una serie de aspectos para que la lucha por los recursos naturales sea efectiva.

1. Salvaguardar a los líderes verdes

La fundación recomienda responder de manera urgente a la intimidación y al uso de la violencia por parte de los grupos armados ilegales contra funcionarios, organizaciones e instituciones que trabajan en la protección del ambiente. 

La protección de los líderes ambientales y comunidades debe ser una responsabilidad de primer orden para las Fuerzas Militares y la Policía”, dice la FIP.

La ganadería en la Amazonia ha tomado mayor fuerza por la falta de presencia estatal. Foto: Rodrigo Botero. 

2. Garrote a los verdaderos protagonistas

Hay que priorizar y concentrar los recursos en las acciones contra los eslabones más fuertes de las redes criminales, es decir contra aquellos que tienen más capacidad de corrupción, así como de usar la violencia y la intimidación”, afirma la FIP. 

Una queja constante de las comunidades locales es que las operaciones militares y judicializaciones recaen siempre en los eslabones más débiles, “cuando quienes causan los daños ambientales más profundos continúan actuando desde la impunidad”. 

3. Lucha contra la corrupción

Los hechos de corrupción se pueden dar en un largo espectro, que va desde funcionarios y actores políticos que pueden ser participantes pasivos o protagonistas activos de las redes delictivas. 

La complicidad en el nivel inferior puede implicar sobornos aislados o pagos regulares a funcionarios, pero también llega a escalar a una corrupción más sistémica. Esto afecta el contexto operacional de las Fuerzas Militares, cuyas unidades también pueden ser susceptibles a esta problemática”.

La lucha contra la deforestación también incluye desenmascarar a la corrupción. Foto: Rodrigo Botero. 

4. Zonas de alta importancia ambiental

A partir de un análisis estratégico, las Fuerzas Militares deben enfocarse en el control de áreas de acceso a las áreas protegidas, pero con el desafío de la intervención estatal en zonas donde se encuentran asentadas poblaciones.

“También es relevante considerar áreas de deforestación sin comunidades en donde el accionar de las Fuerzas Militares puede orientarse al control de corredores estratégicos. Esto requiere un sistema de vigilancia y control que provea información relevante y oportuna para el despliegue de las unidades”. 

5. Trabajo conjunto

La FIP indica que se debe mejorar el relacionamiento y la articulación entre las autoridades ambientales y las Fuerzas Militares, por medio de una una visión común, definir objetivos y establecer una secuencia de intervención a partir del análisis del contexto. 

Se requiere generar una dinámica de trabajo positiva, guiada no solo por el objetivo del cumplimiento de la ley sino por la construcción de legitimidad como parte de una estrategia sostenible del Estado. Una figura para explorar es la creación de unidades de diálogo previo y fortalecer el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación como un espacio de coordinación técnica y operativa”. 

Colombia alberga más del 14 por ciento de la diversidad de plantas y animales del planeta. Foto: Jhon Barros.

6. Mejores intervenciones

La fundación considera que la secuencia de las intervenciones deben definirse a partir del análisis del contexto y teniendo como objetivo una respuesta sostenible. “Es importante aspirar a una perspectiva de largo plazo con la que el Estado fortalezca sus capacidades”. 

Las operaciones de entrada y salida de las unidades militares son claramente insuficientes, “especialmente si no hacen parte de una estrategia más amplia por parte del Estado. Es clave definir cómo la protección del ambiente se integra a las demás responsabilidades que tienen las Fuerzas Militares”.

7. Cambio de enfoque

Hay que pasar de un enfoque reactivo de aplicación de la ley a una perspectiva proactiva con investigaciones complejas. Según la FIP, aunque la aplicación reactiva de la ley puede contribuir temporalmente a detener los incendios forestales intencionados, dinámicas de ocupación y amenazas a las comunidades, es poco probable que logre afectar las causas y agentes más influyentes.

La construcción de casos robustos que logren impactar las redes criminales requieren del análisis del contexto y de múltiples pruebas, por lo que es importante identificar tanto faltas administrativas como violaciones al código penal. La inteligencia es componente clave en este tipo de intervenciones”.

La minería ilegal es otra problemática que no ha sido frenada en Colombia. Foto: Policía.

8. Apoyo judicial

La intervención de las Fuerzas Militares debe darse como parte de una estrategia integral del sistema de justicia, una coordinación que existe y viene ganando relevancia a través de la Fiscalía General de la Nación. 

“Sin embargo, es importante aumentar las capacidades para la investigación y judicialización de los delitos ambientales. Además, es relevante contar con jueces preparados para valorar y sancionar delitos ambientales”. 

9. Mediciones

La FIP recomienda realizar una revisión de los indicadores de éxito de las intervenciones de las Fuerzas Militares enfocadas en la protección del ambiente, como el número de hectáreas recuperadas y reforestadas. 

“Este tipo de métricas deben ser la prioridad. Sin embargo, los reportes basados en capturas no deben guiarse por criterios de cantidad, sino de afectación real de la redes que dinamizan la deforestación y la afectación del ambiente”. 

Los ríos Amazónicos están contaminados con el mercurio utilizado por la minería ilegal. Foto: Ejército Nacional.

10. Riesgos militares

Las operaciones militares no están exentas de riesgos que se pueden anticipar y mitigar. Por lo anterior, la FIP indica que se requiere una especial consideración sobre los impactos que puede tener el uso de las Fuerzas Militares en la seguridad de las autoridades ambientales, la relación con las comunidades y los procesos previos de diálogo y concertación. “Hay que evitar, a toda costa, la estigmatización de la población en condición de vulnerabilidad”.

11. Autoridades ambientales

Hay que fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales, especialmente las que funcionan a nivel local como Parques Naturales y las Corporaciones Autónomas Regionales, quienes enfrentan serias limitaciones para llevar a cabo sus funciones. 

Se requiere de instituciones ambientales fuertes para conservar las áreas de especial importancia ecológica, especialmente en los territorios donde hay un reacomodamiento de los grupos armados ilegales. Es clave mejorar la articulación entre las entidades regionales y las centrales”.

12. Acuerdo de paz

La FIP hizo énfasis la importancia de avanzar en la implementación de los mecanismos y estrategias incluidas en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyen a la protección ambiental. 

Es de especial importancia avanzar en el catastro multipropósito, formalización de tierras y en conformación del Fondo de Tierras. Hay que seguir trabajando en la zonificación ambiental participativa, la estabilización de la frontera agropecuaria y los acuerdos con la población campesina”.