Ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los lugares más hermosos de Colombia, pero también donde más se registran conflictos por la tenencia del territorio. 

La actualización del plan de manejo del parque y el final del periodo de concesión ecoturística han incrementado el rifirrafe entre el Gobierno, los propietarios privados que tienen terrenos en ese lugar, y los indígenas, pescadores y campesinos asentados en la zona.  

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La licitación de los servicios ecoturísticos del Tayrona, así como del Vía Parque Isla de Salamanca, también ha ido incrementando la puja. Los indígenas aseguran que no fueron tenidos en cuenta y que el modelo de concesión favorecerá al operador, pues afirman que éste solo tendrá que invertir 6.000 millones de pesos en infraestructura durante los 23 años que dura la concesión y, a cambio, recibiría utilidades por el orden de entre los 400.000 millones a un billón de pesos solo por concepto de cobro de entradas. 

La directora de Parques Nacionales de Colombia, Julia Miranda, sostiene que comunidades fueron tenidas en cuenta en la planificación de la licitación y que con los pueblos indígenas realizaron, además, consultas previas y protocolizaciones. "Durante tres años, por ejemplo, nos reunimos con cuatro pueblos indígenas que hacen presencia en la zona y, junto a ellos, construimos el plan de manejo. Lo mismo hicimos para el tema de la licitación", dijo Miranda en su momento a Semana Sostenible. 

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Pero el inconformismo no cesa. A la solicitud realizada por el representante a la Cámara, José Caicedo, ante la Procuraduría General de la Nación, de suspender el proceso de licitación pública, mientras se adelanta un análisis más detallado de los trámites que se han efectuado por las partes implicadas, se suma ahora el requerimiento hecho por los indígenas del cabildo arhuaco Magdalena-La Guajira. 


El Parque Tayrona cuenta con más de 770 especies diferentes de plantas y 350 especies de algas. Foto: archivo/Semana. 

Danilo Villafañe, gobernador encargado de esa etnia, también pidió la suspensión de la concesión, pero además la construcción conjunta de una política pública de ecoturismo, que permita recuperar la gobernabilidad del lugar. 

El líder indígena considera injusto que mientras el operador que gane la licitación se llevará más del 80% de los recursos que produzca el parque, esas comunidades solo recibirán el 6,3%, pese a que ellos siempre han velado por cuidar de ese ecosistema. 

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"Proponemos que nos permitan desarrollar una estrategia en donde nosotros administremos los recursos y los podamos reinvertir en el parque, en prevención de su deterioro ambiental y la protección de cuencas hidrográficas para, de paso, garantizar agua potable a Santa Marta", mencionó Villafañe, quien afirmó que los pueblos indígenas no quieren que estos parques sean concesionados a un privado.  

Adicionalmente, el Gobierno tiene la tarea de sanear los predios existentes, pues 7.000 de las 12.000 hectáreas que conforman el parque pertenecen a privados y en las restantes viven cerca de 3.000 campesinos que no saben si sus terrenos serán comprados o serán reubicados. 

Parques Nacionales tiene previsto para el próximo 22 de noviembre cerrar el proceso de licitación y el 16 de diciembre adelantar la audiencia pública para la adjudicación del contrato.